"El Alcalde de Bogotá no coordina, injiere o da órdenes en el tema de la contratación": Moreno

En la noche de este lunes la Contraloría General ordenó el embargo de bienes del alcalde Samuel Moreno, el exalcalde Luis Eduardo Garzón y otras personas que intervinieron en el proceso contractual para la construcción de la fase III de Transmilenio, que incluye la Calle 26 y la carrera Décima.
 
En las primeras horas de este martes el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, aseguró que una indagación preliminar "nunca le fue notificada" y que con respecto a la situación judicial del exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, el auto emitido los pone a ambos en "la misma situación".

Moreno aseguró que afortunadamente se pudo recuperar el anticipo por 69 mil millones de pesos y advirtió que anteriormente hubo un fallo similar a las conductas que hoy se investigan y que ese proceso ya se había archivado.

"Este es un auto que tenemos que respetar, acatar. Obviamente asumiremos nuestra defensa", dijo el alcalde Moreno en diálogo con periodistas.

Frente a la similitud de su caso judicial con el de Garzón, Moreno advirtió que el ente de control parte de un supuesto equivocado y "es la responsabilidad que tienen alcaldes en la contratación del Distrito".

Moreno precisó que el auto que lo involucra está fechado el 17 de diciembre de 2010, mientras que el de Garzón tiene la fecha de 20 de diciembre de este año.

El Alcalde descartó que se vaya a separar de su cargo para su defensa. "Yo tengo un mandato constitucional y un equipo de abogados en estos temas, estoy absolutamente tranquilo, confío en las autoridades y en los organismo de control".

"Agotaremos todas las instancias, asumiremos la defensa. Allí vamos a probar con hechos las actuaciones que hicimos, cómo protegimos el patrimonio de la ciudad", insistió.

Moreno reiteró que se está avanzando en la obra que es objeto de investigación por la Contraloría y que sobre esos avances "estaremos total y absolutamente dispuestos a contestar y asumir nuestra defensa".

El Alcalde dijo que confía "plenamente" en el debido proceso y advirtió que, según él, en la mayoría de los casos los alcaldes y gobernadores delegan el tema de la contratación: "el Alcalde de Bogotá no coordina, injiere o da órdenes en el tema de la contratación".

"Bogotá tiene un régimen constitucional especial. Tiene un decreto ley de las funciones de los diferentes sectores y cada entidad es autónoma", sostuvo.

Frente a la medida del embargo de sus bienes, el Alcalde dijo que sólo tiene un apartamento donde vive hace unos 20 años y sus cuentas bancarias, de las cuales rindió cuenta cuando comenzó su vida pública. Moreno aseguró que no comparte bienes con su hermano Iván Moreno, investigado en el escándalo del 'carrusel de la contratación'.

"Sólo tengo lo que está en esas cuentas bancarias, fruto de los sueldos y las prestaciones y salarios que hemos recibido en 20 años de servicio, 15 en el Congreso de la República y lo que llevo en la Alcaldía", agregó.

Moreno le reiteró a los medios que sus actuaciones han sido públicas: "He actuado ajustado a las normas y a la ley".

"No me queda más que acatar las decisiones": Lucho Garzón

Por su parte, el exalcalde de Bogotá y presidente del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, advirtió en entrevista con Caracol Radio que aún no ha sido notificado de la medida y que conoció el auto esta madrugada.

Garzón aseguró que asumirá el proceso como deber de cualquier funcionario público y precisó que aunque ha recibido mensajes de apoyo de los miembros del Partido Verde, no sabe si continuará en la vocería de la colectividad.

"No me queda más que acatar las decisiones. No sé si renunciaré a la vocería, hay que ver si esta decisión afecta la línea del partido y me cancelan el contrato".

El excalde aseguró que frente al posible embargo de sus bienes sólo tiene "un apartamento, un sandero, y un sueldo de 3.200.000 pesos".

El director del Partido Verde se negó a emitir un concepto frente a la situación judicial del alcalde mayor Samuel Moreno.
 
Garzón aseguró que los procesos de adjudicación y ejecución de obras en Bogotá son intensos y las decisiones se toman basadas en estudios y no de un momento a otro.
 
El exalcalde de Medellín y líder del movimiento Compromiso Ciudadano, Sergio Fajardo, expresó su apoyo a Luis Eduardo Garzón. “He venido trabajando con él hace varios meses y de este tema hemos conversado en más de un oportunidad. (El tema) lo mortifica porque siempre está preocupado por asumir la responsabilidad por lo que hizo en la Alcaldía”, relató en entrevista con Caracol Radio.

“Confío en Lucho y en su honradez. El sello verde es responder por lo que hemos hecho y vamos a hacer. Lucho no salió a insultar o a ser irrespetuoso, sino a responder y así honra al Partido Verde”, insistió.

Fajardo confesó su admiración por la contralora Sandra Morelli: “Es una mujer seria que le va a dar un futuro muy grande a la Contraloría”.

El exalcalde de Medellín lamentó la situación de la obras en la Calle 26. “Lo que ha venido ocurriendo en Bogotá es una calamidad ética. Esto está pasando en el corazón de la capital, en la Calle 26, que es emblemática para el país al ser la primera calle de Colombia”, sostuvo.

Frente a la situación judicial del alcalde de Bogotá, Fajardo mostró su preocupación por el funcionario: “El alcalde Moreno está en un problema serio y me imagino que sus días serán muy amargos”.
 
La decisión

Según la contralora general, Sandra Morelli, durante el proceso de contratación se encontraron inconsistencias que habrían llevado a un detrimento patrimonial de 200 mil millones de pesos.
 
"Todas las personas que han intervenido en ese proceso contractual: el ex alcalde Garzón, el actual alcalde, los operadores del gasto, los directivos del IDU, interventorías y los miembros de los consorcios, son tomados en la decisión como eventuales responsables y en esa medida se decretan medidas cautelares", aseguró la Contralora a Caracol Radio.

La funcionaria aclaró, en el noticiero RCN, que la orden de embargo también incluye al director del IDU, Néstor Eugenio Ramírez, y a su antecesora Liliana Pardo.

Morelli explicó que es "muy probable" que las obras (por la Calle 26) se hubieran adjudicado sin los estudios suficientes, además de "desfases importantes" durante la ejecución del contrato.

"Luego, cuando se optó por imponer multas, posteriormente se condonaron esas multas y finalmente se cedió el contrato. Pero, si se compara el contrato original con el cedido, hay diferencias sustanciales en cuanto a los tiempos, costos, incluso modalidades de contratación", agregó Morelli.