Desacuerdo humanitario

La alianza natural, que desde la campaña por la gobernación del Valle, se dio entre Angelino Garzón y los familiares de los 12 diputados a la asamblea secuestrados por las Farc hace 40 meses, está rota. La frialdad en las relaciones se debe a la denuncia penal por fraude a resolución judicial que los familiares le pusieron al gobernador por la demora, injustificada según ellos, en el pago de los salarios de los ex diputados después de que un fiscal le ordenara hacerlo.

El distanciamiento comenzó porque los familiares reclamaron ante un juzgado especializado en derechos humanos que les siguieran pagando el sueldo de sus parientes plagiados aunque, en diciembre 31 de 2003, hubiera terminado el período para el que fueron elegidos. El valor a pagar, desde enero de 2004 hasta julio del presente año, ha sido calculado por el gobernador en 3.600 millones de pesos.

La exigencia de las familias de los ex diputados, liderada por la abogada Faisury Perdomo, cuñada del ex diputado Juan Carlos Narváez, se basa en la sentencia C-400 de la Corte Constitucional la cual revisó un artículo del Código Penal que establece cuándo se le debe pagar el salario a una persona secuestrada. Para ella la sentencia no deja dudas, "los sueldos de los dignatarios de elección popular se deben continuar pagando siempre y cuando se demuestre que el secuestro es consecuencia inseparable de las funciones ejercidas en el cargo".

El 11 de abril pasado, cuando los ex diputados cumplían tres años en cautiverio, el fiscal especializado que estudió el caso emitió una resolución en la cual exige al departamento, como patrono de los diputados, el pago de los salarios y que continúe haciéndolo hasta tanto recuperen su libertad o se los declare muertos. Esto último sucede cuando por un lapso de 24 meses no se reciben pruebas de supervivencia.

Aunque el gobernador Garzón ha enfatizado la voluntad que tiene de pagar los sueldos a los familiares, una vez notificado de la resolución, el mandatario dijo que existían "una serie de vacíos jurídicos que deben aclararse en el proceso para evitar una investigación". Por eso el fallo comenzó a ser revisado en detalle por las secretarías Jurídica, de Hacienda y Desarrollo Institucional. De eso han pasado cuatro meses.

Garzón dijo a SEMANA que es solidario con la causa de los familiares y que ha sido coherente en su postura política frente al acuerdo humanitario. Pero advirtió que debe separar sus sentimientos de las actuaciones como gobernador, en especial cuando se trata de los recursos públicos. Añadió que la voluntad para realizar el pago se puso de manifiesto cuando no apeló la resolución. "Pedimos una aclaración de su alcance al fiscal, ésta llegó a finales de julio y nos daba suficiente soporte jurídico para hacer el pago. Pero entonces me enteré por la prensa de la denuncia penal que me habían puesto y tuve que detener el pago hasta que esta situación se aclare", concluyó Garzón.

Por su parte los familiares sienten que perdieron al amigo que fue Garzón como ministro y candidato, cuando iba a sus casas y les aconsejaba los caminos posibles para seguir impulsando su causa, y que ahora tienen un gobernante a quien sienten lejano y contradictorio.

El gobernador reconoce el distanciamiento. "Es que ellos le han dado más importancia al pago de los salarios que al acuerdo humanitario", explica. Sin embargo, los familiares sostienen que su causa es integral y que su pretensión nace de las dificultades económicas por las que atraviesan. "Así como también del deseo de hacer respetar los derechos adquiridos por nuestros familiares secuestrados y demostrarles que no están solos", concluyó Faisury Perdomo.

La polémica pone a prueba la capacidad de concertación del gobernador y los familiares. Es de esperarse que consigan un buen acuerdo pronto, para que sigan dando ejemplo de lo que predican ante la opinión pública.