DIVORCIO A LA VISTA

Pocas veces en la historia de Colombia había existido un contrato tan impopular como el celebrado entre el Ministerio de Defensa y la compañía suizo-americana Swipco. Desde que se firmó, el instrumento ha sido objeto de innumerables controversias que todavía no terminan y que en este momento amenazan con representar para la Nación erogaciones por varios miles de millones de pesos.
La idea de contratar a Swipco surgió en diciembre de 1994, del entonces ministro de Defensa Fernando Botero. Este argumentó, en ese momento, que era conveniente una asesoría y fiscalización externa de los sistemas de contratación del Ministerio de Defensa para garantizar su transparencia y evitar sobrecostos. El ministro consideró conveniente que se le diera esta responsabilidad a una entidad internacional que estuviera ajena a las intrigas e intereses locales. Para este propósito invitó a seis compañías extranjeras expertas en el ramo a que presentaran sus ofertas. De éstas sólo dos lo hicieron: la Defense Research Agency de Gran Bretaña y Swipco S.A. con sede en Suiza. La primera fue descartada con el argumento de que por tratarse de una agencia adscrita al gobierno británico tenía una incompatibilidad, pues éste era un potencial proveedor de servicios y material de defensa. Con esta firma descabezada, solo quedó la opción de Swipco.
El contrato se firmó el 15 de febrero de 1995 y rápidamente se convirtió en un dolor de cabeza para mucha gente. Lo que se suponía iba a ser una asesoría técnica y eficiente sobre las compras que efectuara el Ministerio de Defensa para producir ahorro y transparencia, acabó generando exactamente lo contrario: sobrecostos y suspicacias. Los sobrecostos tenían su origen en que la forma de pago pactada con Swipco consistía en una comisión del 4 por ciento por todos los contratos superiores a 30.000 dólares suscritos por el Ministerio de Defensa o cualquier entidad adscrita a él. Esta comisión no corría por cuenta del Estado sino por cuenta de los vendedores o contratistas. Aunque en teoría esto sonaba muy bien, desembocó rápidamente en que los proveedores terminaron por cargar esta comisión a sus costos y simplemente aumentaron los valores de sus propuestas en esa proporción. Así, los que acabaron pagando el 4 por ciento fueron los contribuyentes colombianos. Este sobrecosto se aplicaba a cualquier tipo de negociación superior a los 30.000 dólares (unos 30 millones de pesos) que hiciera el Ministerio de Defensa. Desde los aviones de guerra hasta las botas y la ropa interior para los soldados, incluyendo gastos como publicidad y transporte. Teniendo en cuenta que el presupuesto de compras de cualquier ministerio de Defensa es por definición muy cuantioso, la comisión del 4 por ciento se convirtió en un taxímetro permanente. Una cosa era un concepto técnico sobre qué fragatas o submarinos se debían comprar en el mercado internacional y otra muy diferente tener que pedir asesoría para comprar overoles, jabón, comida y remedios. Además del costo, se presentaba un problema de flexibilidad operativa al tener que contratar asesores, muchos de ellos extranjeros, para que aprobaran compras que siempre habían sido relativamente rutinarias. SuspicaciasTodos los anteriores inconvenientes dieron pie rápidamente a múltiples suspicacias.Estas empezaron a salir a flote poco tiempo después de la firma del contrato, a través de un debate promovido en el Congreso por el representante Manuel Ramiro Velásquez. Los cuestionamientos centrales eran dos: de quién era Swipco y qué idoneidad tenía para las funciones que estaba desempeñando. El asunto de la propiedad, para algunos congresistas y periodistas, no era muy claro. Swipco era una sociedad anónima cuyos propietarios tenían acciones al portador. En otras palabras, podía cambiar de manos de la noche a la mañana sin mayores formalismos. Este es un mecanismo jurídico que se usa mucho para ocultar la identidad de los propietarios de una empresa. Esto se acostumbra en algunas actividades comerciales, pero no suena ni lógico ni conveniente en el caso de una compañía que está asesorando la totalidad de los contratos del ministerio de Defensa de un país. En realidad los dueños de la empresa eran unos grandes magnates cuyas actividades empresariales poco tenían que ver con la seguridad o con la defensa. Entre ellos estaban Edgar Bronfman, el zar de los licores, quien controla la multinacional Seagram, productora del whisky Chivas Regal y del vodka Absolut.También era socia la familia Amon, perteneciente a una dinastía europea de fabricantes de tintas. La respetabilidad de estos apellidos no bastaba, sin embargo, para arrojar luces sobre qué trayectoria o experiencia tenían en la supervisión de contratos de defensa. Swipco en realidad no era más que una firma que subcontrataba a otras para hacer el trabajo. Pero este servicio no tenía satisfecho a nadie en Colombia pues los militares estaban indignados de tener que pasarle al tablero a unos expertos extranjeros a los cuales no les reconocían ni jerarquía ni idoneidad para manejar procedimientos que ellos habían venido realizando por años, sin tantas complicaciones. Este punto de vista fue avalado por un informe de la Contraloría que encontró en el contrato múltiples irregularidades. Como consecuencia de estas conclusiones preliminares, el contralor David Turbay le dio traslado al expediente al departamento de Investigaciones y Juicios de su entidad, donde había permanecido hasta hace poco tiempo sin mayor movimiento. Mientras el odio por Swipco aumentaba, el taxímetro no paraba. Las comisiones incurridas a la fecha superan los 12.000 millones de pesos. Y si los bonos de guerra que buscan recaudar 900.000 millones de pesos se vuelven realidad, éstas podrían llegar a triplicarse. Veinte o 30.000 millones de pesos girados en comisiones a una firma, considerada por sus detractores como fantasma, tenían que convertirse en una bomba de tiempo. Y así sucedió. Como era de esperarse, toda el agua sucia le está cayendo al ex ministro Fernando Botero, quien fue el padre de la criatura. Mientras Botero estaba en el Ministerio de Defensa todas esas críticas fueron soterradas. El debate contra Swipco en el Congreso pasó sin pena ni gloria, aunque se llegaron a afirmar cosas como que la comisión que estaba pagando Colombia era un punto más alta que la de otros países donde operaba la firma. Ante todos estos rumores los militares y los proveedores estaban indignados, pero se podía argumentar al respecto que era por el hecho de estar siendo fiscalizados en serio por primera vez.

Nueva gestión
Cuando Fernando Botero renunció y fue detenido esta actitud comenzó a cambiar. Su reemplazo en el Ministerio de Defensa, Juan Carlos Esguerra, en un principio defendió públicamente el contrato. Sin embargo, en privado, desde el inicio de su gestión dejó entrever que no estaba muy convencido de sus beneficios. Aun así, ni él ni el gobierno parecían dispuestos a caerle a un colega que se encontraba en desgracia. Cuando el ex ministro cambió de bando y denunció al presidente Samper todas esas reservas desaparecieron. Lo que antes se decía en privado, comenzó a expresarse en público. Prácticamente nadie en el alto gobierno, comenzando por el propio ministro Esguerra, justifica el contrato. Por esto desde hace ya varios meses están tratando de revocarlo. Pero no ha sido fácil. El mismo contrato no prevé ninguna fórmula para darlo por terminado por decisión de alguna de las partes o por incumplimiento. Esto deja como única alternativa una fórmula de mutuo acuerdo. Esto no es muy fácil de obtener cuando una de las dos partes tiene una comisión garantizada del 4 por ciento sobre todos los futuros contratos de defensa de un gobierno. En las discusiones preliminares sobre el tema se había llegado a calcular que las indemnizaciones podrían ascender a 25.000 milllones de pesos si el gobierno colombiano se retiraba unilateralmente. A veces llegan cartasLa semana pasada el tema se agitó aún más con explosivas revelaciones que acabaron siendo más jugosas que sustanciales. La representante Ingrid Betancur dejó saber a algunos medios de comunicación que ella había tenido en sus manos una carta de un representante de Swipco en la cual se señalaba, en 1993, que el contacto de la empresa con Colombia era Fernando Botero. La inferencia de esta afirmación era que desde antes de que Samper fuera elegido presidente y Botero nombrado ministro, éste último ya tenía vínculos con Swipco. La historia detallada de la carta de Ingrid Betancur es la siguiente: cuando su madre, Yolanda Pulecio, era embajadora en Guatemala, entabló amistad con el entonces embajador argentino en ese país, Juan José Arias Uruburu. Al regresar éste a Buenos Aires se convirtió en representante de Swipco y comenzó a buscar negocios en otros países, entre ellos Colombia. Por eso le mandó una carta sobre el tema a su antigua colega diplomática. Es ésta la carta en la cual se habría mencionado que el contacto que Swipco tenía en el país era Fernando Botero, quien por ese entonces era senador. Ingrid Betancur tomó la carta de su madre en los días del debate contra Swipco en abril de 1995 y se la mostró a personajes como el contralor David Turbay, el parlamentario Manuel Ramiro Velásquez y a otros interesados en el asunto. En esa oportunidad el cuento no pasó a mayores, pero ahora ha adquirido cierta notoriedad por el hecho de que la Contraloría está reviviendo su interés en el tema y la carta sería una pieza clave en la investigación. Ingrid Betancur manifiesta que lamentablemente extravió el documento en un trasteo, pero las personas a quienes ella se lo mostró reconocen haber visto la misiva en cuestión.Todo lo anterior, aun si es verdad, tiene más peso en el mundo de la especulación que en el campo probatorio. La carta ya no existe. Fernando Botero, interrogado sobre el contenido de la misma, aclaró que la desconoce y le restó toda importancia. Botero puntualiza que conoció Swipco antes de ser ministro, cuando asistió a presentaciones de la firma en Washington, como miembro de la Comisión Moralizadora durante el gobierno de Virgilio Barco, pero que nunca tuvo vínculos con ella. En cuanto al origen de la resurrección del debate, la interpretación de Botero es que se trata de una retaliación de David Turbay, a quien él denunció ante la Fiscalía como uno de los intermediarios de la financiación del cartel de Cali en la pasada campaña presidencial.
El último capítulo
La carta a Yolanda Pulecio no pasa de ser una anécdota frente a un hecho sustancial que tuvo lugar al cierre de esta edición. Después de reiteradas solicitudes por parte del gobierno de buscar un acuerdo para terminar el contrato, el viernes pasado Swipco finalmente accedió. Los términos acordados preliminarmente, según fuentes allegadas al Ministerio de Defensa, son los siguientes: en primer lugar, Swipco recibirá lo que aún le adeudan los contratistas por cuenta de comisiones causadas hasta la fecha. En segundo término, en los casos en los cuales no hay total acuerdo sobre el derecho de Swipco a recibir comisión, se recurrirá a un Tribunal de Arbitramento. Por último la empresa renunciaría a las indemnizaciones a que hubiere lugar por terminación del contrato. Haber llegado al anterior acuerdo requirió un manejo firme y diplomático por parte del ministro Juan Carlos Esguerra, así como un ánimo conciliatorio por parte de Swipco. Sin embargo, todos los que se han divorciado saben que la cordialidad termina cuando se empieza a discutir la separación de bienes. Este estado de ánimo ya se empieza a reflejar en el presidente ejecutivo de Swipco, el argentino Enrique Segura, quien interrogado por SEMANA sobre los alcances del acuerdo manifestó: "Yo no estoy seguro de que todo esto termine aquí. Son muchos los daños que nos han causado".