“El gobierno central es indolente ante la situación de Chocó”

Dos meses han pasado desde cuando se declaró la crisis de derechos humanos en Chocó. Numerosos organismos del Estado, así como medios de comunicación, hicieron todo tipo de anuncios y alertaron al país sobre la difícil situación del agobiado departamento. 

Junto con los anuncios, la Defensoría del Pueblo consideró pertinente instalarse durante esta semana en Quibdó para constatar lo que allí ocurre en materias de orden público, crisis carcelaria, desplazamiento forzado, homicidios, minería, en fin, toda la tragedia de derechos humanos (lea sobre la crisis y por qué se declaró).

El defensor Jorge Armando Otálora en efecto fue, instaló su despacho, consolidó cifras, habló con afectados, autoridades y medios de comunicación para dar un informe final de su prolongada visita. 

Con un mes de anticipación, invitó a las autoridades nacionales los Ministerio del Interior, el de Minas y el de Salud porque, como bien se sabe, la Defensoría no puede resolver sola la problemática regional. 

Pero el cierre de la visita no fue el que esperaba el defensor. Para su sorpresa, sus invitados de honor, entre ellos Juan Fernando Cristo, ministro del Interior; Alejandro Gaviria, ministro de Salud, y Tomás González, ministro de Minas, nunca llegaron y enviaron a los viceministros. Por eso el país conoció este jueves a través de los medios un duro pronunciamiento en el que Otálora incluso advirtió denuncias penales contra altos funcionarios por su no asistencia, es decir, por no atender el llamado a las necesidades de un pueblo.