Defensoría del Pueblo había pedido medidas urgentes para Tumaco

Hay "riesgo de enfrentamientos en medio de la población civil, homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, extorsión, accidentes con minas antipersonal, limitaciones a la movilidad en el municipio Tumaco, por la presencia de grupos armados ilegales y la acción de grupos de delincuencia organizada".

Esa es la contundente frase con la que arranca el informe de la Defensoría del Pueblo con la que se habría podido evitar la muerte de José Jair Cortés. Este martes, el líder social del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera fue asesinado.

Para la entidad defensora de Derechos Humanos, los hechos se habrían podido evitar. ¿La razón? Después de la masacre donde fueron asesinadas seis personas el pasado ocho de octubre, se solicitaron medidas de protección para los miembros del consejo comunitario de esta zona del convulso municipio.

De acuerdo con el informe de riesgo, no todos los miembros de las Farc que se concentraron en los puntos de Policarpa y Tumaco se acogieron al acuerdo de paz, y por el contrario, se fueron a conformar y fortalecer grupos armados ilegales o de delincuencia organizada.

"En el área de las cuencas de los ríos Mira, Nulpe y Mataje, Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera y algunos Resguardos indígenas del Pueblo Awá, ha surgido un grupo armado ilegal integrado por excombatientes de las Farc y otras personas asociadas a bandas de narcotraficantes, en especial jóvenes entre los 15 y 25 años de edad, el cual se ha denominado Guerrillas Campesinas del Norte", se lee en el documento.

Las personas de las zonas donde opera el grupo armado se habrían visto sometidas a reglamentos y sanciones en caso de que violen los mandatos. Obligan a los líderes de juntas comunales a difundir la obediencia a las reglas impuestas en un reglamento, y a transmitir a las personas que consideran foráneas o contrarias a sus intereses a desplazarse de manera forzada de la región. Han amenazado a integrantes del Consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, menoscabando su autonomía, territorio y cultura.

En otro apartado, se detalla que las Guerrillas Campesinas del Norte someten a los pobladores al pago de extorsiones sobre actividades lícitas o ilícitas. Igualmente, imponen el precio de la pasta de coca, la cual también comercializan con bandas de narcotraficantes. Los réditos derivados del cobro ha fortalecido sus finanzas.

"Se puede deducir el fortalecimiento militar de las Guerrillas Campesinas del Norte quienes tienen la capacidad de enfrentarse a la Fuerza Pública o a otras estructuras armadas ilegales o de delincuencia organizada. Además, con el fin de limitar la acción de la Fuerza Pública, han minado algunos territorios para favorecer su presencia y acción delincuencial y militar", concluyó la Defensoría después de solicitar esclarecimiento de los hechos.