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El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego (derecha), el ministro consejero presidencial, Óscar Iván Zuluaga (centro) y el director de Invías, Mauricio Ramírez, pensaron que habían firmado el último capítulo del caso Commsa. Estaban equivocados

El calvario de Commsa

Por el arreglo al que llegó el gobierno con los constructores españoles, el Estado podría perder más de 253.000 millones de pesos. Preocupación de la Procuraduría y del Congreso.

18 de noviembre de 2006

Hace dos meses, los gobiernos de Colombia y España estaban que no se cambiaban por nadie. Habían logrado arreglar por las buenas un pleito que duró seis años, desde cuando el Concesionario del Magdalena Medio (Commsa) incumplió con el contrato de la construcción de la vía Tobía Grande-Puerto Salgar, adjudicado en 1997 y del cual el gobierno del presidente Andrés Pastrana había entregado 77 millones de dólares para el inicio de las obras.

Desde esa época, los dos últimos gobiernos tuvieron que cargar una cruz a cuestas. Cinco empresarios colombianos y cinco españoles fueron llamados a juicio por la Fiscalía. El lobby diplomático ante el gobierno español para llegar a un buen arreglo fue intenso. El caso pasó por todas las instancias judiciales, mientras los colombianos veían frustrado el proyecto de ingeniería más grande del país, conocido también como la troncal del Magdalena Medio.

Pero en septiembre pasado todo este lío se dio por terminado. Con bombos y platillos celebraron y anunciaron un acuerdo el Invías, el Ministerio de Transporte, los 12 accionistas de Commsa y hasta la propia Presidencia de la República. En la conciliación, el consorcio colombo-español se comprometió a liberar 130.000 millones de pesos que se encuentran consignados en una fiduciaria y a pagarle al Invías 100.000 millones de pesos de multa por los daños causados por el incumplimiento de la obra, o sea los 77 millones de dólares que inicialmente había aportado el gobierno anterior.

Sin embargo, la semana pasada, el procurador Edgardo Maya les aguó la fiesta. Frenó el acuerdo y solicitó, al Instituto y al Ministerio, realizar un nuevo peritazgo para saber si las cifras del daño que ocasionó Commsa por incumplir el contrato están bien calculadas. No obstante, el senador Javier Cáceres ya hizo el ejercicio contable y lo revelará esta semana en un debate en el Congreso .

El congresista cartagenero no podía quedarse atrás. Al fin y al cabo, dio su salto político en 1999 cuando, muy bien documentado, sorprendió al país en un caluroso debate en el Congreso, en el que se conoció la conciliación que por 26.000 millones de pesos había realizado el Ministerio de Transporte, en cabeza de Mauricio Cárdenas.

Esta vez hablará de la conciliación entre el Invías y Commsa y de una suma superior a los 253.000 millones de pesos que podría perder el Estado por ese acuerdo. Esta multimillonaria suma se le fue escapando de las manos al Invías poco a poco en el último año, después de 60 reuniones entre funcionarios de los gobiernos de Colombia y España. Pero ¿cómo fue que cambió la luz verde de una conciliación exitosa a la alerta roja de un posible detrimento al erario?

En septiembre del año pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró un mandamiento de pago contra Commsa por 137 millones de dólares, por la caducidad del contrato y por los daños y perjuicios que pudo sufrir el Invías. Dijo que la suma se podía cancelar en pesos, pero liquidados al precio del dólar del día en que se hiciera efectivo el pago. Y fuera de eso, decretó la cancelación de los intereses causados desde cuando se firmó el contrato, o sea desde 1997.

Al mes, en octubre de 2005, el Invías confirmó todas estas cifras del Tribunal mediante la resolución 5435, pero incluyó además 24.000 millones de pesos que Commsa usó indebidamente, según el Instituto. Sin embargo, al año todo cambió. Las cifras ya no eran las mismas. El acuerdo firmado hace dos meses contempla que Commsa le pagará al Instituto 77 millones de dólares que fueron liquidados con la tasa cambiaria de hace nueve años. Para nada se habla de intereses y tampoco incluye los 24.000 millones de pesos que malgastó el consorcio. Y ambas partes se comprometieron a renunciar a cualquier acción judicial o pretensión económica futura con ocasión de los procesos judiciales surgidos en torno al contrato de 1997 .

Eso explica por qué los 12 accionistas del consorcio estaban tan felices, pero no se entiende la misma actitud de los funcionarios del gobierno colombiano si se analiza la diferencia en las cifras que se pactaron.

En plata blanca, si el Tribunal ordenaba que se pagaran 137 millones de dólares y se concilió por 77 millones de dólares, se le hizo una rebaja a Commsa de 60 millones de dólares, o sea unos 144.000 millones de pesos calculados al precio de la divisa de septiembre pasado. Fuera de eso, el consorcio cancelaría los 77 millones de dólares al precio de la divisa de hace nueve años, cuando el dólar costaba 1.296 pesos y no 2.398 como cuando se firmó el acuerdo el pasado 20 de septiembre. Esa diferencia cambiaria de 1.102 pesos por dólar arroja otros 84.978 millones de pesos que se le fueron de las manos al Invías, según los cálculos que presentará Cáceres en el Congreso. Tampoco se contemplaron los 24.000 millones que malgastó el consorcio, y mucho menos se habló de pagar los intereses causados de nueve años. Entonces, si se suman los 144.000 millones, los 84.978 millones y los 24.000 millones, da un gran total de 253.000 millones de pesos que desaparecieron como por encanto.

SEMANA trató infructuosamente de hablar con el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, sobre el tema. Falta ver quién será el encargado del gobierno que tendrá que explicarle al país esa diferencia.