Diálogos: los doce representantes de las víctimas

En una cosa tiene razón el gobierno: más allá de la polarización y el debate que ha generado, la llegada de las primeras 12 víctimas a La Habana, el pasado viernes, es un hecho histórico.

Puede ser una contribución decisiva para cerrar las heridas abiertas del conflicto armado, pues es la primera vez que las víctimas están en el centro de una negociación de este tipo en Colombia. Pero, si su presencia en Cuba se convierte en caballo de batalla de la aguda polarización política imperante en el país –que se ve también entre las propias víctimas– puede terminar irguiéndose como un obstáculo más en el camino de la reconciliación.

El ‘mandado’ que la Mesa de conversaciones de La Habana les encargó a Naciones Unidas, la Universidad Nacional y la Iglesia era, probablemente, una de las más complejas tareas que esas instituciones han encarado. “Cualquier selección es discutible y podrá ser criticada”, se anticiparon en un comunicado, refiriéndose a lo “extremadamente difícil” que fue escoger las primeras 12 víctimas, de un total de 60, que irán a Cuba en los próximos cinco ciclos de la negociación, en representación de 6,7 millones que están registradas, a plantear a la Mesa sus puntos de vista y sus reivindicaciones.

Y la decisión fue criticada. Algunos adujeron que, como se negocia con las Farc, a Cuba solo deberían viajar víctimas de las Farc. Así lo dijeron participantes en un foro de víctimas de esa guerrilla en el Congreso, convocado por el senador Mauricio Lizcano, el jueves 14. El general Luis Mendieta, capturado en la toma de Mitú en 1998, que pasó más de 11 años en manos de las Farc, pidió que fueran “al menos el 50 por ciento” de las delegaciones. La recién electa representante Clara Rojas, que estuvo seis años secuestrada, dijo: “seguimos considerando que este es el espacio de las víctimas de las Farc”. Algunos analistas llegaron a decir que, con la escogencia de la delegación, el gobierno se habría dejado meter un gol de las Farc.

La verdad es que, como dijeron los encargados, la selección fue muy cuidadosa y refleja los horrores cometidos por todas las partes en el conflicto. Al fin y al cabo, en la Mesa no están sentadas solo las Farc sino representantes del Estado cuyos agentes y aliados como los paramilitares son responsables de muchas atrocidades y es lógico que las víctimas de uno y otro lado estén en las delegaciones que van a Cuba.

Como dijo el presidente Santos en la posesión del nuevo ministro del Interior, el viernes 15: “El conflicto es uno. Tendría poca coherencia que escucháramos solamente las víctimas de las Farc sin haber escuchado las víctimas del propio Estado o las víctimas de los paramilitares y quisiéramos entonces resolver el conflicto pero solamente escuchando a unas víctimas”.

Las Naciones Unidas, la Nacional y la Conferencia Episcopal, explicaron en un largo comunicado sus criterios. Por una parte, se buscó un “equilibrio” en cuáles fueron los victimarios, en el tipo de crímenes cometidos en el marco del conflicto, y en una diversidad regional, étnica y de género.

Componen la delegación 12 víctimas directas del conflicto o sus familiares, siete mujeres y cinco hombres. Hay cinco víctimas de las Farc, tres de agentes del Estado, tres de los paramilitares y una de varios grupos (ver lista completa).

Están Constanza Turbay, miembro de una prominente familia política víctima de las Farc y personas humildes y anónimas que el país no conoce como Luz Marina Bernal, madre de uno de los muchachos de Soacha asesinados en los ‘falsos positivos’. Hay víctimas de casos emblemáticos, como José Antequera, hijo del asesinado dirigente comunista y de la Unión Patriótica, y Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá. Y víctimas individuales, como María Eugenia Cruz, que padeció violencia de género.

Están incluidas personas que sufrieron desplazamiento, falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales), masacres, homicidio, tortura, violencia sexual, secuestro y desaparición forzosa. Las víctimas son de Bogotá y ocho departamentos. Hay un afro y una wayúu.

Y se tomó una decisión que zanja uno de los debates que han arreciado últimamente: entre las víctimas se incluyeron combatientes que sufrieron violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH. En la delegación figura la madre del comandante de la estación de Policía de Toribío, Cauca, asesinado por las Farc en 2001, y un suboficial del Ejército, padre de un miliciano de las Farc torturado y asesinado presuntamente por agentes del Estado. Con esto se reivindica a los militares y policías que pasaron años en poder de las Farc, pero también a miembros de las guerrillas que sufrieron atropellos ilegales a manos de agentes del Estado.

Más allá de la milimetría en la selección en la que algunos han puesto su atención, este grupo representa el complejo universo de las violaciones cometidas en el conflicto colombiano por las dos partes sentadas a la Mesa de La Habana. Y lo más significativo de todo no es dividirlas por victimario o por crimen o por región. Lo verdaderamente importante es que estén en Cuba.

Eso fue precisamente lo que señaló el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, quien declaró “inédita” e “histórica” esa presencia, en un mensaje al foro conmemorativo de los 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán. “En ningún conflicto del mundo ha ocurrido lo que está ocurriendo y va a ocurrir estos días en La Habana”, dijo. Y añadió: “Esta discusión no es numérica, no se trata de saber cuántos vienen en función de los hechos victimizantes o de los actores (…). No se trata de dividir a las víctimas, al contrario, de unir al país alrededor de ellas”.

Este es quizás el punto de fondo. Las instituciones encargadas precisaron que un criterio importante fue también que las víctimas seleccionadas fueran capaces de ir más allá de su propio dolor y hacer propuestas relevantes para el proceso de paz y las reivindicaciones de las víctimas. La presencia de estas personas por primera vez en un proceso de negociación entre el gobierno y la guerrilla puede contribuir mucho a abrir procesos de verdadera reconciliación en el posconflicto.

Poner fin al conflicto armado implica deponer las narrativas del odio y la vindicación. En parte, en manos de las víctimas está que las partes pasen de recriminarse y atribuirse mutuamente las responsabilidades de los horrores a reconocer sin excusas que los cometieron, a pedir perdón y a aceptar, humildemente, que tienen por delante la inmensa tarea de reparar a millones de personas.

Como dijo Fabrizio Hochschild, de Naciones Unidas, en una reciente entrevista con SEMANA: “No hay ángeles acá. Hay responsabilidades enormes entre todos y tratar de minimizar eso diciendo ‘tú hiciste diez y yo hice seis’ es macabro. Se necesita humildad, el reconocimiento de todos de que han hecho cosas terribles, que tienen que pedir perdón y que eso empieza con uno”.

Esta es una tarea en la que las Farc están atrasadas. Con el argumento de que hay una especie de campaña en su contra para culparlas de todos los males del conflicto, se han negado sistemáticamente a hacer lo que el Estado hace rato empezó: reconocer de frente su responsabilidad como victimarios y aceptar que no hay rebelión que excuse secuestrar, reclutar menores de 15 años, poner minas antipersona, amenazar, matar y despojar.

Al proceso en La Habana le hace falta la bocanada de aire fresco que sería que las Farc abandonen su retórica de la justificación y se sinceren con sus víctimas. Y, por supuesto, que lo haga el Estado, también. Esa es una condición indispensable para empezar a dar vuelta a la página.