El Gobierno anunció la expedición del decreto 830 del 26 de julio de 2021 mediante el cual modifica y complementa el ya existente desde 2016, que organiza la lista de personas en cargos públicos con alto riesgo de corrupción o lavado de activos, llamado Personas Expuestas Políticamente.
De acuerdo con la información del diario El Tiempo, el decreto inicialmente solo cobijaba al presidente de la República, magistrados de las altas cortes, gobernadores, alcaldes, notarios y al fiscal general, entre otros, pero ahora hubo una ampliación de la lista.
La razón por la cual se tomó la decisión de ampliar el listado obedece a las exigencias que ha hecho la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde), dentro de los lineamientos de lucha contra el soborno en los países.
Además, también se incluyeron en este nuevo decreto los funcionarios públicos con otras nacionalidades, que se encontraban por fuera del listado.
De acuerdo con los datos obtenidos por la empresa consultora en prevención de lavado de activos Infolat, y registrada por el diario El Tiempo, con este nuevo decreto el número de cargos públicos nacionales y extranjeros con alto riesgo de corrupción pasó de 35.000 a más de 50.000.
Según la información de la consultora, se incluyeron embajadores, encargados de negocios, congresistas en el extranjero, funcionarios de las Fuerzas Armadas, representantes legales y/o directores y subdirectores miembros de juntas directivas de organizaciones internacionales, oficiales y suboficiales facultados para ordenar gasto o comprometer recursos de las instituciones públicas y a directores y subdirectores de departamentos administrativos de la Presidencia.
Igualmente, se incluyeron en la lista a ordenadores del gasto de corporaciones autónomas regionales, tesoreros y ordenadores del gasto de altas cortes y tribunales y ordenadores del gasto de la Fiscalía General de Nación, directores de la Fiscalía General, ordenadores del gasto de Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contaduría y Auditoría General, los notarios y curadores urbanos y los ordenadores del gasto de universidades públicas.
Más exigencias
Además de las exigencias de revelar las cuentas en el exterior, las Personas Expuestas Políticamente también tendrán que declarar los nombres e identificación de las personas con las que tienen una sociedad conyugal, sea de hecho o de derecho.
Los funcionarios públicos tendrán que entregar nombre, número de identificación de los familiares hasta en segundo grado de consanguinidad tanto primero afinidad como primero civil.
Además, el decreto también afirma que las PEP deben declarar si cuentan con los llamados patrimonios autónomos o fiducias.
Según la información del diario, la información se entregará en el Sistema de Gestión de Empleo Público, SIGEP, en la condición de Personas Expuestas Políticamente.
De acuerdo con el decreto, solo las instituciones financieras serán las que podrán tener acceso a dicha información para poder fortalecer los controles en la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y la financiación del terrorismo.
Vale la pena destacar que las Personas Expuestas Políticamente, de acuerdo con la Función Pública, se describen como a quien se le ha confiado una responsabilidad pública prominente.
Según la disposición, las personas antes indicadas como PEP tienen la obligación de informar su cargo, fecha de vinculación y de desvinculación cuando sea solicitado en los procesos de vinculación, debida diligencia, actualización anual y conocimiento del cliente, efectuado por los sujetos obligados al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Los cargos se encuentran detallados en el decreto.