División en la Fiscalía por culpabilidad de guerrillera

Cuando las negociaciones con las FARC se adentran en su recta final y se deben tocar temas cruciales y sensibles para el país como el fin del conflicto, crece también el debate por cuáles son sanciones que deberán pagar los miembros de ese grupo guerrillero por las acciones que cometieron en contra de la población civil y la Fuerza Pública.

La posibilidad de que sean absueltos por algunos de los delitos cometidos es una posibilidad que muchos todavía no entienden y se niegan a aceptar, después de que se conoció el modelo de justicia transicional acordado entre las FARC y el Gobierno en Cuba.

Mucho se ha dicho y se ha debatido pero un punto que todavía no se ha acordado es que va a pasar con los menores que fueron reclutados por las FARC y se vieron involucrados en las acciones armadas de ese grupo guerrillero.

Lo último que se conoció frente a este tema fue lo dicho por el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, que aseguró que los guerrilleros a los que se compruebe que fueron reclutados siendo menores de edad, serán exonerados.

Bajo esa premisa de Perdomo, en el ente acusador se está definiendo un caso que marcará la pauta de cómo deberían ser juzgados los menores de la guerra. Esta situación tiene enfrentados a un fiscal de la unidad de Terrorismo ante uno de Derechos Humanos.

Semana.com conoció el caso de Johana Zarate, o ‘Magnolia’, según el expediente de la Fiscalía fue reclutada a los 13 años por guerrilleros de las FARC, y sometida a toda clase de abusos por parte de los guerrilleros que, incluso, asesinaron a su padre.

A los 18 años se logró fugar de las filas de la guerrilla y vivió escondida, hasta el día que fue capturada como consecuencia de la declaración de desmovilizados del grupo guerrillero, que nunca le perdonaron ser una desertora. Terminó vinculada con dos actos terroristas que hoy la tienen presa en la cárcel de El Buen Pastor, en Bogotá.

Uno de los casos se registró el 13 de marzo de 1999 fecha en que miembros del frente 22 y Policarpa Salavarrieta de las FARC se tomaron el municipio de Caparrapí (Cundinamarca) y causaron la muerte de 9 campesinos.

Por este hecho, Magnolia fue llevada a juicio por los delitos de homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado.

A esto se sumó otro proceso que se adelanta en la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía, en el que la mujer es investigada por hechos registrados en julio de 1998, cuando el mismo grupo guerrillero atacó el municipio de Yacopí (Cundinamarca).

Lo que desconoce Magnolia es que su caso llegó esta semana a un cómite de la Fiscalía. Todo por cuenta de las diferencias que existen en sus principales acusadores. Uno está seguro de no dar vuelta atrás con su decisión de pedir su condena, mientras otro pidió que debe ser absuelta por inconsistencias en el proceso.

Las cargas están divididas. Según fuentes del ente investigador, contra la mujer no hay pruebas contundentes que demuestren su participación en la toma guerrillera.

“Vamos a verificar las pruebas, hasta el momento el fiscal del caso no ha esclarecido el rol que pudo jugar alias ‘Magnolia’ en la investigación. También se va a verificar un problema de la identidad pues tal parece existe una persona con su mismo nombre y se pueda estar presentado una confusión", dijo una fuente del ente acusador a este portal.

Añadió que "lo cierto es que se va a revisar el caso. Es claro que el hecho de que fuera miembro del grupo guerrillero eso no la hace responsable y menos si fue reclutada”.

Mientras tanto Magnolia seguirá en su sitio de reclusión en espera de que se decida si tendrá que responder por una guerra que ella no escogió y a la que fue sometida. ¿Inocente o culpable? Ese es el debate.