DELINCUENTES A LA CALLE

EN LA FISCALIA GENERAL de la Nación, para la mayoría de los funcionarios la pasada fue una semana de afanes. En virtud del vencimiento de los plazos que otorga la ley 81 de 1993 -que fijó un lapso de cuatro meses para calificar los procesos en los cuales haya sindicados con más de 180 días de detención efectiva- miles de presos vinculados a la guerrilla y al narcoterrorismo podrían ser excarcelados.
La escena es idéntica a la que se dio hace un año, y esta, a su vez, a la que originó la declaratoria de conmoción interior en julio de 1992. En ese año la amenaza de excarcelación se debía a la existencia de un limbo jurídico como resultado de la transición constitucional. Un año después, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible un artículo que contemplaba las causales de libertad provisional para los delitos relacionados con el orden público, el número de delincuentes que iba a quedar en libertad se multiplicó por tres. En ambos casos, la medicina aplicada fue un decreto de conmoción interior.
Sin embargo, esta vez el riesgo de una excarcelación masiva se presenta en condiciones totalmente diferentes a las anteriores. En 1992, el fiscal general Gustavo de Greiff fue quien alertó al presidente César Gaviria sobre la amenaza de que miles de presos quedaran en libertad, y ambos acordaron solucionar el impasse con un decreto de conmoción. Esta vez, las cosas se produjeron de manera muy distinta. Los encargados de dar la alerta fueron el procurador Carlos Gustavo Arrieta y el gobierno, que le advirtieron al Fiscal sobre lo que podría suceder este lunes. Y en lugar de que todos a una salieran a buscar una solución, en vez de la colaboración armónica de los poderes de que habla la Constitución, lo que se dio fue una verdadera guerra destemplada de declaraciones, en un nuevo capítulo de la ya bastante aguda confrontación entre el Fiscal y el gobierno.
El ministro de Defensa, Rafael Pardo, reflejó durante una rueda de prensa el dolor que sentirían los miembros de las Fuerzas Armadas por ver salir libres, por cuenta del atraso de las autoridades judiciales en estos procesos, a quienes con tanta dificultad y sacrificio han logrado poner tras las rejas.
Las cosas no pararon ahí. Las declaraciones del Ministro de Defensa levantaron ampolla en la Fiscalía, y ésta, a su vez, declaró que "no se trata de jefes ni de miembros de los carteles ni de comandantes guerrilleros, ni de terroristas, sino de delincuentes menores acusados de porte ilegal de armas y de delitos menores de narcotráfico", lo cual indignó más al gobierno. Como dijo una fuente del gabinete "es como si se considerara de poca monta que queden libres miembros de la misma guerrilla que secuestra y asesina". Trascendió que en las tensas entrevistas que sostuvieron funcionarios del gobierno y la Fiscalía a propósito del asunto, el órgano judicial argumentó que a esta situación se había llegado por falta de pruebas. "¿Dónde están las pruebas?", preguntó un alto funcionario de la Fiscalía a uno del gobierno. "Es que justamente la Fiscalía está para buscar esas pruebas", respondió el funcionario del Ejecutivo.
En realidad, la Fiscalía era consciente desde hace varias semanas del riesgo que corría. Por esa razón había puesto a correr a los fiscales, con el fin de que trataran de consolidar la mayor cantidad de procesos. El corre-corre surtió ciertos efectos. Es así como fueron llamados a juicio algunos peligrosos delincuentes que podían haber salido beneficiados del vencimiento de los términos, tales como el jefe guerrillero Gerardo Bermúdez, alias 'Francisco Galán'.
Sin embargo, al cierre de esta edición, las medidas adoptadas por la Fiscalía parecían no bastar. El último día hábil antes del vencimiento de los términos, el Fiscal General envió una carta al Presidente de la República en la cual afirmó que "en esta oportunidad sí prosperarán algunas solicitudes de libertad, imputables muchas de ellas a fenómenos que estructuralmente afectan a la administración de justicia", y señaló que estimaba que cerca de 850 presos podrían obtener libertad provisional.
Ya para ese entonces, y ante la inminencia de una excarcelación masiva, el Fiscal, quien en numerosas oportunidades había manifestado que no estaba de acuerdo con la declaratoria de Conmoción Interior, bajó la guardia y pidió cacao. Al final de su informe al presidente Gaviria, el Fiscal le advirtió al gobierno sobre las consecuencias que la excarcelación pudiera tener sobre el orden público, e insinuó a Gaviria que "adopte las medidas que estime necesarias".
La respuesta del Presidente fue fulminante. No sólo reprochó al Fiscal el haber hecho llegar la información a último momento y cerrar de este modo el camino para encontrar una solución legislativa al peligro de excarcelación, sino que, además, en una actitud que muchos observadores interpretaron como un jalón de orejas a la soberbia de De Greiff, el Presidente acusó a la Fiscalía de haber manifestado en varias oportunidades su desacuerdo con la declaratoria de Conmoción Interior. "La Fiscalía pareciera no ver en esta encrucijada los enormes peligros que adviritió en el pasado", señaló el Presidente en su carta, al tiempo que veladamente reprochaba al Fiscal el no haber pedido la colaboración del gobierno y no haber sabido informarle si la Fiscalía dispone o no de facultades ordinarias para conjurar el peligro.
Al cierre de esta edición, aún cabía la posibilidad de que esta semana salieran de las cárceles centenares si no miles de detenidos de la guerrilla y el narcoterrorismo, algo especialmente delicado para la imagen de la Fiscalía, sobre todo si se toma en cuenta que el que menos tiempo lleva detenido ha pasado tras las rejas 300 días sin que se le acuse. Y aún más grave si se considera que el propio Fiscal había declarado ante la Cámara de Representantes, en octubre pasado, que había llegado a la conclusión, después de un minucioso estudio de los expedientes, de que "aun cuando los términos no son los ideales, podremos cumplir la misión en esos plazos". Y ya las excusas imputables a "fenómenos que afectan estructuralmente a la administración de justicia en general" parecen no ser suficientes. En 1992, cuando el gobierno decretó la Conmoción Interior, esa institución apenas comenzaba a operar y no podía, por ello mismo, ser señalada como responsable. Pero esta vez han pasado más de dos años y muchos dirán que ya es hora de que la Fiscalía haya hecho su trabajo.