"El procurador acusa!", titularon El Tiempo y El Espectador su primera página del sábado pasado, al día siguiente de que el procurador convocara a una rueda de prensa, ampliamente difundida por los noticieros de radio y televisión. Sin embargo, cuando los lectores se lanzaron vorazmente en busca de espectaculares acusaciones, fueron descubriendo, para desilusión de algunos, que la novedad consistía más en la actitud de la Procuraduría que en el contenido mismo de las revelaciones. No es que las acusaciones fueran pocas o poco graves. Constituían más que las chivas que se podían anticipar por la forma como fuera divulgada la noticia, un resumen de irregularidades con las cuales la opinión pública ya estaba familiarizada.
Para empezar, las denuncias incluían múltiples abusos de los considerados clientelistas en las administraciones departamentales, incluyendo los tradicionales chanchullos en loterías y licoreras. Lo que más llamó la atención fue el dramático caso del departamento de Caldas en donde se había llegado a excesos alarmantes.
En cuanto al sector financiero, que era el que más interés despertaba, los principales acusados fueron el ex superintendente bancario, Francisco Morris, y el ex contralor, Aníbal Martínez Zuleta. En el caso de la Superintendencia se confirma el exceso de familiaridad de ésta con las entidades bajo su supervisión, en particular con los bancos con los bancos Nacional y del Estado que les otorgaban préstamos, regalos y prebendas a los funcionarios encargados de vigilarlos, en abierta contradicción con las normas. En lo que se refiere a Morris personalmente, además de los cargos de inercia y negligencia ya formulados en múltiples ocasiones, figura el de haber autorizado, contra el concepto de su asesor, una inversión de 300 millones de pesos, por parte del grupo Correa, para comprar el Banco Perrine de Miami, a sabiendas de que ese grupo estaba incurriendo en serias contravenciones de los reglamentos.
La más polémica de las revelaciones fue la relacionada con la de cuentas corrientes abiertas por funcionarios oficiales en bancos privados. La mayoría de éstas se concentraban también en los bancos Nacional y del Estado en donde, en palabras del mismo procurador, "se envolataron" dos mil millones de pesos de los contribuyentes. El acusado central en este caso es el ex contralor Martínez Zuleta quien en el pliego, aparece como el responsable de haber autorizado la apertura de muchas de esas cuentas, lo que tendría expresa prohibición legal. Según el procurador, los funcionarios deshonestos se peleaban por ellas en lo que él calificó como "tráfico de comisiones". Dentro de estos casos el más grave sería el del asistente de Martínez Zuleta, Ismael Contreras Príncipe, acusado de tener cuentas corrientes, donde consignaba comisiones bajo el falso nombre de Julio Cometa, en varios bancos de Bogotá.
La Procuraduría abrió pliego de cargos contra todos aquellos funcionarios de las distintas dependencias oficiales que colocaron sus recursos en bancos privados. Sin duda alguna, hubo ofensivas de relaciones públicas de las mencionadas entidades en busca de cuentas oficiales que podrían haber estado acompañadas de ilícitos, pero este punto es más complejo de lo que a simple vista parece y encierra tecnicismos de orden jurídico. Para comenzar, el decreto que prohibe este tipo de manejo de recursos es el 1280 de junio de 1982 y muchas de las cuentas mencionadas se abrieron en épocas anteriores. Sin embargo, este decreto cubre solamente el manejo de los dineros recibidos como aportes o transferencias del presupuesto nacional, pero no el de los recursos propios de las entidades oficiales, como consta en carta del 14 de junio de 1982, enviada por el entonces ministro de Hacienda, Eduardo Wiesner, al también entonces presidente del Banco del Estado, Jaime Mosquera. Por su parte, Martínez Zuleta argumenta que, como Contralor, no podía autorizar cuentas y que éso era de competencia de la Tesorería General de la República.
Tal vez la chiva la constituyó la denuncia de la existencia de un INCOMEX paralelo que amparaba con documentos la importación ilegal de vehículos en un volumen tal que no había despertado sospechas.
En su primera salida en público, el procurador parece haber confirmado su decisión expresa de utilizar la Procuraduría para establecer "una sanción moral y social", independientemente de la sanción legal. No hay ninguna duda sobre el hecho de que esta actitud constituirá un freno a las prácticas ilegables que habían venido extendiéndose y aceptándose gradualmente. Sin embargo, la forma de hacer los cargos tuvo el defecto de mezclar acusaciones muy graves con acusaciones insignificantes sin establecer una jerarquía, lo cual explica la polémica que se ha suscitado.