DE CAL Y DE ARENA

"La reforma de la Constitución es una forma de distraer a la opinión pública de los temas importantes". Así lo expresaron varios analistas cuando Barco en enero lanzó la idea del plebiscito. Este argumento tomó fuerza en la medida que el gobierno no tenía un plan de reformas concreto.
Para el ministro de Gobierno, la situación era otra. Argumentó que el Ejecutivo no quería imponer un modelo, sino lograr un consenso democrático mediante la participación de los más amplios sectores en la elaboración del proyecto de reforma. En cierto tono defensivo, comentó con SEMANA días atrás --palabras más, palabras menos--que el problema en parte era la falta de costumbre ciudadana de participar. "Y cuando el gobierno llama a participar, entonces lo acusan de no tener ideas... pero si presentamos un proyecto, entonces nos van a decir... ¿Ven? ¿Ven? El gobierno nos quiere imponer su reforma... !".
En todo caso, los meses pasaron al vaivén de las discusiones sobre el procedimiento. Se firmó el Acuerdo de la Casa de Nariño que estableció la Comisión de Reajuste Institucional y un procedimiento extraordinario para avanzar en la elaboración de las reformas. Entusiastas ciudadanos, gremios y organizaciones acudieron al llamado público para exponer sus propuestas en comisiones que se instalaron en los recintos del Poder Legislativo...
Hasta que el Consejo de Estado sepultó el Acuerdo de la Casa de Nariño. Los social-conservadores, que se habían montado en el tren de la reforma, se desmontaron alegando que no promoverían ninguna acción por fuera del marco de la ley. Y vuelve y juega.
EL PARTO
El factor que precipitó el parto del primer borrador de temario, fue la decisión galanista de integrarse al Partido Liberal sobre la base de un acuerdo programático y legislativo. Entonces se sumaron las ideas, y se restaron las diferencias. Se aportaron algunos de los aspectos presentados durante el funcionamiento de las comisiones de Reforma Institucional, y se retomó la frustrada reforma de Turbay Ayala (1979).
Los constitucionalistas que habían elaborado proyectos anteriores fueron consultados de nuevo. Sus tesis resplandecen ahora con coherencia en el temario oficial. Carlos Restrepo Piedrahita logró incorporar, entre otros temas, su fórmula para readecuar la rama jurisdiccional. Carlos Sáchica aportó su tradicional insistencia en crear mas y más mecanismos de participación.
El 20 de mayo, el silencio se rompió. Barco anunció el acuerdo Galán-Durán. Ante los televidentes del viernes en la noche resumió el temario constitucional y legislativo acordado entre los dos políticos y el gobierno. Habemus proyecto.
MAQUILLAJE PARA LA CENTENARIA
SEMANA obtuvo el texto completo, hasta ahora inedito, en el que se basó Barco para presentar sus ideas a la nación. El folleto "Temas de Reforma Constitucional", tiene fecha del 20 de mayo y lo firman en su original Galán, Durán y Gaviria. (Ver cuadro)
De un primer análisis hecho en privado con constitucionalistas ajenos a la elaboración del original, el balance del proyecto es ambivalente. En primer lugar, surgieron las correspondientes críticas políticas. Augusto Hernández, del Instituto de Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, expresó que en su concepto el proyecto "presenta básicamente cambios formales sin que exista una voluntad política para aplicar las reformas que se anuncian".
Para él y otros juristas, el proyecto mantiene vivas expectativas de soluciones que, de concretarse, sólo se aplicarán en un período prolongado. Mientras tanto, los problemas inmediatos continúan, y el gobierno deja de actuar a la espera del nuevo marco constitucional. Genera una "cierta parálisis pública", ya que todo el mundo prefiere esperar a que se defina el panorama antes de hacer esfuerzos inútiles.
En fin. Aparte del argumento político, los juristas presentan sus reservas. Si bien aún no existe un texto con los artículos propuestos en donde se pueda analizar en conjunto lo que sería la nueva Constitución, el temario arroja luces que permiten vislumbrar el derrotero.
En esencia se maquilla la Constitución del 86, quitándole el lenguaje de la época, modernizando sus formulaciones. Incluso "parece que los redactores no hubieran leido el texto actual de la Constitución, porque repiten principios ya consagrados...", comentó otro constitucionalista.
Entre los temas que prometen debate clasifican fácilmente una docena. La Iglesia es la primera afectada. Aunque aún es incierto cómo será la redacción final, el proyecto oficial elimina el preámbulo en el que se convoca a Dios como fuente suprema de toda autoridad. Además la Iglesia Católica ya no será considerada como una base de la unidad nacional y no sera el catolicismo la religión oficial.
En su remplazo, con una sobredosis de romanticismo del XIX, se le cobra revancha a Núñez. Ya la soberanía no recaerá en la nación, sino en el pueblo. Este debate hoy no tiene mayor trascendencia. En el siglo pasado sí, porque la soberanía nacional era elitista y eliminaba la posibilidad de participación democrática a los ciudadanos menos aptos, según la doctrina de Emmanuel José Sieyes. Es decir, era una democracia para los de arriba únicamente. Rousseau, en cambio, desarrolló la doctrina de la soberanía popular en la que todos los ciudadanos debían y podían participar.
Los radicales liberales perdieron la batalla y desde entonces la soberanía colombiana es del gusto conservador del siglo pasado. Pero eso no ha sido obstáculo para aplicar cambios. Hoy la Constitución contempla en el régimen municipal la consulta popular y estableció mecanismos de participación directa que en otras épocas habrían sido inconstitucionales. La explicación radica en que la forma de modernizar la aplicación de los principios generales consagrados en las constituciones de los estados de derecho es a través de los jueces, de las Cortes.
En otros campos, existe la propuesta de que las utilidades que los empresarios obtengan las repartan con los trabajadores. No parece un principio del capitalismo ortodoxo, sino una innovación social-demócrata de difícil aceptación para los inversionistas, como SEMANA lo pudo comprobar cuando el Presidente lanzó su propuesta (ver SEMANA No. 305).
Se insiste en exceso en los derechos humanos, dando la impresión de que el país presenta un cuadro tradicionalmente grave de violaciones humanas. Y se prohibe la tortura, dando a entender erróneamente que hoy en día puede estar permitida. También la nueva fórmula para el estado de sitio y las facultades para establecer tributos a través de la Emergencia Económica (122) serán polémicos.
EL ESQUELETO DE LOS 90's
En cambio ha sido de buen recibo el esbozo de los principios de reforma del Legislativo, el Judicial y la reglamentación de los partidos. En general, el proyecto inspirado por Restrepo Piedrahita busca restaurarle el poder a los congresistas, al tiempo que establece un nuevo modus operandi para eliminar la pereza parlamentaria. Sin embargo, no menciona los Auxilios Parlamentarios, que fueron objeto de las mayores críticas en las comisiones preparatorias de la Reforma Institucional.
En ese sentido, el ansia de participación ciudadana buscada por el gobierno no se compadece con los escasos aspectos incorporados al proyecto presentado por Barco. Sólo contados elementos como el derecho a proteger el medio ambiente fueron retomados. En realidad, el eje de las reformas es el Acto Legislativo de 1979, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
El 20 de julio se espera que Barco presente el articulado final de la nueva Carta a consideración del Congreso. Pero entonces saltarán los enemigos ocultos de las reformas. Los mismos liberales preparan en este momento por lo menos otros cinco proyectos de reformas constitucionales. Los social-conservadores hacen lo propio, aprestándose a neutralizar la doctrina que inspira el paquete Barco-turbayista. En cualquier evento, requerirá mayoría de dos terceras partes del Congreso en dos legislaturas ordinarias. Para lograrlo habrá que transar. Y hay quienes piensan que, de ningún modo, el gobierno va a lograr hacerse aprobar el paquete completo.