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El asilo del golpista

Pedro Carmona puso a prueba las relaciones con el gobierno de Chávez. ¿Por qué se concedió su asilo?, 50917

2 de junio de 2002

La llegada de Pedro Carmona Estanga al aeropuerto militar de Catam, en Bogotá, fue el cierre de capítulo de un episodio que tuvo la potencialidad de convertirse en un verdadero desastre en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Al hacer el balance lo cierto es que la diplomacia colombiana salió bien librada aunque la decisión de concederle el asilo haya sido objeto de controversia en Venezuela.

Carmona Estanga, cabeza visible del intento de golpe cívico-militar contra Hugo Chávez, tocó el timbre de la residencia del embajador colombiano Germán Bula el 16 de mayo muy temprano en la mañana. Había tomado la decisión de asilarse luego de que la sala sexta de la Corte de Apelaciones ordenara quitarle la casa por cárcel, (que le había sido concedida al ser juzgado por el delito de usurpación de funciones), y trasladarlo a un centro de reclusión por considerarlo responsable del delito más grave de rebelión.

La petición de asilo fue presentada inmediatamente y el embajador Bula, quien se hallaba en Estados Unidos en una celebración familiar, tuvo que regresar a marchas forzadas. La Cancillería de Colombia no perdió mucho tiempo en otorgarle el asilo al peticionario. El documento respectivo salió el domingo en la noche, lo que inició el proceso para pedir al gobierno venezolano el salvoconducto de salida del país. Aunque el lunes el propio presidente Chávez anunció su intención de expedir el documento todavía faltaba lo más tenso de la operación. El gobierno, efectivamente, entregó un salvoconducto, vigente sólo por 24 horas, lo que hizo necesario que el embajador coordinara la salida a marchas forzadas. “Teníamos todo listo, dijo Bula a SEMANA, para tomar el avión por el aeropuerto de La Carlota pero a última hora fue necesario tomarlo en Maiquetía, a más de una hora. El gobierno consideró que los riesgos de seguridad eran enormes, por los sectores que se atraviesan, y por eso se organizó una caravana terrestre que no se había visto en esta ciudad”.

Para Colombia la decisión no fue difícil pues el caso de Carmona calificaba claramente como acreedor del derecho de asilo, una figura contemplada en varios tratados internacionales que ha sido desarrollada principalmente en América Latina y de la que el país ha sido gran defensor.

Pero en Venezuela la controversia se planteó entre la posición de la Fiscalía, según la cual Carmona era reo de delitos comunes como rebelión, usurpación de funciones y, por último, fuga de su prisión domiciliaria y, por lo tanto, no podía ser objeto del derecho de asilo, y la de los abogados defensores del empresario, para quienes el poder judicial ha violado los derechos procesales del inculpado al fallar de fondo en un auto procedimental, en una decisión de carácter eminentemente político que lo convertía en un perseguido de esa índole. Como telón de fondo los chavistas de extrema sostenían que Colombia había intervenido en los asuntos internos de Venezuela.

Sin embargo, a juicio de los expertos consultados por SEMANA, en ninguno de esos temas hay muchas dudas. Lo cierto es que el propio gobierno de Chávez reconoció rápidamente la validez de la posición de Colombia al otorgarle el salvoconducto. Y que la intervención en asuntos internos es un tema completamente ajeno al derecho de asilo. Como dijo Bula a SEMANA, “se trata de compartimentos estancos. Si el derecho de asilo implicara intervención simplemente no existiría. La concesión del asilo no significa, como dijeron, que Pastrana es antichavista, como quieren argumentar algunos”.

Lo cierto es que Colombia tiene una larga tradición de respeto y defensa del derecho de asilo, de la cual el caso más sonado es el del político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, dirigente de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra), quien se refugió en la embajada de Colombia el 3 de enero de 1949, algunos meses después de intentar un golpe militar. Colombia libró una dura batalla legal por conseguir el salvoconducto, que sólo fue expedido varios años después. Lo que es diciente es que se trataba del gobierno de Mariano Ospina Pérez, de un signo político radicalmente opuesto al de Haya de la Torre.