DE LA PICOTA A MIAMI

La cosa va en serio. Tal vez picado por el golpe que le dio a su imagen internacional el escándalo de la narco-valija diplomática descubierta en Madrid, el gobierno colombiano extraditó el cinco de enero, en sorpresiva remesa aérea, a cuatro de los "extraditables" reclamados por tribunales norteamericanos. De la cárcel de la Picota fueron llevados en volandas a la base aérea de Catam, y allí empacados en un Hércules de la Fuerza Aérea que los depositó en Miami. Todo se hizo dentro del mayor secreto, para evitar un eventual y sangriento intento de rescate por parte de miembros del crimen organizado, dijo el ministro de Justicia, Enrique Parejo. Los extraditados no tuvieron tiempo siquiera de llevar consigo una muda de ropa.
Cuatro de un golpe. Las autoridades norteamericanas felicitaron al gobierno de Colombia como si se tratara del mismísimo Sastrecillo Valiente, que en los cuentos de hadas mataba gigantes por decenas "Una acción heroíca", dijo el Secretario de Justicia, William French Smith. "Un hecho significativo en el derecho internacional", elogió el Fiscal Federal Joseph Digenova. "Un hito, un gran paso adelante", aprobó complacido el portavoz del Departamento de Estado. Y los principales órganos de la prensa colombiana, por su parte, no vacilaron en calificar las extradiciones de "tremendo golpe a la mafia" y anunciaron que con ellas empezaba "el derrumbamiento de las mafias del narcotráfico".
Tal vez no sea para tanto. Ninguno de los cuatro extraditados es una de las figuras consideradas importantes en el mundo de la mafia. Se trata de Hernán Botero Moreno, dirigente deportivo y presidente del Atlético Nacional, solicitado por la justicia norteamericana fundamentalmente por operaciones de lavado de dólares (52 millones de dólares en diez meses); los hermanos Said Ricardo y Nayib Alberto Pabon Jatter, acusados de conspiración para importar y distribuir cocaína en los Estados Unidos, así como de conspiración para la distribución de los ingresos producidos por su venta; y Marco Fidel Cadavid Calle, reclamado por haber introducido hace dos años cerca de 800 kilos de cocaína. El gobierno sigue estudiando las solicitudes de extradición de otros 15 detenidos en Colombia. Pero de los 70 que reclaman los tribunales norteamericanos los peces más gordos, empezando por el representante suplente a la Cámara Pablo Escobar y por el pintoresco Carlos Enrique Lehder, se encuentran en paradero desconocido.
La decisión, pese a todo, tiene importancia histórica. De nada sirvieron las tentativas de amedrentamiento de la mafia del narcotráfico a los funcionarios colombianos -tentativas que cuajaron ya, no hay que olvidarlo, con el asesinato del ministro de Justicia Lara Bonilla, el primero que empezó a agitar en serio el fantasma de la extradición; ni las amenazas de represalias contra diplomáticos norteamericanos- que se concretaron en la bomba que estalló frente a la Embajada matando a una señora que no tenía nada que ver con el asunto y obligaron a viajar apresuradamente, sin siquiera despedirse, al embajador Lewis Tambs; ni, en el caso de Botero los amagos de un paro nacional de futbolistas organizado por los dirigentes deportivos; ni tampoco, finalmente, los esfuerzos de los abogados de los extraditables. Durante casi dos años, el gobierno de Belisario Betancur se esforzó por no aplicar el tratado de extradición que alegremente había firmado su predecesor, y que en opinión de connotados constitucionalistas no sólo está lleno de peligrosos huecos jurídicos, sino que es además abiertamente anti-constitucional en varios de sus aspectos. Más de una vez el propio Presidente expresó sus reservas, basadas en razones de soberanía nacional: no es habitual que un país entregue a sus propios nacionales para que sean juzgados por tribunales extranjeros. E inclusive el mismo día en que se llevó a cabo el traslado físico de los acusados a los Estados Unidos, el ministro de Justicia Enrique Parejo reiteró sus escrúpulos: "El paso que acaba de darse no ha sido fácil para el gobierno nacional por referirse a nacionales colombianos". Pero finalmente, a los ocho meses de que Betancur anunciara en el entierro de Rodrigo Lara Bonilla que "Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países" y después de que las solicitudes fueran estudiadas y aprobadas por la Corte Suprema y por el Presidente, Colombia los entregó.
Botero y los hermanos Pabón fueron llevados ante el Tribunal Federal de Miami el 1° de enero, en tanto que el cuarto de los extraditados Cadavid Calle, fue enviado a Washington, donde está radicado su expediente. Sus abogados iniciaron de inmediato diversas acciones y elevaron toda suerte de recursos. Diego Humberto Córdoba Córdoba, apoderado de los Pabón, anunció que presentará una demanda ante el Consejo de Estado por daños y perjuicios por valor de varios millones de pesos, alegando que el tratado no se ha cumplido a cabalidad: las resoluciones presidenciales de extradición no especifican categóricamente por cuáles delitos se extradita a sus clientes, existe una confusión de identidad en el caso de Nayib Ricardo, puesto que los norteamericanos piden a un hombre con los ojos cafés y éste los tiene verdes, y tampoco concuerdan los nombres ni los números de cédula y pasaporte. Además, sostiene el abogado, la única prueba contra los hermanos Pabón "es un testimonio de un señor Roberto Darias, un hombre muy sospechoso y con un récord delictivo muy grande, a quien no le aceptarían testimonio en ningún tribunal del mundo". En cuanto a los defensores de Hernán Botero, Gerrnán Sarmiento Palacio y Ernesto Michelsen Caballero, señalan por una parte que no se respetaron los plazos que el Tratado dispone para la entrega de la persona reclamada, "que legal y lógicamente tienen que ser notificados al interesado" para que pueda preparar su adecuada defensa, y por otra que el que su defendido haya sido "sometido a una legislación menos favorable en lo penal (que la colombiana) viola nuestra Constitución". Finalmente, todos han protestado por el trato físico recibido por los acusados, "confinados en celdas solitarias donde difícilmente logran moverse".
Entre tanto, también en España avanzaban los trámites para la extradición a Estados Unidos de colombianos acusados de delitos relacionados con el narcotráfico. Un Consejo de Ministros presididos por Felipe Gonzalez aprobó la entrega de Jorge Luis Ochoa Vázquez y Gilberto Rodríguez Orejuela, detenidos desde mediados de noviembre en Madrid. La rapidez de la decisión se debió a que España teme convertirse en una cabeza de puente para la expansión en Europa de la mafia colombiana de la coca: ya hay allí cerca de un centenar de colombianos presos por ese motivo, y la persecución que los principales capos sufren ahora en Colombia, unida a la facilidad del idioma y a la habitual inefectividad de las leyes españolas sobre extradición, hacen temer a las autoridades de Madrid que muy pronto la situación sea incontrolable. Pero falta todavía la decisión de la Audiencia Nacional, que tiene noventa días para tomarla, y además los abogados defensores de Ochoa y Rodríguez interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal Territorial, que aceptó vicios en el proceso.
El caso español, desde luego, es muy diferentre: los extraditables no son españoles, sino extranjeros, de manera que en ningún caso se plantean problemas de soberanía. Estos en cambio, seguirán siendo tema de discusión en Colombia, aun cuando para los ya extraditados eso no pase de tener un interés académico, puesto que no existen mecanismos jurídicos internacionales para que sean devueltos a Colombia si llega a prosperar la demanda de nulidad interpuesta por sus defensores. Y en cada caso, la responsabilidad de la decisión final recaerá sobre el Presidente Betancur. El cual, pese a la entrega de los Pabón, de Botero y de Cadavid, no las tiene todas consigo. Al parecer, habia declarado a sus íntimos que no pensaba entegar a ningún colombiano mientras las autoridades de los Estados Unidos no hicieran lo propio con alguno de los ciudadanos norteamericanos que la justicia de Colombia reclama -porque, en fin de cuentas el Tratado de Extradición juega en los dos sentidos. Por eso no están muy claras las razones del intempestivo cambio de actitud del Presidente, y sobre él existen tres versiones: que lo movió la irritación producida por las declaraciones del jefe del M-19, Iván Marino Ospina, incitando a la mafia a cumplir sus amenazas contra los funcionarios norteamericanos; que hubo presiones de la Casa Blanca, muy molesta por la precipitada fuga que tuvo que emprender su embajador Tambs, y finalmente, como ya se señaló, que el caso de la narco-valija llenó al Presidente de bochorno patriótico. Sean cuales sean sus razones, lo cierto es que es tan alto el número de extraditables solicitados por los Estados Unidos que en lo que le queda de mandato el Presidente no va a tener tiempo para pensar en ninguna otra cosa. O tendrá que empezar a madrugar todavía más.