Alejandro Lyons: ¿Debería quedar libre?

Desde que aceptó colaborar con la DEA y la Fiscalía, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus ha puesto a temblar a una parte de la clase política y la élite judicial del país. Primero grabó al fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, cuando este le ofrecía "colaborar" con su proceso judicial. Ese encuentro en Miami, ciudad a la que Lyons llegó para huir de la justicia en Colombia, desencadenó una serie de revelaciones que tienen contra las cuerdas a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, además de a cuando menos tres congresistas más.

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Pero esas revelaciones podrían tener un precio. Como contraparte de su ayuda a la justicia, Alejandro Lyons podría negociar un preacuerdo con la Fiscalía para disminuir la pena que podría incurrir debido a los numerosos escándalos en los que se vio involucrado durante su administración.

En conferencia de prensa, la vicefiscal María Paulina Riveros aseguró que todavía no hay certeza sobre el procedimiento del preacuerdo. Sin embargo, aclaró que para que este sea efectivo Lyons deberá pagar al menos 5.000 millones de pesos de reparación a las víctimas, cumplir una pena de prisión efectiva en Colombia y comprometerse a servir como testigo de cargo contra las personas que estarían involucradas en los escándalos de los que tenga conocimiento.

En redes sociales, algunas voces de periodistas y abogados cordobeses se levantaron en contra de la medida que consideran como un acto de impunidad, máxime cuando –aseguran- la suma reclamada se encontraría lejos de la que presumen se perdió durante su gobierno.

Sin embargo, la cifra fue calculada en función de la cantidad de recursos que aparentemente fueron malversados durante su administración “y que habrían sido canalizados indebidamente a través de convenios celebrados con entidades sin ánimo de lucro”, según informó la fiscalía el 9 de mayo pasado, cuando presentó los resultados de la jornada anticorrupción adelantada en Córdoba.

Hasta donde se sabe, esa investigación fue la que forzó al exgobernador a huir a Estados Unidos desde finales de abril pasado -a donde viajó también por el nacimiento de su hijo- a tratar de negociar un preacuerdo con la cúpula de la Fiscalía y denunciar las presiones de las que era sujeto por parte de Gustavo Moreno y de su cómplice Leonardo Pinilla.

Con la caída del fiscal anticorrupción inició la caída de dominós que tiene a Moreno al borde de la extradición y a Lyons con un boleto de regreso a Colombia, en donde lo espera un proceso penal y un preacuerdo negociado en función del prontuario delictivo que presuntamente dejó durante su administración en Córdoba, entre 2012 y 2015. En todo caso esto no ocurrirá sino hasta que finalicen las investigaciones de las autoridades norteamericanas.  

El primero de los delitos que tiene en su historial Lyons y que fue evidenciado durante el operativo anticorrupción fue el desfalco a las regalías petroleras destinadas a promover el desarrollo científico y tecnológico de la región.

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De acuerdo con lo que revelaron los testigos Jesús Eugenio Henao Sarmiento y Maximiliano García Bazanta a la Fiscalía, se trató de un montaje a través del cual los “arquitectos” de la estafa presuntamente entregaron contratos por más de 65.000 millones de pesos provenientes de las regalías a sus propias empresas, sobre los cuales Alejandro Lyons habría cobrado cerca de 30 por ciento del total. De ser cierta su estimación, tan solo en esta operación habrían llegado más de 21.000 millones de pesos a los bolsillos del exgobernador.

Pero ese no fue el único escándalo en el que se encontró vinculado el político originario de Sahagún. Otro asunto que lo tocó de cerca fue el del sonado "cartel de la hemofilia", en el que 158 pacientes inexistentes facturaron tratamientos que nunca recibieron por un monto total cercano a los 42.000 millones de pesos.

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Durante su administración, también se dieron los escándalos del "cartel de de las pensiones de la educación" en el que desaparecieron 260.000 millones de pesos entregados injustificadamente a  jueces, notarios, abogados y funcionarios judiciales; así como el caso de los alumnos inexistentes de Lorica, los falsos diplomas de la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia, el fraude en la nómina judicial o las irregularidades que se presentaron en contratos suscritos con el hospital San José de Ciénaga de Oro, por los cuales fueron capturadas 54 personas en el marco del operativo Bolsillos de Cristal.

Sin contar los carteles de los carneros el que cientos de reses de alta calidad que habían sido compradas para mejorar las razas de la región nunca llegaron a mano de los pequeños ganaderos a quienes eran destinadas, o el de los enfermos mentales en el que su administración desembolsó cerca de 10.000 millones de pesos en tratamientos para niños con síndrome de Down o autismo que en muchos casos nunca se practicaron.

También recae un manto de duda sobre las circunstancias que rodearon el asesinato de su director de regalías, Jairo Zapa, quien para ese momento, dice uno de los testigos, tenía que ver con el aumento en los porcentajes de las coimas por contratos. Como el caso no ha sido esclarecido persisten los señalamientos hacia la gobernación de Lyons.

Como no se han realizado audiencias públicas hasta el momento, no es posible saber porque casos será realmente imputado Alejandro Lyons, más allá de los que reveló la Fiscalía, como el del desfalco de las regalías destinadas a la ciencia y la educación. Antes de que Lyons colaborara con el ente acusador se hablaba de que podrían imputarle 20 delitos entre los cuales estarían concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculados por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado.

¿Debería quedar libre? 

SEMANA consultó a tres respetados penalistas sobre las posibilidades que tendría Lyons frente a la justicia. Para Iván Cancino, la información aportada por el exgobernador ha sido tan importante que incluso si no pagara cárcel, el balance del acuerdo sería favorable. “Colombia tiene que entender que entre más alta es la información, mayor debe ser el beneficio. Si un delincuente logra desarticular una banda muy fuerte y a las cabezas de su organización, debe recibir una compensación. En Estados Unidos las personas que cometen grandes delitos no solo son poseedores de un principio de oportunidad, sino que además terminan asesorando a las agencias estatales para combatir a los delitos que cometieron. Además de que no sólo se trata del dinero que Lyons entregue, va a ayudar a recuperar dinero de la corrupción”, afirmó.

 Jaime Lombana también fue enfático al respecto. “El principio de oportunidad debe cumplir un fin efectivo que es el de demostrar hechos criminales de mayor trascendencia. No debe generar desconfianza en el ámbito judicial. La manera más efectiva de lograr grandes avances es la colaboración con los coautores y copartícipes de la acción criminal”, explicó.

En tanto que Francisco Bernate fue más moderado al respecto. “De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el preacuerdo cumple con lo que se exige en la legislación colombiana. Los preacuerdos son formas de hacer justicia pronta siempre y cuando exista reparación y reintegro de los dineros que fueron apropiados. Si es el caso, por supuesto que se debe flexibilizar el castigo a aplicar.

Pero hay unos límites, que no se concedan dobles beneficios por ejemplo, ni se den inmunidades absolutas o falte la reparación. La regla es que para aprobar el preacuerdo la persona reintegre el pago de 50% de lo apropiado y garantice el pago del otro 50%. Aunque claro que eso no se puede hacer con menores de edad, tiene que ser sometido a la aprobación de un juez de conocimiento y estar concertado con las víctimas. Pero el propósito del sistema penal acusatorio es precisamente incentivar ese tipo de figura para que se haga justicia de forma rápida”, afirmó, en defensa de su postura.   

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Entonces, de acuerdo con los tres especialistas, el preacuerdo logrado por Alejandro Lyons con la fiscalía sería un acierto de esta administración, siempre y cuando cumpla con las reglas mínimas exigidas por la legislación vigente al respecto.

Por eso es que para que sea completo, el ente acusador tendrá próximamente la tarea de demostrar que el dinero exigido al exgobernador efectivamente corresponde a cuando menos la mitad del desfalco en el que presuntamente participó durante su administración en Córdoba. A Lyons seguramente le falta todavía mucho por contar. ¿Qué recibirá a cambio? será una de las preguntas que resolverá la justicia en medio de todos los reflectores.