DELITO DE OPINION

El jueves de la semana pasada, cuando tomaba fuerza el rumor de la inminente liberación del representante a la Cámara por Caquetá Rodrigo Turbay Cote, el país fue sorprendido por el asesinato del gobernador de ese departamento, Jesús Angel González Arias, por parte de las Farc. De acuerdo con versiones militares, el asesinato habría sido cometido por militantes del XV frente de esa organización guerrillera que opera en la zona. En recientes intervenciones públicas González había sido particularmente duro con algunos concejales que se oponían a las medidas gobierno nacional en materia de orden público, pero que no habían condenado con la misma vehemencia las prácticas intimidatorias de la guerrilla: "Así como rechazan las medidas del gobierno para que se preserve el orden público en el Caquetá, también deben rechazar enfáticamente las prácticas ilícitas que está utilizando la guerrilla para extorsionar y boletear a los diferentes comerciantes y personas de bien de este departamento". Con ese discurso pronunciado recientemente González habría firmado su sentencia de muerte. El asesinato del gobernador ocurrió en momentos en que el funcionario se dirigía al municipio de Cartagena del Chairá, al parecer, con el fin de gestionar la liberación de su amigo y copartidario Rodrigo Turbay Cote. El gobernador habría sido interceptado junto con su conductor, Orlando Guzmán, en la vereda Galicia, municipio de El Paujil, muy cerca del sitio donde el 16 de junio de 1995 las Farc secuestraran a Turbay Cote. De acuerdo con versiones oficiales, la razón del asesinato del gobernador sería su aprobación y respaldo a la propuesta del gobierno de convertir al Caquetá en una de las primeras Zonas Especiales de Orden Público, creadas con el fin de combatir a la guerrilla en aquellas regiones donde hay mayor presencia de frentes subversivos y de grupos de narcotraficantes. González había dicho en muchas ocasiones que el gobierno estaba en mora de convertir a todo el departamento en Zona Especial de Orden Público. Voceros oficiales dijeron a SEMANA que, en caso de concretarse la propuesta del gobierno, uno de los grupos de delincuentes más afectados serían las Farc puesto que, de acuerdo con un alto mando militar que opera en la zona, cada uno de los frentes guerrilleros del Caquetá mueve al año entre 20.000 y 25.000 millones de pesos por el cultivo y tráfico de cocaína. Los 11 frentes del bloque sur de las Farc que operan en ese departamento estarían moviendo al año cerca de 275.000 millones de pesos. "Al establecerse la Zona Especial de Orden Público las Farc sufrirían un duro golpe a sus finanzas", dijo el oficial. Las Farc también verían afectados sus ingresos por el hecho de que dejarían de utilizar las múltiples pistas clandestinas que hay en el departamento y que son empleadas por los narcotraficantes para el despegue y aterrizaje de aeronaves. Las Farc estarían cobrando tres millones de pesos por autorizar la utilización de dichas pistas. Además, según la fuente militar, esa organización guerrillera cobra 200.000 pesos de multa a los campesinos por cada hectárea cultivada de hoja de coca que sobrepase el máximo autorizado por los guerrilleros, que es de cuatro hectáreas. Toda esta serie de evidencias son las que hacen pensar a las autoridades que las causas del asesinato del gobernador del Caquetá estarían realmente en el interés que tienen las Farc por seguir manteniendo los millonarios ingresos que le significan el cultivo y el tráfico de coca, los cuales, sin duda, se verían afectados en caso de que el Caquetá se convirtiera en la primera Zona Especial de Orden Público del país.