Debate de árbitro

El mundillo jurídico nacional y el negocio de las telecomunicaciones entraron en shock la semana pasada. Una sentencia proferida por una sala de revisión de la Corte Constitucional tumbó un laudo de un tribunal de arbitramento en un pleito por 230.000 millones de pesos que sostienen desde hace siete años la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) y Movistar.

Mientras la ETB celebraba el triunfo jurídico, expertos abogados pusieron el grito en el cielo: "Se puso en juego la estabilidad jurídica del país", dijeron.

La historia es larga y compleja. En 2002, para dirimir una controversia económica entre la ETB y Movistar, las partes acudieron a un tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá que en su fallo ordenó sancionar a la ETB con 230.000 millones de pesos por considerar que había incumplido en el contrato a Movistar.

La Empresa de Teléfonos de Bogotá no quedó conforme con la decisión y pidió la nulidad del fallo arbitral ante el Consejo de Estado, e instauró dos acciones de tutela, tanto ante el contencioso administrativo como ante el Consejo Superior de la Judicatura. La decisión sobre la nulidad aún está pendiente, mientras que las tutelas fueron rechazadas. Sin embargo, la Corte Constitucional seleccionó dichas tutelas para revisión y la sala primera acaba de tumbar el laudo arbitral y exonerar a la ETB de pagar la millonaria multa.

El hecho encendió la polémica entre los juristas que consideran que la tutela no es un mecanismo para tumbar un laudo arbitral. Los laudos sólo se pueden declarar nulos por el Consejo de Estado y exclusivamente por temas procedimentales y no de fondo.

Pero para la ETB es evidente que en este caso hubo errores flagrantes en el tribunal de arbitramento y esa posición fue avalada por la sala de revisión de la Corte. Entre los errores más sobresalientes están, según la sala de revisión, que el fallo se tomó con base en una norma derogada y que se omitieron varias instancias en el proceso de negociación entre las partes.

El asunto se dilatará, pues Movistar acudió a la sala plena de la Corte Constitucional en espera de que anule la sentencia. Y hasta el momento, el alto tribunal en sala plena nunca ha tumbado un laudo por tutela.

Un caso similar que también encendió las alarmas entre los juristas ocurrió en 2004, en el Valle del Cauca, con la concesión de Conciviles, cuando el gobernador de entonces, Angelino Garzón, impugnó un fallo de un tribunal arbitramento que condenó a su departamento a pagar 20.000 millones de pesos. Una sala de la Corte Constitucional echó para atrás la decisión arbitral, pero los damnificados pidieron a la sala plena de la Corte anular la sentencia y, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda, se les devolvió la razón. No había forma de anular el caso ya resuelto por los árbitros.

En todo caso, la discusión está al rojo vivo. Para el ex ministro de Justicia Néstor Humberto Martínez Neira, el asunto es muy grave y sus consecuencias no se han dimensionado. Señaló que para escapar a la inseguridad jurídica que se está gestando en Colombia, en donde los tribunales de arbitramento se están yendo hasta cinco instancias, los inversionistas extranjeros no volverán a pactar árbitros en el país y todo quedará en manos de los extranjeros. "El país líder en arbitraje en América Latina ha sido Colombia y ahora pareciera que a esta figura se le está dando el puntillazo final", dijo un árbitro.

Sin embargo, hay quienes piensan que la situación no es tan grave. "Para mí suena exagerado pensar que el mecanismo de los tribunales de arbitramento esté en peligro por lo que acaba de suceder", le dijo a SEMANA un magistrado cercano al caso.

Quienes no ven amenazada la justicia arbitral señalan que ésta debería ser sometida a revisión porque también se puede equivocar.

Es claro que la Corte Constitucional deberá tener en cuenta todos estos argumentos para decidir. El tema es bien complejo no sólo por su componente técnico, sino por las implicaciones comerciales y empresariales. Están en juego millonarios recursos de estas dos grandes empresas de telecomunicaciones, pero, sobre todo, el futuro mismo del sector.

Además, queda demostrado que las controversias económicas entre particulares o entre estos y el Estado siguen suscitando discusión en Colombia y que, como en el pasado, se vuelven pleitos interminables.