DILEMA MINISTERIAL

El nombramiento del gabinete la semana pasada produjo una avalancha de críticas que
apuntaban a que el presidente Andrés Pastrana había elegido un equipo de ligas menores para una
crisis de talla mayor. El nuevo gabinete, concluyeron los editorialistas, es una nómina de funcionarios
que tienen en común ser desconocidos y pastranistas. Paradójicamente los dos más ácidos críticos
del gobierno de Pastrana, el columnista de El Espectador Ramiro Bejarano y D'Artagnan de El Tiempo,
hicieron una salvedad en sus punzantes análisis de los ministros. Ambos comentaristas citaron como
excepción al ministro de Justicia, Rómulo González, un veterano abogado pastranista que acompañó a
Andrés como secretario de la Alcaldía de Bogotá y es su padrino de bautismo .
"El único que se salva del caos es el Ministro de Justicia, conocedor del oficio y doliente de la rama
judicial", escribió Bejarano. Por su parte D'Artagnan lo describe como "un veterano político con gran
criterio jurídico: un hombre con muchas horas de vuelo, de aquellos de los que al Presidente tanto le
hace falta rodearse".No hay duda de que el nuevo Ministro de Justicia tiene una larga carrera de servicio
público y experiencia en el campo de las leyes y la rama judicial. González, colegial de número de la
Universidad del Rosario, fue gobernador del Huila, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y
magistrado de la sala jurisdiccional disciplinaria. Ocupó los cargos de superintendente de Sociedades,
representante a la Cámara, concejal de Neiva y ha sido miembro de innumerables juntas directivas de
entidades bancarias. A lo anterior se suma un hecho no muy conocido: el ministro González es
concuñado del comandante del Ejército, con lo cual se fortalecerían las relaciones entre el sanedrín
pastranista y las Fuerzas Militares.
Sin embargo hay un detalle que se le pasó a sus defensores y que podría poner en un incómodo dilema
al nuevo Ministro. González fue miembro de la junta directiva de la Empresa de Energía de Bogotá
(EEB) en uno de los períodos más controversiales y que fue objeto de varias investigaciones de la
Procuraduría General de la Nación y debates en el Congreso de la República. Se trata del período
1985-1988 cuando esta junta, presidida por Fabio Puyo Vasco, gerente de la empresa, aprobó el pago
de reclamos a las firmas que construyeron la tristemente célebre represa del Guavio. Las cifras
reconocidas terminaron por duplicar o triplicar el valor original de los contratos. González dijo a
SEMANA que jamás fue investigado judicial ni disciplinariamente por su actuación en dicha junta. Lo
que es sin duda cierto es que nunca ha sido vinculado a procesos relacionados con corrupción o
enriquecimiento ilícito en el caso del Guavio.No obstante lo anterior, algunos documentos de la época
señalan que el secretario de la Alcaldía participó en un buen número de juntas críticas de la EEB y en
por lo menos dos juntas en las que se aprobaron convenios con las firmas Vianini-Entrecanales y
Campenon que fueron cuestionados por la Procuraduría en forma general y por el Congreso de manera
particular. Para citar un solo ejemplo, en virtud del convenio número 5 del 31 de agosto de 1983, la
junta directiva compuesta por González, Augusto Ramírez Ocampo, Jairo Acosta Jiménez, Alfonso
García Galvis y Puyo como gerente, aprobó un ajuste de 1.908.000 dólares ante un reclamo de
2.928.000 dólares. Un informe de la Procuraduría sobre estas y otras actuaciones decía hace ya algún
tiempo que "no puede dejar de mencionarse la responsabilidad que frente a la ciudadanía cabe a los
miembros de las diferentes juntas de la Empresa de Energía que intervienen en la aprobación de la
mayoría de las situaciones relacionadas con el proyecto".Si bien es cierto que González y otros
miembros de la junta directiva no fueron sancionados por estas decisiones, su vinculación a la EEB
ensombrece lo que hasta el momento había sido un buen comienzo de su gestión como titular de la
cartera de Justicia. Además de lo anterior, esto podría colocar al Ministro frente al dilema de declararse
o no impedido ante cualquier gestión del Ministerio de Justicia que se relacione con la extradición de
Puyo, hoy prófugo de la misma justicia.