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| 6/6/2004 12:00:00 AM

Educación en valores

Una medida del Ministerio que permitió un alto incremento de las pensiones ha revivido el debate por el cobro de unos bonos claramente prohibidos por la ley.

Educación en valores La mayoría de colegios de calendario B aumentaron entre 20 y 70 por ciento el valor de las pensiones para los alumnos del primer grado de enseñanza. A pesar de esto, siguen cobrando los famosos bonos o aportes voluntarios.
Como si se tratara de una clase de trigonometría avanzada, muchos padres de familia aún no logran entender los cambios en las pensiones y los bonos que están registrando los colegios de calendario B y que este año también entrarán a regir para los demás colegios privados del país. Lo único claro es que tendrán que destinar mucho más dinero para pagar la educación de sus hijos.

En Bogotá colegios como el San Carlos, Santa Francisca Romana, English School, Nueva Granada, Abraham Lincoln y los Nogales, entre otros, anunciaron aumentos de matrículas para los alumnos nuevos del primer nivel que oscilan entre 20 y 70 por ciento.

Estos incrementos se originaron en la resolución 2616 de octubre de 2003. En esa norma el Ministerio estableció el procedimiento de autoevaluación de los colegios privados para fijar su ubicación dentro de uno de los tres regímenes definidos por la resolución.

En el primero están los ubicados en el esquema de libertad regulada, en teoría los mejores. Esos planteles, después de demostrar su modelo educativo, la idoneidad de sus docentes y la calidad de sus instalaciones, entre otros estándares, pueden fijar libremente el valor de la matrícula para los estudiantes nuevos, previa notificación a la secretaría de Educación respectiva. Para los alumnos de los otros niveles, el incremento no podrá superar el 8,5 por ciento.

En la otra categoría, denominada libertad vigilada, el colegio sólo puede cobrar matrículas y pensiones según la escala diseñada por el Ministerio, mientras que en la tercera categoría, el régimen controlado, la autoridad de educación le fija la tarifa al colegio por sometimiento voluntario o para evitar cobros abusivos.

Con la medida, explica la viceministra de Educación, Juana Inés Díaz, se busca premiar la calidad y la excelencia educativa de los mejores colegios para que en un proceso de ajuste gradual puedan balancear sus costos. "No es lo mismo un colegio que tiene pocos alumnos por curso, buenos docentes, excelentes locaciones, jornadas y clases extras, que uno que funciona en un garaje. Si los padres quieren una educación de calidad superior, pues lo lógico es que paguen por ella; eso sí, de manera libre".

Pero lo que el Ministerio desarrolló como una política clara para fijar precios, ya que los padres pueden acceder en cualquier momento para ver cómo el plantel educativo establece sus tarifas, se convirtió en una herramienta de algunos colegios para avalar los famosos 'bonos' (aportes, donaciones, pagos voluntarios...) y una vía expedita para salirse del control de las autoridades educativas.

Algunos padres de familia de Bogotá dicen que las instituciones les han anunciado que tras la autoevaluación, el Ministerio les autorizó un alto incremento. Cuentan que las instituciones les han argumentado que así se acabarán en un tiempo prudencial los 'bonos'. Así advierten un par de miembros de la Unión de Colegios Internacionales (Uncoli), que reúne 23 instituciones de educación internacional que hicieron parte del proceso de conciliación del manual de autoevaluación con la cartera de Educación.

Según las instituciones educativas, si antes un padre debía pagar 10 millones de pesos de bono al ingresar, esa cifra no se cobraría al comienzo sino que se pagaría durante los 11 o más años que dure el estudiante en la institución.

La viceministra Díaz dice que la medida nunca se expidió para acabar los bonos, ya que el artículo 203 de la ley 115 de 1994 ya prohibía expresamente que los colegios exigieran por sí mismos, o por medio de asociaciones de padres de familia u otras organizaciones cuotas, bonos o tarifas adicionales a matrículas, pensiones y otros cobros periódicos aprobados.

El problema es que los colegios presentan la decisión del Ministerio como una vía de legitimación de los bonos, y por eso la mayoría no solo aumentaron sus tarifas, sino los mismos bonos, lo que va en detrimento del patrimonio de los padres de familia.

Aunque son contados los colegios y sus asociaciones que no cobran bonos, pocos padres de familia se oponen a su pago, en parte porque creen que es legal o justo para el desarrollo del plantel, porque lo dicen hacer de manera voluntaria, porque están dentro de los demás papeles de inscripción y matrícula o por temor a que sus hijos no sean matriculados. A pesar de esta práctica, que permite recoger miles de millones de pesos al año, a la secretaría de Educación de Bogotá llegan pocas quejas.

Abel Rodríguez Céspedes, secretario de Educación, dice que en los últimos años sólo dos colegios han sido sancionados, mediante amonestación pública, por el cobro de bonos ya que la mayoría de casos se archivan. Al ser catalogadas como donaciones voluntarias, es difícil demostrar su inducción. "De todas formas invito a los propietarios y directores de colegios a que sean transparentes y cumplan con la ley como personas prestantes. Si lo que captan no les alcanza, pues que lo hagan públicamente y debatan el tema, pero sin recurrir a formas fraudulentas".

Aunque Jaime Acosta, presidente de la Junta de Uncoli, no atendió las llamadas de SEMANA, varios rectores argumentan que sin los bonos los colegios no podrían dar la educación de calidad que están ofreciendo ni tener buenas dotaciones locativas. Todo, como complemento de una ausencia clara del Estado en ofrecer educación de excelente calidad.

El abogado Mauricio Caballero demandó al Colegio Tilatá para exigir la devolución de los bonos y pagos extraordinarios que hizo por dos de sus hijos y apodera a otros padres contra ese mismo colegio y otros como el Anglo Colombiano. Según él, los bonos les han permitido a las instituciones que los cobran recaudar más de 100.000 millones de pesos en los últimos 20 años.

Caballero afirma que los colegios, "con una mano buscan todo tipo de triquiñuelas, esguinces y trampas legales para inducir a los padres al pago 'voluntario' de bonos, sabiendo que están abiertamente prohibidos por la ley, y con la otra dicen tener la experiencia y talante para educar a nuestros hijos y al futuro del país".

El ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández fue el ponente de un fallo que declaró inexequible el pago de los bonos escolares por bloquear el acceso de los niños y jóvenes a la educación, limitar la libertad de escogencia de los padres y atentar contra el derecho a la igualdad. El jurista advierte que la prohibición de estos cobros es tan absoluta que no pueden hacerlo directamente o por interpuesta persona, así sea una entidad sin ánimo de lucro, para burlar la ley. "Definitivamente en cualquier pago no verdadero y absolutamente voluntario hay un objeto ilícito".

Hernández y otros consideran que el Ministerio debe expedir una norma para que los colegios y sus fundaciones no obliguen el pago de las donaciones o bonos antes de las matrículas, sino después, con lo que los padres podrían decir libremente si quieren hacer o no el aporte.

Si bien la polémica sigue y seguramente también los cobros de bonos, Caballero invita "a todos los colombianos que pagaron este tipo de aportes en los últimos 20 años, de forma no 'voluntaria', para que exijan a los colegios a través de las autoridades judiciales, la restitución de su patrimonio familiar". Porque la ley, mientras esté vigente, es para cumplirla.

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