¿DONDE ESTA EL PILOTO?...

A LAS 4:30 DE LA MADRUgada del 22 de noviembre de 1994 el repicar del teléfono interrumpió el sueño del coronel Luis Alfonso Villamil. Al otro lado de la línea, un agente del Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos -DEA- le ofreció disculpas por llamarlo tan temprano y le dijo que podían estar a las puertas de propinarle un duro golpe al cartel de Cali. Villamil, jefe del Comando Especial Conjunto -CEC-, por parte del Ejército en el Valle del Cauca, le respondió que no se preocupara y que le contara en detalle lo que ocurría.
El agente estadounidense le dijo que hacia las 3:30 de la mañana, es decir, una hora antes, los radares del Centro Nacional de Drogas -Cendro- de México habían detectado el aterrizaje de un avión en una pista clandestina situada en la hacienda Palos Altos, localidad de Escalón, distante 20 kilómetros de la carretera que comunica a las capitales de Jiménez-Gómez-Palacios.
Según el relato del detective de la DEA, la aeronave, un enorme Boeing identificado con la matrícula HK-1337, dejó un cargamento de 5.5 toneladas de cocaína y recogió varios bultos que contenían 20 millones de dólares en efectivo. No obstante, las patrullas del Cendro no lograron detener el avión, pero sí obtuvieron datos concretos sobre su destino: el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, Valle del Cauca, Colombia.
Sin pensarlo dos veces, Villamil movilizó a sus hombres y pocos minutos después una docena de soldados ocupó un costado del aeropuerto. Mientras la patrulla militar esperaba la llegada del misterioso avión, a las 6:48 minutos de la mañana el Centro de Información Operativa -CIO-, de la Dirección General de la Policía en Bogotá, recibió una llamada anónima que dio cuenta de la existencia del avión y la inminencia de su aterrizaje en el aeropuerto vallecaucano. El desconocido informó que la aeronave no tenía plan de vuelo. De inmediato el oficial de turno en el CIO se comunicó con la Sección de Policía Judicial e Investigación -Sijin- de la Policía de Cali y solicitó el urgente desplazamiento de una patrulla.
No obstante, en esos momentos en el terminal aéreo se encontraban los sargentos segundos Ulises Aguirre Machado y Carlos Alberto Hurtado, quienes entraron en contacto con varios agentes de la Policía Antinarcóticos apostados permanentemente en el aeropuerto y les pidieron que estuvieran pendientes de lo que pudiera pasar. Finalmente, hacia las 7:40 minutos de la mañana, la nave aterrizó, procedente -según le dijo el piloto a la torre de control- del archipiélago de San Andrés y Providencia. El aparato fue estacionado en un muelle de carga, justo en el lado contrario del sitio donde esperaban los soldados del coronel Villamil, quienes de inmediato corrieron hacia el avión. Tardaron cinco minutos en atravesar el campo. Cuando llegaron a la escalerilla del aparato los militares vieron con sorpresa que allí se encontraban los dos agentes de la Sijin, uno de la Policía Aeroportuaria y otro de la Antinarcóticos, quienes les explicaron que ya habían revisado el avión y no encontraron nada irregular y que por esa razón dejaron ir a los pilotos, Jaime Arango y James Camacho.
A las ocho de la mañana, mientras militares y policías estaban al lado del avión, Villamil se comunicó con el coronel Argemiro Serna, comandante del CEC por parte de la Policía, y le dijo que una patrulla del Ejército estaba capturando un avión del cartel de Cali. En esa conversación Villamil le pidió a Serna que fuera al aeropuerto porque la operación era importante y él no podía ir.
Serna aceptó, pero antes de partir le pidió al fiscal Guillermo Contreras -quien tiene su oficina en la sede del Bloque de Búsqueda- que lo acompañara para que legalizara la actuación de las patrullas que estaban en el operativo. Este a su vez les pidió a otros tres fiscales de la regional de Cali que asistieran a las diligencias en el aeropuerto. Los cinco funcionarios llegaron pasadas las 10 de la mañana al terminal aéreo de Cali. Pero antes de que empezara la revisión oficial del aparato, Serna decidió esperar la llegada de un avión procedente de Bogotá en el que viajaban tres agentes de la DEA, enviados a colaborar con el Bloque de Búsqueda. Esto ocurrió a la una de la tarde. La aeronave fue abordada por los cuatro fiscales, un funcionario de la Procuraduría departamental y el coronel Serna. Pero no hallaron nada.
Entonces el oficial de la Policía solicitó formalmente la incautación y sellamiento del aparato, pero el fiscal Contreras se negó, con el argumento de que la nave tenía todos los papeles en regla y en su interior no había vestigios de que realizara trabajos para narcotraficantes de Cali.
El asunto paró ahí. El avión permaneció estacionado en el muelle de carga sin que aparecieran los pilotos ni los representantes de la empresa Aerolíneas Americana Limitada, propietaria de la nave.
Pero el pasado 8 de febrero, 77 días después del episodio en el muelle de carga del aeropuerto de Cali, la fiscal delegada ante la Policía Antinarcóticos de Bogotá viajó a la capital vallecaucana y procedió a sellar el aparato con base en la investigación número 23.911, que cursa en su despacho.
Sin embargo el procedimiento de la fiscal y la forma como la Policía dio a conocer la noticia sobre la incautación del HK-1337 -que estaba inmovilizado desde noviembre- generaron una serie de dudas sobre lo que ocurrió ese 22 de noviembre, cuando el aparato fue abandonado por los pilotos.
¿Por qué razón los agentes de la Sijin dejaron ir a los tripulantes sin verificar sus antecedentes? ¿Puede ser minuciosa la revisión de una aeronave Boeing 727 con capacidad para 12 toneladas o 120 pasajeros en escasos cinco minutos? ¿Por qué razón el fiscal comisionado ante el Bloque de Búsqueda se negó a sellar el avión, al menos provisionalmente, si existían suficientes elementos para ordenar su inmovilización? ¿Por qué fue tan evidente la falta de comunicación de las autoridades y mientras unos soldados esperaban el avión en un sitio del aeropuerto en el extremo contrario los miembros de la Policía procedían a revisarlo y a dejar huir a los tripulantes?
Estas preguntas serán absueltas una vez termine la investigación que ya iniciaron la Procuraduría y la propia Fiscalía.
Pero es innegable que episodios como este dejan un mal sabor. Y una vez más las autoridades se quedaron con el elemento, pero dejaron ir a los pilotos, quienes seguramente hubieran sido fundamentales en un proceso encaminado a determinar la manera como operan los carteles de la droga.