Editorial

Y esto ha sido posible porque Ecuador y Venezuela han logrado vender efectivamente el concepto de que la penetración de las Fuerzas Armadas colombianas dos kilómetros dentro del territorio ecuatoriano es una violación a su soberanía. Por su parte, Colombia no ha logrado transmitir con la misma efectividad que el hecho de que un Estado permita, por acción o por omisión, que grupos armados terroristas se asienten y utilicen como refugio su territorio, es una violación mucho más grave que la de la soberanía del país víctima de ese terrorismo.

De tiempo atrás era un secreto a voces que dentro de las fronteras de esos dos países existían campamentos militares de los grupos subversivos colombianos. En el caso venezolano, con el aparente beneplácito de las autoridades. En el caso ecuatoriano, con un supuesto desconocimiento del hecho que estaría ocurriendo “a sus espaldas”. En otras palabras, hasta los acontecimientos de la semana pasada, de parte de Venezuela habría complicidad y de Ecuador tolerancia.

Ante esas circunstancias, Colombia en defensa de su seguridad nacional tenía argumentos para actuar en la forma como lo hizo. ‘Raúl Reyes’ era uno de los hombres más importantes de las Farc y sería coautor intelectual de una cadena de delitos atroces que han enlutado al país durante los últimos 40 años. Las Farc no sólo ostentan el título de ser la organización terrorista que ha realizado el mayor número de secuestros en la historia, sino que a esto se suma la utilización de minas antipersona, cilindros de gas, asesinatos de secuestrados, bombas como la del Nogal e intentos de magnicidio como el que perpetraron con rockets contra Álvaro Uribe Vélez el día de su posesión.

Uno de los determinadores de estas atrocidades es presentado hoy por los gobiernos de Venezuela y Ecuador como el hombre clave para llevar a cabo un proceso de paz. El mismo personaje que mereció un minuto de silencio por parte del presidente Chávez durante su alocución del domingo en el programa Aló Presidente. La realidad es que las Farc le habían declarado la guerra al Estado colombiano, y la financian con el narcotráfico y el secuestro. Por lo tanto, todas las acciones militares que se realicen contra esta son actos de legítima defensa.

Infortunadamente, el incidente de la incursión en territorio ecuatoriano habría sido menos grave de no haber sido por las explicaciones iniciales sobre el hecho que dio el gobierno colombiano. La versión que dio el Ministro de Defensa en la rueda prensa y la que le dio el presidente Uribe a su homólogo Rafael Correa en llamada telefónica contenían una serie de imprecisiones que presentaban una realidad maquillada.

Esto exacerbó tanto la sensibilidad de las autoridades ecuatorianas como la operación en sí misma. A partir de ahí cambió el tono de Correa, el cual pasó de cauteloso a agresivo, posiblemente azuzado por Chávez quien, sin tener velas en ese entierro, decidió adueñarse de ese pleito. Con esto Colombia pasó súbitamente de la euforia por el golpe a las Farc a la mayor crisis diplomática de su historia, con tropas amenazantes en sus dos principales fronteras.

En ese momento las cosas se complicaron aun más por cuenta de la aparición de los tres computadores de ‘Raúl Reyes’. Las revelaciones contenidas en estos, si bien simplemente confirmaban sospechas anteriores, fueron una bomba en la opinión pública. La complicidad de Chávez y la tolerancia de Correa quedaron documentadas. Algunos de los datos que salieron a flote parecían novelescos. Lo único más desconcertante a que Chávez le hubiera dado 300 millones de dólares a las Farc, es que estas estuvieran comprando 50 kilos de uranio. También sorprendió que Gustavo Larrea, ministro de seguridad de Ecuador, estuviera en tratos con las Farc a lo Rodríguez Chacín, ministro del Interior de Venezuela. Según el computador, pretendía organizar una cumbre en Quito entre el Secretariado de esa organización y el Presidente de Ecuador.

Los dos mandatarios reaccionaron con indignación y rompieron, en la práctica, relaciones diplomáticas. Ambos niegan la autenticidad de la evidencia contra ellos y argumentan que si existían contactos con las Farc, eran sólo de carácter humanitario. Esta interpretación sería más fácil de aceptar en el caso de Correa, que en el de Chávez.
Todo lo que el gobierno colombiano reveló de los computadores de ‘Reyes’ es real. Sin embargo, la forma como lo hizo puede haber sido apresurada. La gravedad de lo contenido ahí ameritaba tal vez un tratamiento menos improvisado que el de poner al director de la Policía a suministrar apresuradamente y a cuentagotas la información a medida que iba siendo descubierta. Se habría podido pensar en una presentación menos inmediata y más contundente. Ahora el veredicto final está en manos de dictámenes tecnológicos que establecerán la autenticidad de los computadores y sus contenidos. Estos peritazgos tendrán que ser llevados a cabo por autoridades de la mayor credibilidad técnica y más allá de toda sospecha política.

Es de anticipar que los resultados corroborarán las denuncias del gobierno colombiano. Sin embargo, esto en lugar de solucionar la crisis con los gobiernos contradictores, probablemente la agudizará. No es muy probable que Chávez o Correa presenten excusas cuando unos ingenieros forenses seleccionados por la OEA confirmen que lo que reveló el general Naranjo efectivamente estaba en un computador de ‘Raúl Reyes’. En cuanto al resto del mundo, el impacto de estas revelaciones dependerá de la eficacia de la diplomacia colombiana.

Hasta ahora este gobierno, que ha sido tan profesional en la comunicación hacia el interior, ha sido muy mediocre en el manejo de su imagen hacia el exterior. Mientras Chávez cuenta automáticamente con el apoyo de todos los grupos radicales internacionales que sirven de caja de resonancia de las causas de extrema izquierda, el gobierno colombiano está identificado con lo que podría ser el gobierno más impopular en la historia de Estados Unidos.

Esto, sumado a una falta de política exterior agresiva, ha hecho que el manejo de Colombia sea reactivo y no activo. A comienzos de esta semana, por ejemplo, mientras el gobierno colombiano estudiaba las implicaciones de la crisis, Correa ya había llamado a los jefes del continente para presentar su versión de los hechos. Al día siguiente ya iniciaba una gira por siete países para reforzar su posición.

Lo increíble de lo sucedido esta semana es que Chávez y Correa fueron quienes pidieron llevar el caso ante los organismos internacionales, cuando la Resolución 1373 de 2001 de las Naciones Unidas compromete a los Estados miembros a cooperar en la lucha contra el terrorismo y negar cualquier tipo de apoyo a las organizaciones que han sido incluidas en esta categoría.

Lo que no se puede negar es que Colombia se encuentra en una situación muy difícil. Nadie sabe cuáles son las implicaciones reales de un rompimiento de relaciones con dos países vecinos que históricamente habían sido considerados hermanos. Más allá de las animadversiones personales y de las diferencias ideológicas, en el mundo globalizado de hoy la interdependencia es tal, que a la postre hace inviable políticamente la suspensión indefinida de las relaciones económicas. Tarde o temprano, independientemente de la química entre los mandatarios, se tendrá que llegar a un modus vivendi que minimice el costo de esta crisis en los respectivos países.

Dentro de la gravedad de los acontecimientos que se están viviendo, que nadie sabe qué desenlace van a tener, se debe destacar la altura y la prudencia con que el presidente Uribe y el gobierno en general han manejado la situación. Las provocaciones de Chávez tienen la evidente intención de producir una reacción de Colombia que desemboque en un incidente. La cabeza fría del gobierno ha evitado que este caiga en la tentación de responder a estas provocaciones. Álvaro Uribe contaba, antes de este episodio, con el apoyo de más del 80 por ciento de sus compatriotas. En la actual coyuntura, el respaldo a su liderazgo es prácticamente unánime.