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| 5/18/2002 12:00:00 AM

Dientes nuevos

Con un año de vigencia, la ley que controla la función pública se ha convertido en la pesadilla de los corruptos

Dientes nuevos Dientes nuevos
La destitucion de Juan de Jesús Sánchez, alcalde de La Calera, pueblo cundinamarqués vecino de Bogotá, el pasado lunes 5 de mayo, resultó emblemática. Ese día se cumplió un año exacto de la vigencia de la nueva ley que rige la conducta de los funcionarios públicos, y fue gracias a ella que se sancionó a este alcalde con una celeridad y una severidad que no hubiese sido posible con la norma anterior.

El nuevo código único disciplinario, Ley 734 de 2002, permitió que parte del proceso contra Sánchez se llevara en formal verbal, en audiencia abierta al público, lo cual tomó tres meses y no tres o cuatro años, como sucedía antes en casos similares. Además no se hubiera podido destituir porque su falta no estaba catalogada como 'gravísima', es decir, sancionable con destitución, y ahora sí. Y, por último, se le impuso una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años, cuando antes la ley no permitía sino inhabilidades de máximo cinco años para este tipo de conducta.

El mismo procurador regional que llevó este caso destituyó en pocos meses a un maestro, por estar cobrando doble sueldo oficial, y a un funcionario de la Asamblea de Cundinamarca, por utilizar un vehículo oficial para hacer política.

Aunque todavía son pocos los casos que se procesan con esta nueva norma, pues apenas lleva un año, el viceprocurador Carlos Gómez Pavajeau asegura que "es el instrumento más poderoso que jamás haya tenido el Estado para la lucha contra la corrupción". En el último año, según las estadísticas de la Procuraduría, las destituciones pasaron de 262 a 349 y más investigaciones resultan en sanción (ver recuadro).

Este código comenzó a ser redactado bajo la gestión de Jaime Bernal Cuéllar y el procurador actual, Edgardo Maya, que arrancó en enero de 2001, le imprimió un espíritu más drástico, dándole nuevos dientes, como los procesos verbales para acelerar los casos y abrirlos al público. Es una legislación escrita a partir de cómo se da la corrupción en la realidad. Estableció una especie de 'tipología' de actos corruptos y le buscó la talanquera legal a cada uno. De ahí que amplió de 10 a 64 las faltas gravísimas.

Además la ley amplió el espectro de personas que pueden ser sujetas a sanciones. El Estado ha ido delegando en el sector privado más y más funciones y, sin embargo, las personas privadas que ejercían funciones públicas o que administraban dineros o recursos públicos no estaban vigiladas sino de forma muy general. El código hace sujetos de investigación y sanción a los notarios, a los funcionarios de las Cámaras de Comercio, a los árbitros de las mismas cuando actúen en pleitos del Estado con los particulares, a los interventores de las obras pagadas con dineros oficiales, a los gerentes de empresas mixtas de servicios públicos, a los directivos de la Federación de Cafeteros, a los liquidadores de bancos intervenidos u oficiales, al dueño de un almacén cualquiera que recaude IVA y no lo pague, entre otros. Si se les comprueban faltas corren el riesgo de ser suspendidos del servicio público que presten, de que se les impongan inhabilidades hasta de 20 años para contratar con el Estado y de que los multen.

Otra de las novedades es que se permite la destitución de funcionarios que hayan cometido faltas penales, algo que sorprendentemente antes no sucedía; un funcionario podía matar a una persona y sólo ser suspendido; o cometer cohecho sin que se le destituyera. Así mismo, cuando se sanciona a un funcionario en un cargo, impide que pase a otro y siga como si nada, pues establece una inhabilidad para cargos de igual nivel de uno a 12 meses. Antes se sancionaba al secretario de Hacienda, por ejemplo, y el alcalde lo nombraba entonces en Gobierno. Eso ya no podrá suceder. También sanciona no sólo al que se enriquece con dineros públicos sino también a quien sepa que un subalterno está robando y se haga el de la vista gorda. Hoy un alcalde de una ciudad de la Costa Atlántica está siendo procesado por esta conducta.

En materia de contratación pública -el gran desangre de las finanzas estatales- es quizá donde hay las herramientas más fuertes. El clásico caso de corrupción del funcionario que viola uno o varios principios de la contratación pública (la selección objetiva y transparente del más idóneo, el más económico, el más sólido para realizar una obra o servicio) para darle el contrato a un amigo, quien a su vez le participa al funcionario parte del dinero que se gane. Pues bien, con la vieja ley, estos casos terminaban casi siempre en suspensión de 90 días y una multa ridícula y ni siquiera inhabilitaba al funcionario. La única manera de sancionarlo duramente era si se le encontraba la plata en su bolsillo, cosa difícil de lograr.

La nueva ley permite que aun sin que se le pruebe enriquecimiento al servidor público, si viola cualquiera de los principios de contratación puede ser destituido, multado e inhabilitado hasta por 20 años, o incluso de por vida, si el patrimonio del Estado se ve afectado. El mensaje contundente de la nueva ley es que si alguien pretende serruchar en un contrato, dándoselo a un amigo a dedo, corre el riesgo de pagarla muy caro.

Para algunos críticos hacer las normas tan estrictas puede tener una consecuencia indeseable: que personas de bien teman ingresar al servicio público por la avalancha de investigaciones que se les puedan venir en cada actuación. Los funcionarios de la Procuraduría, por el contrario, aseguran que la nueva ley es más precisa y permite que los funcionarios sepan qué es permitido y qué no y quien esté bien informado y sea honesto no tiene nada qué temer.

Son estas normas nuevas las que han permitido actuar con tanta celeridad. Para sólo mencionar algunos casos, en pocos meses la Procuraduría ha suspendido provisionalmente (mientras se terminan las investigaciones) al gobernador del Cesar, los alcaldes de Santa Marta, Bucaramanga y de La Jagua de Ibirico. Este último está acusado de trasladar dineros de la sobretasa de la gasolina a su cuenta bancaria personal, entre otras cosas. Un concejal de Granada fue procesado en tres meses y destituido por haber ganado unas elecciones al Concejo cuando ya había sido condenado por peculado. Por pedir plata a cambio de tramitar procesos se destituyó a un funcionario de la misma Procuraduría en La Guajira y se le inhabilitó por 12 años.

Pero el caso más notorio es el de los concejales de Bogotá Judy Pinzón, Lilia Camelo y William Cubides. Ellos han sido procesados por supuestamente haber exigido dinero a particulares para cumplir sus funciones. Gracias al nuevo trámite verbal, el caso ha ido a toda marcha. Arrancó en enero y será fallado el miércoles. Si los encuentran culpables, serán destituidos y pueden ser inhabilitados hasta por 20 años.. Este es un caso que con la ley anterior se hubiera demorado quizá dos o tres años y, si hubiesen resultado culpables, apenas se los hubiera suspendido por 90 días máximo.

Claramente se ha dado un paso gigante en la lucha contra la corrupción con esta nueva ley, que aplicada con juicio -como en efecto está sucediendo- va a enviar pronto un mensaje aleccionador a todos los funcionarios públicos de que ahora es mucho más difícil ser corrupto y salir ileso.

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