Dos hombres felices

Los dos estaban felices. Tanto Ernesto Samper como Fernando Botero desconcertaron a la opinión pública al salir simultáneamente a cantar victoria por la decisión de la Fiscalía en contra de este último. Mientras que el ex presidente acusaba de ladrón a su ex subalterno, éste puntualizaba que había quedado demostrado que el elefante no se había quedado en el jardín.

¿Cuál de los dos tenía razón?

Los hechos eran los siguientes. Fernando Botero, como él mismo lo admitió, había prestado durante la campaña tres cuentas suyas en Nueva York en los bancos Morgan Guaranty Trust Company of New York, el Bank of New York y el Barclays Bank. El propósito era canalizar recursos legales obtenidos en el exterior para la campaña presidencial. Durante su primer proceso, cuando las autoridades no tenían acceso a los registros bancarios, la única información disponible era la suministrada por él sobre el tema. Manifestó que había manejado para la campaña 1.875.000 dólares. De esa cifra afirmó que 1.725.000 dólares eran del Grupo Santo Domingo; 100.000 dólares de la Federación Nacional de Cafeteros y 50.000 de la Mitsui. Agregó que cualquier dinero adicional que hubiera en sus cuentas era producto de sus negocios personales por concepto de ventas de obras de arte de su padre y de transacciones de finca raíz. Sin embargo, cada vez que Botero ha intentado aclarar esas operaciones, no ha aportado pruebas que convenzan a la Fiscalía.

Así estaban las cosas hasta que llegó el nuevo fiscal, Alfonso Gómez Méndez, quien procedió a darle seguimiento al caso solicitándole al Departamento de Justicia norteamericano colaboración para que se pudiera establecer en detalle la realidad de esos manejos bancarios. Muchos meses después las autoridades estadounidenses enviaron los extractos de dos de los tres bancos solicitados: el Morgan Guaranty y el Bank of New York. Hasta la fecha no ha llegado la información sobre el tercer banco, el Barclays. La Fiscalía, entonces, decidió no esperar más y actuar con base en la documentación que tenía a la mano.

Los registros bancarios de esas dos cuentas indican que antes de la campaña presidencial del 94 el movimiento promedio de las mismas era de 56.000 dólares mensuales en los últimos dos años. Durante los meses que duró la campaña presidencial, incluyendo la primera y la segunda vueltas, entraron un poco más de seis millones de dólares. La información recibida del Departamento de Justicia norteamericano se limitó a los movimientos de saldos de los extractos mensuales. En éstos no se aclara ni de dónde salió el dinero ni a dónde fue a parar.

Por lo anterior, todo el caso contra Botero se basó solamente en dos millones de dólares que pudieron ser rastreados por los investigadores colombianos gracias a las informaciones del mismo Botero en su famosa confesión del 22 de enero de 1996. Sobre los cuatro y pico millones de dólares restantes no hay hasta ahora conocimiento ni de su origen ni de su destino. La Fiscalía prosigue con esa investigación para determinar si hay alguna vinculación entre estos depósitos y la campaña de Ernesto Samper.

Los dos millones de dólares rastreados fueron considerados por la Fiscalía suficiente prueba para sindicar a Fernando Botero de hurto agravado. Se pudo establecer que se hicieron dos transferencias de Nueva York a Bogotá, cada una por un millón de dólares. Una fue el 10 de junio de 1994, entre la primera y la segunda vueltas, y la otra el 30 de junio, 11 días después de terminado el proceso electoral. En los dos giros se utilizó el mismo modus operandi. Para traer el dinero al país, éste fue transferido a la sucursal del Banco de Colombia en Panamá. Allá se expidieron unos bonos ley 55 que fueron repartidos entre nueve personas allegadas a Botero (secretaria, asistente, conductor, mensajero, amigos de la campaña, etc.). Esas personas recibieron cheques de gerencia que fueron endosados por ellos mismos y cuyo destino final fue decidido por Fernando Botero, quien era gerente de la campaña.

El primer millón de dólares —800 millones de pesos de la época— fue repartido entre los tesoreros regionales. Es decir, fue gastado en su totalidad en la campaña de Samper. El segundo se colocó transitoriamente en la firma Corredores Asociados. De ahí se sacaron 490.500.000 pesos para la compra de una finca en Tabio, Cundinamarca. El resto, según la Fiscalía, acabó en cuentas personales del ex ministro de Defensa. La compra de la finca se hizo utilizando como intermediario a Jaime Orlando Páez, estrecho colaborador político de Botero.

La conclusión de la Fiscalía es que solamente un millón de dólares de las cuentas de Botero en el exterior fue a parar a la campaña electoral. Por el otro millón de dólares está de nuevo en la mira de la justicia.

Jurídicamente el caso no es fácil. En primer lugar, porque es difícil configurar un robo cuando quienes supuestamente donaron el dinero ni siquiera reconocen esas donaciones. Los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, jamás aceptaron haber financiado a Ernesto Samper. Augusto López, a nombre del Grupo Santo Domingo, tampoco, y manifestó que el millón y pico de dólares que recibió Botero en Nueva York era de “unos amigos” panameños del grupo que querían colaborar con la campaña. La donación de la Federación de Cafeteros se hizo a través de un intermediario alemán. Y la Mitsui no dice esta boca es mía.

Por otro lado Botero no es bruto y no hay ninguna posibilidad de que vaya a meter cheques de origen narco en una cuenta a su nombre en Estados Unidos. Las consecuencias podrían ser 30 años por lavado de dólares en una cárcel en ese país.

Tener mucho dinero en cuentas en el exterior puede tener implicaciones tributarias pero mientras no se demuestre que es de origen ilícito no constituye un delito. Por eso la Fiscalía tuvo que cambiar el cargo original contra el ex ministro que era de enriquecimiento ilícito en beneficio propio por el de hurto. El enriquecimiento ilícito requiere que sea probado el origen ilícito de los recursos y en el caso de Botero no se ha podido establecer de dónde salieron los seis millones de dólares. Los samperistas afirman que Botero recibió en Estados Unidos dinero limpio para la campaña, que se quedaba con él y que entregaba los aportes del narcotráfico en Colombia como si se tratara de esas donaciones legales recibidas en Nueva York. En otras palabras, que blanqueaba la plata. Y que, por lo tanto, el origen del dinero era en efecto ilícito. Esa hipótesis es jugosa, pero no demostrable, pues fuera de la propia versión de Botero no se sabe quién dio el resto de la plata.

Si tener dinero en el exterior no es delito y ningún donante ha denunciado robo, ¿cómo se configuró el delito contra Botero? La Fiscalía lo que hizo fue tomar sus propias palabras en la confesión del 22 de enero de 1995, con las que reconocía haber recibido 1.875.000 dólares de aportes legales a la campaña en Nueva York. Cruzando esta cifra con el millón de dólares que fue traído a Colombia y efectivamente destinado a la causa samperista, el fiscal del caso llegó a la conclusión de que quedaron 875.000 dólares sin explicar. Con éstos había comprado el terreno en Tabio y el resto había ido a parar a sus cuentas. Ese es el fundamento del cargo de hurto agravado.

Con ese cargo a Botero le va mucho mejor que con el de enriquecimiento ilícito en beneficio propio. Como no se ha probado que hay narcotráfico metido en la historia el cambio de delito de enriquecimiento ilícito por el de hurto le permite al ex ministro el privilegio de la excarcelación con el pago de una multa de 80 salarios mínimos. Es decir, 22.880.000 pesos. Con esto podrá no sólo viajar por el mundo libremente sino también venir a Colombia cuando quiera. Si lo hubieran sindicado por el otro cargo Botero, o volvía a la cárcel en este país o sería un prófugo de la justicia expuesto a ser detenido por la Interpol en cualquier parte del planeta. Por eso sus desafortunadas declaraciones en las cuales manifestaba su complacencia por haber sido sindicado de hurto.

No menos desafortunada fue la salida del ex presidente Ernesto Samper quien, en la mayor metida de pata desde que terminó su gobierno, salió a proclamar su inocencia por cuenta de la supuesta culpabilidad de Botero. Esto tuvo el efecto de que le acabó cayendo más agua sucia al ex mandatario que a su ex jefe de campaña. Fue un simple error estratégico. Si se hubiera quedado callado el impacto por la nueva acusación contra Botero lo hubiera favorecido.

Dos conclusiones tiene la opinión pública de este capítulo póstumo del proceso 8.000. La primera es que en la campaña se movió mucha más plata de la que se creía, tanto legítima como ilegítima. Y la segunda, si los cargos de la Fiscalía terminan en condena, que bastantes intermediarios acabaron con parte de los recursos en sus bolsillos.