Home

Nación

Artículo

Grupos armados estarían patrullando las montañas aledañas al valle del Cocora, en Quindío, para "proteger" predios privados, según denunció el ambientalista Néstor Ocampo.
Una difícil situación viven los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que ejercen su labor en el Magdalena Medio, debido a las amenazas e intimidaciones que ejercen grupos armados ilegales. - Foto: Revista Semana

nación

Defensoría advierte sobre amenazas a líderes y defensores de DD. HH. del Magdalena Medio

Son tres municipios de Santander y uno de Antioquia donde se registran amenazas e intimidaciones de los grupos armados ilegales y delincuenciales por mantener el control de las economías ilegales.

Una difícil situación viven los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que ejercen su labor en el Magdalena Medio, debido a las amenazas e intimidaciones que ejercen grupos armados ilegales.

Así lo advirtió este miércoles la Defensoría del Pueblo al emitir la Alerta Temprana 027 del 2022, en la que señaló que las amenazas a los líderes sociales, ambientales y comunales y, defensoras de derechos humanos, además de las intimidaciones a la población civil, son los riesgos a las vulneraciones de los derechos humanos que deben enfrentar estos sectores.

Según el organismo, las seccionales se establecieron que existe alto riesgo para las comunidades y líderes de los municipios de Barrancabermeja, Simacota y Puerto Wilches en Santander y en Yondó, Antioquia.

Indicó que en esta zona existe un proceso de expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ELN y disidencias de las Farc.

La Defensoría señaló que a este escenario se suma la presencia grupos de delincuencia organizada que controlan el narcotráfico y las rentas criminales en zonas vulnerables, lo que ha incrementado la violencia.

Insistió en que las amenazas e intimidaciones obedecen a la lógica de los grupos armados ilegales y delincuenciales de mantener el control e intentar persuadir, de manera violenta, a los líderes que denuncian actividades ilícitas de estos grupos ilegales.

Igualmente, señaló que los actores armados también estarían tratando de incidir o cooptar las labores comunitarias que adelantan las juntas de acción comunal o juntas de vivienda.

“Hemos emitido 31 recomendaciones a distintas autoridades civiles y a la fuerza pública para que, bajo un enfoque de seguridad humana y garantía de los derechos de las comunidades, adelanten acciones de prevención y disuasión del contexto de amenaza y de esta manera garantizar la vida y bienestar de las personas que habitan estos territorios”, señaló el titular de ese despacho Carlos Camargo.

Se denunciaron enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc
La Defensoría señaló que existe alto riesgo para las comunidades y líderes de los municipios de Barrancabermeja, Simacota y Puerto Wilches en Santander y en Yondó, Antioquia, por amenazas de grupos armados ilegales. - Foto: Getty Images / Ernesto Tereñes

En una de las recomendaciones, la entidad pidió al Ministerio del Interior, que es el encargado de ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), apoyar la coordinación de la respuesta estatal en materia de prevención y protección por parte de las autoridades.

“A los grupos armados ilegales les reitero la necesidad manifiesta por los colombianos de vivir en paz; por eso resulta fundamental que cesen todas las acciones que afectan a la población civil y que muestran verdaderos gestos de paz”, puntualizó Camargo.

Situación en San Andrés

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 028 del 2022, que muestra una compleja radiografía de lo que pasa en la isla de San Andrés, en particular para los menores de edad.

En el documento se reveló el fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado locales y regionales que se encuentran al servicio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo, la persistencia de la estructura armada Los Rastrojos y la tercerización de grupos delincuenciales locales tales como la banda de Los Pusey o La Fortaleza que mantienen su injerencia en el Archipiélago.

Señaló que estos grupos armados se enfrentan por el manejo de economías ilegales, lo que ha generado un incremento exacerbado de los homicidios.

“Con los impactos de la pandemia por la covid-19 y el paso de Huracán Iota, entre otros factores, se registró un aumento alarmante de la violencia homicida en San Andrés, durante 2020 el número de homicidios ascendió a 38 y en 2021 a 37, lo cual superó por mucho, las cifras del año 2019 (21 homicidios). En los primeros 7 meses de 2022 se han registrado 11 homicidios”, indicó.

Según la entidad, niños, los adolescentes y jóvenes son los más afectados, ya que son utilizados para las labores de transporte de drogas y también son instrumentalizados para el sicariato, el cobro extorsivo, las amenazas y los hurtos.

La comunidad también ha denunciado cada vez más casos de violencia y explotación sexual comercial de mujeres, niñas y niños y adolescentes raizales que están relacionados con el turismo y las condiciones de pobreza de las víctimas. Otra expresión de violencia que detectó la Alerta Temprana es el tráfico ilegal de migrantes, que es manejado por organizaciones ilegales.

Los líderes sociales, comunitarios y personas defensoras de los derechos humanos también están en riesgo. El monitoreo detectó agresiones contra líderes que realizan actividades de veeduría ciudadana y denuncia pública por corrupción. También se detectó que se afecta el trabajo comunitario por las amenazas de las bandas criminales.

Dentro de las recomendaciones de la Alerta Temprana está diseñar una estrategia de fortalecimiento de la interlocución con la población raizal, capacitar a miembros de instituciones para que persigan los delitos relacionados con los fenómenos de trata de personas y tráfico de migrantes.

A esto se suma la atención y reparación integral a las víctimas y acciones de prevención para que los adolescentes y jóvenes no entren a los grupos armados y delincuenciales.