La Procuraduría General de la Nación se abstuvo de investigar a la defensora del Pueblo, Iris Marín, a raíz de una queja disciplinaria que le interpuso el ministro del Interior, Armando Benedetti, por unas declaraciones que dio sobre la supuesta agresión a su pareja en España.
Todo inició el 27 de noviembre de 2024, cuando la defensora Marín dijo en una entrevista que la grave denuncia de presunta violencia intrafamiliar de Benedetti contra su pareja, eran “comportamientos que podría acercarse a un intento de feminicidio, por lo menos, una agresión física”.
Meses después, el 24 de febrero de 2025, en medio de la presentación del informe anual de la ONU sobre Derechos Humanos en Colombia, Marín aseguró que “no es una decisión conveniente ni respetuosa de los riesgos en derechos humanos y de violencia contra la mujer. Tener un funcionario que tiene estas acusaciones tan serias, no solo de violencia de género, sino también de corrupción. Si efectivamente es nombrado ministro, la Defensoría del Pueblo articulará con el funcionario que esté a cargo, manteniendo su posición sobre su nombramiento”.
Esas declaraciones provocaron la reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien le radicó una queja disciplinaria a la defensora del Pueblo, al considerar que sus palabras habrían terminado en injuria y calumnia.
Sin embargo, la Procuraduría consideró que las expresiones realizadas por Iris Marín “no se consideran injuriosas y calumniosas”, teniendo en cuenta que sobre ese capítulo existía información pública como la denuncia de la entonces directora del Dapre, Laura Sarabia, contra Benedetti en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Así mismo, era de público conocimiento la presunta agresión que habría sufrido su esposa en España, cuando Armando Benedetti era embajador de Colombia ante la FAO.
“Señaló la Defensora del Pueblo, que el señor Benedetti, tenía acusaciones serías, no solo de violencia de género, sino también de corrupción, lo que denota que sus apreciaciones fueron realizadas con ocasión de las investigaciones adelantadas en contra del funcionario, y que han sido de público conocimiento”, dice la decisión de la Procuraduría.
La decisión advierte que no hay evidencia de que exista “imputación falsa de una conducta delictiva”, pues las declaraciones de Iris Marín se dieron cuando la información era pública, y de hecho, hasta la misma Sala de Instrucción de la Corte Suprema, envió a juicio a Benedetti por el escándalo de Fonade.
Esta es una nueva derrota para el ministro del Interior, Armando Benedetti, y las múltiples investigaciones que siguen avanzando en su contra tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Procuraduría General de la Nación.
