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Poco a poco Colombia avanza en dejar de lado la visión del consumidor como pecador o delincuente. Ahora se le ve como un enfermo, pero ATS busca que se le reconozca como ciudadano, como sujeto de derechos.

DROGAS

Traba segura

Un programa de salud pública revoluciona el mundo de los consumidores habituales de droga.

25 de mayo de 2014

Un puesto informativo sobre uso de sustancias psicoactivas, una zona de recuperación para aquellos que tienen un ‘mal viaje’ y un punto de análisis de sustancias psicoactivas para verificar si lo que se va a consumir está adulterado, no necesariamente se encuentran en el Barrio Rojo de Ámsterdam. Hacen parte de ‘Échele cabeza cuando se dé en la cabeza’, programa que ha estado presente en eventos como Rock al Parque, Hip Hop al Parque o Radikal Styles y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, así como de la Secretaría de Salud de Bogotá.

El comportamiento de los colombianos respecto a las drogas ha cambiado y eso quedó evidenciado en la Política nacional para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto, de 2007.

Aldemar Parra, coordinador del área de reducción de riesgos del consumo de sustancias psicoactivas del Ministerio de Salud, asegura que desde ese año se vienen desarrollando los lineamientos para hacer real esta política. “Existen personas que consumen y seguirán consumiendo. En ese contexto se reconoce la medida de mitigación, que no busca la abstinencia sino la reducción de riesgos y daños asociados al consumo”.

Acción Técnica Social (ATS) es una de las ONG que se encarga de apoyar esta nueva tarea. “Nosotros echamos a andar el proyecto y luego el gobierno lo continúa. Asumimos el riesgo social y político que muchas veces el Estado no está en capacidad de asumir o no quiere asumir”, asegura Julián Quintero, sociólogo y representante legal de ATS.

Una vez se recibe la droga y se analiza su composición, se le informa a los consumidores si la cocaína, 2cb, LSD o éxtasis, están adulterados o no. “Nos cuidamos en el lenguaje, si bien sabemos que prohibírselas no funciona, tampoco buscamos incitar el consumo. Queremos que el consumo sea responsable, reduciendo cualquier riesgo o daño asociado”, comenta Quintero.

Existe también una zona de recuperación, que no es un punto de primeros auxilios sino un lugar donde la persona que comienza a tener un ‘mal viaje’ se puede regular. Según ATS el objetivo es buscar un espacio de tranquilidad, porque lo más recurrente es la paranoia o el susto.

Jaime Urrego, director de Salud Pública de Bogotá asegura que con este programa se ha impactado a cerca de 12.800 personas. “Disminuir el riesgo y el daño es un enfoque que respeta los derechos humanos, aunque tampoco se pueden dejar de lado las medidas de prevención”.

El consumo de drogas inyectadas preocupa al Ministerio de Salud, porque es uno de los que genera mayor adicción. Según le dijo Aldemar Parra a Semana, “la tasa de infectados con VIH en consumidores de drogas inyectadas en este grupo llega a niveles superiores al 10 por ciento debido al intercambio y reutilización de jeringas, mientras que el promedio nacional no llega al 1 por ciento de infectados. Algo similar ocurre con la Hepatitis B”, concluye.

Pereira es la primera ciudad que se atrevió a implementar el programa con acceso a material higiénico de inyección, ejecutado por ATS. “Llegamos a los sitios usuales de consumo, que ya están mapeados. No estigmatizamos ni judicializamos a los consumidores. Simplemente les explicamos la importancia de que su material de inyección sea personal y les damos un kit”, dice Julián Mauricio Trejos Hernández, secretario de Salud de esa ciudad. El paquete incluye toallitas, jeringas, agua destilada, filtros esterilizados, tres preservativos y material de educación.

Este proyecto piloto que empezó el pasado primero de abril, ha llegado a 113 usuarios y repartido cerca de 3.000 kits. “Queremos que Pereira sirva de ejemplo a toda Colombia. No debemos retardar la intervención en las demás ciudades. El kit cuesta aproximadamente 30.000 pesos mensuales por persona, incluida la distribución, mientras que atender una persona con VIH puede costar mínimo 750.000 pesos mensuales al sistema de salud”, concluye Trejos.

Aunque para algunos estas iniciativas no están lejos de causar polémicas, la realidad es que ponen a Colombia en el camino de los países del Primer Mundo, en donde este tipo de decisiones son consideradas clave dentro de los temas de salud pública.