Despeje sí, pero...

Casi todos coinciden en que es necesario extender el período de duración de la zona de despeje el próximo 7 de diciembre: el gobierno, las Farc, el Consejo Nacional de Paz —compuesto por 55 representantes de los distintos poderes locales y nacionales y de organizaciones civiles independientes—, los directorios de los partidos, Jean Egeland, enviado especial de la ONU para el proceso de paz en Colombia y, por supuesto, el ‘Frente Común por la Paz y contra la Violencia’, que incluye a casi todos los anteriores.

También están de acuerdo en que hay que reanudar la negociación que las Farc metieron en el congelador el pasado 14 de noviembre. Según ellos, por “la nueva oleada de masacres paramilitares y el reconocimiento político que implica la reunión entre el ministro del Interior, Humberto de la Calle, y el jefe paramilitar Carlos Castaño”. No obstante hubo también razones estratégicas: tenían tensiones internas que resolver antes de meterse en una fase de negociación bastante más álgida y comprometedora.

Con tantos sectores de acuerdo no hay mucha duda de que esta semana se anunciará la prórroga del despeje y pronto volverán a prender motores las negociaciones. Sólo un incidente de extrema gravedad podría cambiar esa decisión. El problema es, entonces, despeje por cuánto tiempo, en qué condiciones y, sobre todo, para que el proceso avance en qué puntos.

De lo primero, la duración, se ha hablado de tres meses para ponerle una mayor presión al proceso para que empiece a producir frutos de paz. “No es problema decretar la extensión del despeje, el verdadero asunto es por cuánto tiempo se podrá mantener sin que el proceso avance; si puede ser políticamente viable si sigue sin pasar nada”, dijo una fuente cercana a la negociación.

Con respecto a las condiciones, es poco lo que se puede cambiar. Es claro que el gobierno y la mayoría de la dirigencia colombiana quieran volver a barajar y establecer que la nueva prórroga implique un mayor control a lo que pueden hacer las Farc en la zona. Pero es poco probable que una de las partes pueda cambiar las reglas de juego en la mitad del camino. Lo que sí es posible es que el gobierno devuelva a la zona los fiscales y jueces que había sacado y obtenga a cambio alguna garantía de la guerrilla para que éstos puedan hacer su trabajo sin intimidación. Al menos sería un paso adelante.

Pero lo verdaderamente difícil es lo tercero: una zona de despeje para que el proceso avance. Pero en qué. Según algunos críticos del proceso, éste va a seguir vigente hasta el final del gobierno así no se logre nada. “El presidente Pastrana es un prisionero del proceso de paz”, dijo uno de ellos. Y para sustentarlo afirman que toda su política nacional e internacional —la credibilidad ante los gobiernos europeos, por ejemplo— está centrada en su empeño por obtener una paz negociada. Por eso, aun sin frutos, la negociación seguirá.

Por el contrario, voces cercanas a las conversaciones que se adelantan en San Vicente están convencidas de que la gasolina política no alcanzará para tanto y, si bien no se podrán dar “hechos de paz” ni por decreto ni por arte de magia, sí es urgente dar alguna señal de que éste avanza, de que el esfuerzo puede dar resultados.

Algunos asesores son radicales en su posición: “De una vez asuman qué se está negociando y métansele de frente a esos temas; por un lado el cese de hostilidades y de secuestro, por el otro el poder político”. La idea parece demasiado precoz para el estado de las conversaciones. Pero, curiosamente, los temas sí se están empezando a tocar más de frente en el Caguán, y eso que se supone que los diálogos oficiales están congelados.

El rechazo al secuestro, por ejemplo, estaba en los discursos del Presidente a los comerciantes y en la instalación del Consejo Nacional de Paz. “Quiero expresar la urgencia de acabar de una vez por todas con la terrible pesadilla del secuestro que causa un inmenso sufrimiento y tristeza a tantas familias colombianas”, dijo Pastrana en el foro de Fenalco. Y el comisionado Camilo Gómez repitió el mismo mensaje en la última semana. En Los Pozos también se ha hablado de secuestro.

Es bastante evidente que se necesitaría prorrogar el despeje para avanzar en una eventual disminución de hostigamientos, o tener una tregua navideña, o una restricción en el uso de las destructivas y mortíferas pipetas de gas. Eso, claro, de un lado de la mesa.

Del otro, el de las Farc, el primer punto es el ‘canje’, palabra que quiere ser borrada de un plumazo de la negociación por el gobierno, que ha insistido en que no es posible una ley de canje de guerrilleros presos por soldados y policías secuestrados. En lo que se está trabajando, aun si es bastante difícil de concretar dada la férrea posición de las Farc, es en un acuerdo humanitario que comience, por ejemplo, con la liberación de enfermos. Las Farc no se han movido un ápice en dos años: o todos o nadie.

Ninguno de estos pasos será fácil. Y menos aún con dolorosas incógnitas por resolver, como los autores y los motivos del secuestro de la joven Juliana Villegas, hija de Luis Carlos Villegas, presidente de la Andi y gran amigo del Presidente; las razones del levantamiento del sitio de las Farc al Putumayo que anunció Raúl Reyes o la decisión que tome la Corte Constitucional luego de oír en audiencia pública al gobierno el mismo 7 de diciembre para fallar acerca de la constitucionalidad de la ley 418, que le da soporte a la zona de distensión.

Ante tanta zozobra, si el proceso de paz no produce buenas noticias, el país le perderá la poca fe que le queda.