La teoría del fiscal del crimen en persona protegida

En la madrugada del miércoles en La Esperanza, en el municipio de Buenos Aires (Cauca), la columna Miller Perdomo de las FARC atacó a miembros de la fuerza pública de este departamento. En el hecho murieron 11 militares y 17 quedaron heridos.

El atentado movilizó a todos los organismos de control del Estado, entre ellos la Fiscalía General de la Nación. A primera hora, el jefe de ese organismo, Eduardo Montealegre, se desplazó al lugar de los hechos con un equipo de 15 personas encargadas de investigar el doloroso episodio.

Hacía el mediodía, cuando el jefe de Estado le anunció al país la reactivación de los bombardeos aéreos a los campamentos de las FARC, le dio la palabra al fiscal. Montealegre dijo que se trataba de una violación grave al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que era un crimen de guerra por parte de ese grupo armado ilegal, además de una violación clara a la tregua unilateral planteada por ellos mismos. “Es un homicidio a persona protegida”, aseguró.

Según el fiscal general, la Fiscalía puso como punto de partida de la investigación que los hechos debían ser juzgados desde el DIH y que, precisamente, el ente acusador enfocaría la indagación por “violaciones al DIH”. Muchos no entendieron el asunto  de “homicidio en persona protegida”. Por eso Semana.com consultó con expertos sobre este punto.

El Comité Internacional de la Cruz Roja señala que “se denomina personas protegidas a aquellas que, en tiempo de guerra, se benefician de la protección establecida en los tratados o en el derecho internacional humanitario consuetudinario”.

Añade la definición que “en particular, son personas protegidas los heridos, los enfermos, los prisioneros, los náufragos y los civiles que no participan directamente en las hostilidades. Así mismo, son personas protegidas el personal médico y religioso, los voluntarios de sociedades de socorro y los miembros de organismos de protección civil”.

Un asesor del despacho del fiscal explicó que este tipo de delitos “están prohibidos por el DIH y se considera un crimen de guerra matar a una persona protegida o matar a una persona fuera de combate” tal y como estaban -presumiblemente- los soldados en el momento del ataque, explicó el asesor.

Según el funcionario, es la mejor manera de acusarlos porque las consecuencias de calificarlos como crímenes de guerra es que el proceso no prescribe, las penas son mayores y no pueden ser amnistiados ni indultados.

El exmagistrado de la Corte Suprema Augusto Ibáñez está de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía. "Sí se debe enmarcar dentro del DIH porque estamos dentro de un diálogo de paz en el que existe un cese unilateral de hostilidades. Eso indica que el hecho fue un incumplimiento de lo propuesto". Es decir, según el abogado, es un crimen de guerra porque "no estaban en combate sino en cese de hostilidades".

Sin embargo, hay juristas que piensan diferente. Es el caso del constitucionalista Jaime Córdoba Triviño. Para él, “se trata de una típica emboscada. Ese no es un acto prohibido por el DIH, es un acto prohibido por el Código Penal. Eso es un homicidio agravado porque están en incapacidad de resistir”, aseguró Córdoba.

El jurista explica que si la Fiscalía lo presenta de esa manera, podría equivocarse si no tiene más pruebas para presentarse ante un juez.

Asimismo lo concluyó el abogado constitucionalista Alfredo Beltrán. Para el especialista, la Fiscalía deberá tener argumentos sólidos para demostrar si además de ser un homicidio con motivos de la guerra, ocurrió cuando las partes no estaban en combate. “Si el fiscal afirma que fueron crímenes de guerra y no durante la guerra (combate), habrá que ver las pruebas que tiene”, añadió Beltrán.

La Fiscalía inició una ardua investigación para dar con los responsables del homicidio de los militares. Hay que recordar que las FARC anunciaron un cese unilateral de hostilidades indefinido desde del 20 de enero. Este martes se incumplió y serán las autoridades quienes determinen lo que aquí ocurrió. El debate está abierto.