Diálogos: los verdaderos sapos para el posconflicto

Desde que el presidente Juan Manuel Santos anunció que para llegar a la paz los colombianos tenían que tragarse algunos sapos, esa palabra se convirtió en una especie de fantasma que ronda la mesa de La Habana. Para los críticos del proceso de paz prácticamente todo lo que se ha acordado es un sapo. En esta lista estarían el hecho de que no habrá cárcel para los guerrilleros, la no extradición, la amnistía para el narcotráfico, la no entrega de armas al gobierno, y todo lo relacionado con la justicia transicional.

La verdad es que esa supuesta cadena de concesiones, por más de que haya indignado a los colombianos, era inevitable desde el primer día de las conversaciones. La negociación al fin y al cabo no era un sometimiento a la justicia después de una derrota militar sino un acuerdo político para acabar con la guerra. En esas circunstancias el concepto de justicia no puede estar limitado a la reclusión en una cárcel. Pensar que los representantes de las FARC se iban a sentar a la mesa a discutir cuántos años irían a pasar tras las rejas o si serían extraditados como narcotraficantes era un absurdo. Por la sencilla razón de que como el grueso de su tropa tenía que ser amnistiada, prácticamente los únicos condenados habrían sido los propios negociadores. Bajo esa premisa no habría acuerdo posible y los jefes guerrilleros preferirían morir combatiendo en el monte. Esa opción no le choca a todo el mundo pero implicaría la prolongación del baño de sangre de la guerra por muchos años más.

Desde que empezaron los diálogos estaba claro que se requería un tipo de justicia alternativa que se ajustara a la realidad de que los guerrilleros no estaban negociando para ser encerrados o extraditados. Y para esto era necesario hacer una serie de ajustes que hoy son considerados sapos. En primer lugar, si los guerrilleros no iban ir a una cárcel con barrotes ni en Colombia ni en Estados Unidos era necesario considerar al narcotráfico conexo con el delito político de la rebelión. En otras palabras, interpretar los nexos de las Farc con la droga como un mecanismo para financiar su guerra y no para enriquecerse personalmente. Hasta Estados Unidos, que los había pedido en extradición, ha cambiado su postura y está de acuerdo con esa fórmula para acabar la guerra.

Otros ‘sapos’ en realidad obedecen a malos entendidos. La expresión “dejación de armas” ha sido interpretada como una forma de hacerle el quite a la entrega. Eso en realidad quiere decir que no habrá una ceremonia como la que se vio en la desmovilización del M-19 o la de los paramilitares. Pero no significa que las armas van a quedar en manos de las Farc sino que eventualmente se llegará a alguna fórmula verificada por la comunidad internacional en que quedarán guardadas en un lugar al que las Farc no tendrán acceso mientras se destruyen.

En cuanto a la justicia transicional, ha sido presentada como una sustitución del sistema judicial existente. Eso es verdad pero es más bueno que malo por dos razones. La primera es que la justicia ordinaria en Colombia es muy deficiente y no sólo los guerrilleros no creen en ella. La segunda es que la mayoría de los procesos de paz han sido situaciones extraordinarias que han requerido soluciones excepcionales. La justicia ordinaria no opera en esos casos, entre otras razones, porque una de las partes se alzó en armas precisamente contra el sistema que representa esa justicia.

Lo que es seguro en todo caso es que el tribunal especial acordado en La Habana va a ser mucho más serio que lo que hubiera sido el tránsito por la justicia penal ordinaria.

Por lo anterior la mayoría de los beneficios que han sido descritos como ‘sapos’ no son más que renacuajos inevitables dentro del proceso de paz. Los verdaderos sapos son dos batracios enormes que están por venir y que van a ser muy difíciles de digerir: 1) Que los guerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad puedan participar en política. 2) Que los falsos positivos tengan los mismos beneficios en la justicia transicional que los actos de combate.

Aunque a primera vista suena absurdo, en el acuerdo quedó establecido que no habrá límites de ningún tipo en la participación política de los guerrilleros, así hayan sido condenados por actos atroces. En otras palabras lo pactado hasta ahora implica que un jefe guerrillero condenado por secuestros o por homicidio podrá ser candidato a una alcaldía, gobernación o al Congreso mientras cumple su condena.

El argumento para sustentar esta contradicción es que en ningún lugar del mundo se ha prohibido a quienes dejan las armas el derecho a ser elegidos, por más crueles que hayan sido sus actuaciones en la guerra. Se invoca incluso el caso de Nelson Mandela, quien comandó una organización armada considerada terrorista, y no sólo salió de la cárcel sino que fue elegido presidente de Sudáfrica recién firmado el acuerdo.

Los negociadores de las Farc en La Habana y sectores políticos de izquierda aducen que cuando un movimiento cambia las balas por los votos necesita tener jefes, pues sin líderes es difícil consolidar un partido. También agregan que los dirigentes del M-19 como Carlos Pizarro y Antonio Navarro, apenas se desmovilizaron tuvieron el derecho a ser candidatos a cualquier cargo público. Y por último recuerdan que prácticamente todos los procesos de paz anteriores, tanto en Colombia como en el mundo, han terminado en algún tipo de amnistía o perdón sin inhabilidades políticas.

Independientemente de si esos argumentos son válidos o no, el hecho es que hoy la Constitución prohíbe participar en política a que quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad. Por lo tanto cumplir el acuerdo requerirá una reforma que tiene muchos detractores.

Pero si a la derecha la atraganta el sapo de la participación en política de los guerrilleros, a la izquierda le sucede lo mismo con el tema de los falsos positivos. Aunque inicialmente se había dicho que estos por razones obvias estarían excluidos de cualquier jurisdicción especial, ahora resulta que eso no es tan así. Como todos los casos relacionados con el conflicto tendrían acceso a la justicia transicional, se ha llegado a la conclusión de que por más atroces que fueran esos homicidios, no se habrían dado si no hubiera sido por el contexto de la guerra.

Para las víctimas esta interpretación no es fácil de aceptar. Matar a una persona y disfrazarla de guerrillero para obtener unos días libres o una medalla es tan monstruoso como matar a alguien para vender sus órganos. La Corte Penal Internacional, dentro de los mensajes que ha hecho llegar, ha dejado saber que los falsos positivos no pueden ser merecedores de algún tipo de impunidad. Se ha hablado de que existen diferentes tipos de falsos positivos. Una cosa son las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido para eliminar a pretendidos colaboradores de la guerrilla y ponerles un uniforme para ganar puntos en una hoja de vida. Eso es horrible pero es mucho peor la modalidad usada en el caso de Soacha. Allá muchachos totalmente ajenos al conflicto fueron engañados para trasladarlos a Ocaña donde fueron asesinados a sangre fría y presentados como guerrilleros muertos en combate. En el primer caso hay una violación de derechos humanos. En el segundo se trata de un macabro plan criminal.

En todo caso, se ha pensado que los primeros podrían ir a la justicia transicional y los segundos a la justicia ordinaria, pero solo esa diferenciación no va a ser fácil y lo más probable es que los dos acaben en la jurisdicción especial creada para el proceso de paz. La justicia transicional no equivale a impunidad, pero habrá que ver si la Corte Penal Internacional acepta un castigo tan leve para un crimen tan atroz que, quiérase o no, ocurrió en el marco del conflicto armado.

La conclusión es que hay sapos de sapos. Los que han sido mencionados hasta ahora en su mayoría no lo son tanto. Estos últimos dos, en cambio, son unos batracios gigantes que pondrán a prueba el nivel de tolerancia y perdón de los colombianos en la búsqueda de la paz. Lo único cierto es que hay una simetría en estas dos atrocidades. Es tan grave permitir que un secuestrador pueda ser elegido alcalde o congresista como que un uniformado que mate a un indigente para obtener una medalla no sea considerado como lo que es en realidad: un asesino.