El cambio no fue radical

La purga de las listas de Cambio Radical, anunciada con bombos y platillos por el director del Partido y candidato a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, está a punto de frustrarse. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó sin piso la petición que buscaba retirarles el aval a 60 candidatos: 51 investigados por delitos graves y nueve por "inconveniencia política". Ese argumento "no es una causal para inhabilitar a un candidato", sentenció el presidente del CNE, José Joaquín Vives.

Después de cinco reuniones, seis magistrados -de nueve que integran la sala- votaron a favor de la ponencia del consejero Luis Bernardo Franco. El fallo sostiene que los argumentos para revocar una inscripción deben ser jurídicos y no políticos.

La ponencia, en una primera instancia, fue asumida por el magistrado Juan Pablo Cepero, quien argumentó que las solicitudes de revocatoria hechas por el director de un partido producen la anulación de la inscripción. En su criterio, "no podemos condenar a un partido a sufrir las consecuencias de un error, cuando intenta corregirlo". Su tesis fue derrotada a comienzos de la semana pasada y, por esta razón, el proceso pasó al magistrado Franco.

Según el fallo, los partidos tienen la facultad discrecional de revocar avales, pero dentro de los términos legales. Y estos se habían vencido cuando Galán anunció la purga. En ese entonces, 18 de agosto, el director del partido pidió revocar las inscripciones de 308 candidatos.

La Reforma Política prohíbe la inscripción de los condenados o sancionados, por lo que el CNE revocó las de 171 candidatos, pues la inhabilidad es flagrante. Pero en 51 casos -de candidatos procesados por delitos de lesa humanidad, narcotráfico o relación con grupos ilegales- no hay sentencias y el CNE argumenta que nada puede hacer. El problema es que esa misma ley responsabiliza a los dirigentes de las organizaciones políticas por dejar entrar a los colados, razón por la cual Galán anunció que acudirá a otras instancias. Aunque salvó su responsabilidad política, es improbable que logre impedir que sigan haciendo campaña.

Ahora, Cambio Radical no solo deberá cargar el lastre de haber avalado a candidatos como Julio César Acosta, quien aspira al Concejo de Bogotá, acusado de haberse reunido con un jefe paramilitar del Tolima. O de haber auspiciado la candidatura de José Luis Pinedo a la Gobernación de Magdalena, quien es hijo del exsenador Miguel Pinedo, uno de los primeros condenados por parapolítica. También deberá enfrentarse a los eventuales procesos en caso de que algún candidato sospechoso resulte condenado, así no sea elegido. Todo, por no haber actuado a tiempo.

El enredo ha sido incómodo para Galán. Le ha dado municiones a sus rivales que, encabezados por Gina Parody, reclaman que Cambio Radical no escuchó las denuncias sobre la presencia de nombres cuestionados. Y lo ha obligado, como candidato y jefe del partido, a responder por el tema y a dejar de lado sus propuestas sobre la ciudad. Sin embargo, el lío también le ha generado la atención de los medios, y su intención de purgar las candidaturas ha sido bien recibida y lo han impulsado en las encuestas.

Falta ver si Carlos Fernando Galán supera el impasse y logra atención para sus propuestas y su programa en las cinco semanas que restan en la recta final de la campaña. Porque todo indica que los nueve candidatos considerados de "inconveniencia política" seguirán allí y que a Galán le tocará, en ese periodo, seguir durmiendo con el enemigo.