"El anterior gobierno no quería admitir que en el país hay maltrato y tortura en cárceles"

“Había sido difícil encontrar una buena respuesta del Gobierno frente a la idea de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas (OPCAT)) sobre todo porque veíamos que al anterior presidente (Álvaro Uribe) le costaba aceptar la posibilidad de que en Colombia sí existiera la tortura”. Las palabras son de Mark Thomson, secretario general de la Asociación para la prevención de la tortura (APT), quien estuvo en Colombia la última semana de febrero.

Durante su visita, lo que se encontró -dice- es sorprendente. Por primera vez sintió que existe disposición para que ratifique este protocolo. "Se ve un buen camino. Es un desafío para el país adoptar medidas que prevengan, pero sobre todo que lleguen al fondo, a las causas de torturas y violación de derechos humanos en el país", señala Thomson, quien en su paso por Colombia se reunió con la oficina de derechos humanos de la Cancillería y con el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

"Por primera vez (luego de varios intentos fallidos con el gobierno anterior) vemos que se puede cambiar de diálogo en cuanto a derechos humanos y reconocer que a las personas privadas de la libertad también se les debe respetar", asegura el presidente de la APT.

Y es que al ratificar o adherir al OPCAT, los Estados parte aceptan que órganos expertos independientes en los niveles nacional o internacional efectúen visitas a lugares de detención sin previo aviso. Hasta el 31 de enero de este año, 62 Estados del mundo lo habían adoptado o ratificado, de los cuales 14 en América Latina. Colombia, según Thomson, va por buen camino.

La idea de que en un futuro cercano se ratifique dicho protocolo es un paso importante. Ana María Díaz, miembro de la Coalición Colombiana Contra la Tortura, dice que acercarse a la ratificación del protocolo "sería una manifestación de voluntad del Gobierno de aceptar un mecanismo de control que permita dar un paso hacia la superación de la tortura".

El más reciente informe de la Coalición sobre este tema (2009-2010), presentado el año anterior, muestra un panorama preocupante en torno a las principales violaciones y torturas a las que se ven expuestas las personas detenidas.

"El 17 de diciembre del 2010, los detenidos políticos recluidos en el Pabellón tres (3) en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana seguridad de Girón (Santander) denunciaron el grave estado de salud en que se encontraba el detenido José Albeiro Manjarrés Cupitre y la falta de atención eficaz de parte del INPEC para su recuperación. Dicha inasistencia, según la denuncia, lo llevó a la muerte el 8 de enero del 2011", cuenta el informe, que también muestra cómo la tortura y el maltrato no se dan solamente en el aspecto físico, sino también en las condiciones de infraestructura.

"El drástico incremento de la población reclusa responde a la aplicación rígida de una política criminal caracterizada por el aumento de penas, las medidas restrictivas de la libertad, el abuso de la figura de la detención preventiva", dice el documento que cita cifras de INPEC.

"Para mayo del 2010, de las 80.490 personas privadas de libertad, 26.291 tenían calidad de sindicadas, 35.888 estaban condenadas en primera instancia y 18.311 habían recibido condena en segunda instancia. Es decir que tan solo el 22,7% de la población reclusa se encontraba condenado en segunda instancia. Si a estas cifras se agrega el hecho de que existen personas con más de cinco años de encarcelamiento sin que se haya resuelto su situación jurídica definitiva, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que existe un marcado abuso de la detención preventiva en el país".

"Desde hace varios años la coalición está impulsando la ratificación con el ánimo de que nos permita implementar un sistema de visitas por parte de entes independientes en los centros carcelarios (...) por eso, que ahora Colombia esté dando muestras de su interés por ratificarlo es un paso muy grande", señala Díaz.

Para Thomson, la importancia de lograr condiciones óptimas en las cárceles no sólo se traduce en el tema de la sobrepoblación. "Ese es un aspecto clave, cierto, tenemos el ejemplo de lo que acaba de pasar en Honduras. Pero también hay que entrar a hablar del tema de si está funcionando o no el sistema de justicia en Colombia", señala el experto, quien considera de respetuosa y responsable la disposición que da el Gobierno hacia una posible ratificación del protocolo contra la tortura.

El informe de la Coalición señala que durante el 2010 y el 2011 "la tortura se continúo practicando en Colombia. Por ejemplo, la Defensoría del pueblo del departamento de Cesar reporta en el establecimiento de alta seguridad de Valledupar un total de 220 quejas de internos contra funcionarios del INPEC, de las cuales 46 son por maltrato físico, tratos crueles, inhumanos o degradantes".

Díaz recuerda que no sólo la Coalición o la APT han insistido en la ratificación de este protocolo. También lo hizo recientemente la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que instó al Gobierno a ratificar dicho protocolo.

¿Cuál es el paso a seguir? El secretario de la APT es claro en decir que aunque no hay nada concreto aún, quedó la puerta abierta para una próxima visita que -según él- podría ser un paso más hacia "ese esperado sí de Colombia".

Al panorama de las cárceles se suma, según la Coalición, "la persistencia de la impunidad en el delito de tortura en los centros carcelarios por la falta de investigaciones penales por este crimen de lesa humanidad. Las personas que se atreven a denunciar son objeto de presiones y retaliaciones que en el ámbito carcelario suceden con facilidad, ya que por lo general el victimario permanece a cargo del cuidado y la custodia de la víctima. Las pocas denuncias que llegan al sistema penal son indebidamente tipificadas como simples lesiones personales".

El vicepresidente, Angelino Garzón, ya se había manifestado (en diciembre del 2010) apoyando la ratificación. Ahora , según el presidente de APT, lo hacen otras instancias del Gobierno.