Narcotráfico y secuestro: ¿delitos políticos?

El procurador Alejandro Ordóñez parecía tener una nueva actitud frente a los acuerdos de paz. Si antes se le consideraba como un opositor al proceso de paz, o por lo menos uno de sus más enconados críticos, desde hace un par de semanas ha estado mucho más abierto a discutir los alcances de los puntos ya acordados por el gobierno y las FARC.

Y aunque en esa nueva postura ha mantenido sus críticas a los acuerdos y le ha exigido al gobierno tener en cuenta una lista de inamovibles, este jueves volvió a subir el tono. Una afirmación del jefe negociador Humberto de la Calle lo hizo reaccionar.

De la Calle, en un foro en la Universidad del Rosario en Bogotá con el auspicio de El Tiempo, al hablar sobre los avances del proceso, se refirió a un tema que no ha tenido tanta trascendencia mediática, pero que en su criterio podrían poner en riesgo el proceso de paz. Y es que después de firmados los acuerdos, el Congreso tiene que expedir la ley que reglamente el marco para la paz, y allí tendrá que definir cuáles son los delitos conexos al delito político para habilitar a los guerrilleros a participar en política.

“Tenemos que discutir sobre el delito político y sus delitos conexos , se presentó un vaciamiento de la conexidad del delito político que lo ha dejado reducido y muy alejado de la realidad del conflicto militar, es valido decir que se debería acabar pero no es el caso de Colombia aquí todavía es necesario”, dijo De la Calle.

La realidad del conflicto militar al que hace referencia el jefe negociador tiene que ver ineludiblemente con dos delitos con los que la mayoría de los frentes de las FARC y sus integrantes están comprometidos de alguna manera: el secuestro y el narcotráfico.

Según la actual legislación esos dos delitos no pueden ser conexos al de rebelión. Pero De la Calle, sin mencionarlos insinúa lo contrario: “Deberíamos pensar en un delito político fortalecido, en un periodo de transición, debemos discutir la línea jurisprudencial del delito político que es una realidad hoy en el conflicto colombiano”.

El procurador Ordóñez descalificó esa tesis, incluso se preguntó qué es lo que propone De la Calle cuando habla de rediscutir los alcances del delito político. Advierte que ya varias sentencias de la Corte Constitucional establecieron que delitos atroces, de terrorismo, secuestro y narcotráfico no son conexos al delito político.

La respuesta la dio el propio Ordóñez: “lo que buscan es permitir la participación política de los peores criminales del hemisferio”.

El procurador también le hizo una advertencia al gobierno, en el sentido de que si se llegara a declarar el narcotráfico y el secuestro delitos conexos al político, estos, a pesar de ello, no quedarían excluidos de la extradición.

Esta nueva discusión no es de poca monta, pues podría convertirse en el núcleo que les permitirías a los guerrilleros, previo fin del conflicto, participar en política electoral, que no es más que uno de los objetivos del proceso de La Habana, que las FARC pasen de ser una organización armada ilegal a una organización política.