El candidato Uribe

Incluso para algunos de los colaboradores más cercanos del presidente Álvaro Uribe, el anuncio de que su fórmula para las elecciones del año próximo será otra vez Francisco Santos fue toda una sorpresa. La noticia se filtró al día siguiente de una reunión del primer mandatario con la bancada del Partido Conservador, en la que también mencionó su intención de anunciar su candidatura -una obligación según la ley de garantías aprobada por el Congreso en su última legislatura- desde San Vicente del Caguán. Horas después de conocerse ambas versiones, la Casa de Nariño confirmó que Santos seguirá como compañero de fórmula, pero desmintió la versión de la postulación desde la antigua zona de distensión. El anecdótico episodio es muy elocuente sobre el escaso nivel de elaboración que tiene, hasta ahora, la campaña del presidente Uribe. Cómo se organizará y cuál será la estrategia, son temas que se han conversado informalmente entre los asesores de Uribe, pero aún no han tenido respuestas del Presidente. Y en esta materia, como en casi todas, no se mueve una hoja mientras no haya una instrucción del jefe máximo. Uribe no tiene todavía ideas definidas sobre la manera como conducirá la campaña. Después de haber mencionado, en la reunión con los conservadores, la intención de lanzarse desde el Caguán -que se la había sugerido su consejero de comunicaciones, Jaime Bermúdez-, se echó para atrás como resultado de una discusión informal que se produjo en el avión presidencial el jueves en la tarde, al regreso de Popayán, en la que algunos de los presentes -como Beatriz Londoño, directora del Icbf- le comentaron al Presidente que ese gesto enviaría la señal de que la prioridad para el segundo cuatrienio volverá a ser la seguridad y que les dejaría a sus rivales el campo abierto para plantear que lo que se necesita ahora es un gobierno dedicado a lo social. El dilema existe. Uribe fue elegido por su posición crítica hacia el proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana. Sus altos índices de aprobación -69 por ciento de opinión favorable en la última encuesta Invamer-Gallup- se deben fundamentalmente a que los colombianos consideran que la guerra contra las Farc ha sido exitosa. Un 73 por ciento considera que el país hoy es más seguro que hace un año. Y la justificación misma de la polémica reforma constitucional que permite la reelección se basa, en palabras del propio Uribe, en que "la serpiente (la guerrilla) todavía está viva" y se necesita más tiempo para acabarla. La imagen del primer mandatario está ligada a este tema y ningún estratega electoral quisiera ponerla en tela de juicio. De cuenta de la credibilidad que genera su papel como comandante en jefe, Uribe tiene prácticamente asegurada la reelección. La idea de hacer un acto simbólico para anunciar la candidatura habría buscado reafirmarla. Además, ante las normas incluidas en la ley de garantías, fortalecidas por la Corte Constitucional, se establece un derecho de réplica que seguramente será utilizado por los competidores de Uribe para buscar espacio en los medios de comunicación. Después de que el precandidato liberal Horacio Serpa solicitó un consejo comunitario para responder con su posición contra el TLC -luego que Uribe había hecho uno para darle su apoyo- en el uribismo hay preocupación por el abuso que puedan darle los demás candidatos a esta figura. La réplica, cuyo manejo según el fallo de la Corte conocido el jueves pasado está en manos del Consejo Nacional Electoral. Un organismo que en Palacio consideran politizado y de gran influencia del oficialismo liberal. Uribe, en consecuencia, debe hacer más actos de corte presidencial que de candidato, para blindarse contra esa estrategia. Y no hay nada más propio del jefe de Estado que su condición de jefe de las Fuerzas Armadas. Por eso le han dicho a Uribe que insista en su discurso contra la guerrilla. Pero hay otra línea de pensamiento en los más altos círculos del uribismo. Una que considera que la bandera de la mano dura ya la tiene el Presidente-candidato y nadie puede quitársela. El discurso de la mayoría de los competidores tiende a favorecer la continuidad de la seguridad democrática, y cuando en una campaña un tema reúne consenso, deja de ser importante para el marketing. En cambio, las encuestas indican que en los aspectos económicos y sociales la gestión del actual gobierno es la peor calificada. En la última encuesta Invamer-Gallup, tanto en el costo de la vida como en el desempleo, los ciudadanos de las principales ciudades tienen una evaluación negativa más alta que la positiva. El mismo estudio indica, además, que la economía y el empleo son más importantes para los electores de 2006 que la seguridad (46 versus 30. Ver cuadros). Y muestra, frente a la encuesta anterior, que la imagen de Uribe, aunque sigue muy alta, ha bajado. Cayó en 8 puntos en dos meses y el apoyo a la reelección, en 4. La estrategia de Uribe para la campaña, según este análisis, tendría que hacer más énfasis en el corazón grande que en la mano dura. Algo que motiva al propio Presidente, quien en varias ocasiones se ha quejado porque ni los medios de comunicación ni sus propias estrategias de propaganda han mostrado las grandes inversiones y los programas en temas como la salud y la educación. No le reconocen, tampoco, que en los últimos tres años ha bajado el desempleo. Escoger una bandera entre seguridad y lo social no es el único dilema inconcluso de la campaña del Presidente-candidato. Hay distintas teorías también sobre la manera como se debe organizar. La primera la comparte un grupo de asesores que considera que gobernar es la mejor campaña. En otras palabras, que Uribe debe seguir haciendo lo que siempre hace. No cambiar de agenda, ni su estilo itinerante, que lo acerca a la gente y lo convierte en noticia. Además de que así transmite mensajes positivos para su imagen y su estrategia, evita las críticas por utilizar el cargo como plataforma proselitista y por abandonar la conducción del país para hacer politiquería. Con este razonamiento le bajaron el tono al anuncio que, por ley, debe hacer este fin de semana sobre sus intenciones de participar en las elecciones. Es más lógico postergar hasta el 28 de enero, máximo plazo establecido por la normatividad vigente para inscribir candidaturas, todos los actos de propaganda propiamente electoral. Si este esquema, el de la campaña mínima, se impone, la mayoría de los asesores y colaboradores de la Casa de Nariño se quedarían en sus cargos. Uribe ha autorizado la apertura de sedes regionales, porque considera que durante una campaña se necesita abrir espacios de participación para todos aquellos que ofrecen apoyo y ayuda. Es decir, para los espontáneos de siempre, que se multiplican con la figura del Presidente-candidato. Pero también hay quienes piensan que se debe hacer una campaña con todas las de la ley. Por una parte, porque no se puede correr riesgos. La estrategia para el referendo de octubre de 2003 se equivocó por sobreestimar la capacidad de convertir en votos los altos índices de simpatía que tiene Uribe entre los colombianos, y quieren minimizar un riesgo semejante. La percepción de que Uribe no necesita hacer nada para ganar se puede confundir con la crítica de que el ejercicio de su cargo le garantiza la victoria y de que, en consecuencia, no hay una verdadera competencia ni garantías para los demás. Bajo esta visión, algunos miembros del gobierno -colaboradores de Palacio- se retirarán a trabajar en la sede central, en la calle 72 de Bogotá, junto a la iglesia de la Enseñanza, en la casa que se ha hecho famosa porque les ha servido de oficinas de campaña a Noemí Sanín, Enrique Peñalosa, María Emma Mejía y Andrés Pastrana. Tanto en las elecciones de hace cuatro años, como en las del referendo, Uribe ha preferido las organizaciones muy pequeñas, ágiles y poco costosas. Los equipos reducidos le permiten manejar todo y personalizar la estrategia. El Presidente no cree en planes sofisticados. Prefiere el contacto directo y la acción permanente del candidato. Fue su esquema en 2003, en las últimas dos semanas con el cual, aunque sólo pasó una de las 15 preguntas del referendo, le dio un giro favorable a las encuestas y estuvo a punto de lograr la aprobación de un cuestionario polémico, impopular y confuso. Lo más probable es que ahora repita esta concepción. El equipo directivo será el mismo de la campaña de 2002. Fabio Echeverri Correa volverá a ser el gerente general -para lo cual renunciará a su cargo como asesor presidencial- y estarán a su lado José Roberto Arango, ex alto consejero; Alberto Velásquez; Luis Guillermo Giraldo -actual embajador en México-, y la experta en estrategia electoral Gloriza Ramírez. De Palacio saldrá Jaime Bermúdez, y el Presidente está considerando la posibilidad de que se sumen Any Vásquez, actual coordinadora de los consejos comunales; Ricardo Galán, el jefe de prensa de la presidencia que cumplió idéntica función hace cuatro años, y Alicia Arango, la secretaria privada. A finales de la semana pasada, ante las insistentes preguntas del personal de Palacio, Uribe les anticipó que quiere separar tajantemente las organizaciones del gobierno de las de la campaña, para evitar problemas. Sobre todo después de que la Corte Constitucional, en el fallo sobre la ley de garantías, sólo permitió la participación en política del Presidente y el Vicepresidente, pero mantuvo la prohibición para todos los demás empleados oficiales. Este equipo refleja también la preferencia del actual Presidente por trabajar con la misma gente. La continuidad de Francisco Santos en la fórmula tiene que ver con la lealtad que siente hacia quienes le han servido con compromiso. Esta decisión evita que sectores de diversa naturaleza -el Partido conservador y la bancada costeña, por ejemplo- se sientan heridos porque no se cumple su aspiración de verse representados con un vicepresidente de su seno. La continuidad es además el principal argumento que tiene Uribe para demandar un segundo período, y un cambio de copiloto suena más a cambio que a mantener la línea. Y la teoría que les expuso a los conservadores es válida: en casi todos los países en que hay reelección y Vicepresidente elegido en la misma fórmula del Presidente, lo normal es que no haya cambio. La otra decisión que ya tomó el presidente Uribe se refiere a la forma como inscribirá su candidatura, a finales de enero. Después de evaluar la posibilidad de hacerlo a nombre de alguno de los partidos uribistas existentes, o de una fusión de ellos, optó por hacerlo con el respaldo de firmas ciudadanas. Una alternativa que brinda la Constitución para aspirantes que no provienen de algún partido. Se requiere un 4 por ciento de los votantes de la elección anterior, que en números redondos asciende a 350.000. La campaña uribista saldrá de inmediato en busca de más de un millón de firmas, para evitar riesgos y, de paso, crear un hecho político: una señal de la simpatía que despierta la candidatura del Presidente. La inscripción por firmas se debe a razones prácticas y estratégicas. Entre las primeras figura una norma según la cual sólo pueden recibir anticipos de recursos estatales para financiar la campaña los partidos que superan un 4 por ciento del voto total de las últimas elecciones. Ninguna de las alternativas realizadas cumple con este requisito. Entre las segundas, las de tipo político, aparece el argumento de que la imagen de un independiente se fortalece si no es abanderado de algún partido, sino de ciudadanos de carne y hueso. ¿Qué sigue ahora? Con las postulaciones de sus nombres ante la Registraduría, Álvaro Uribe y Francisco Santos tienen, a partir de ahora, las obligaciones propias de sus cargos y las restricciones que el Congreso y la Corte establecieron para los candidatos. A partir de esta semana sólo podrán hacer nombramientos que no impliquen incrementos de la nómina y que reemplacen vacantes. También habrá controles sobre la firma de contratos y apropiación de gastos, limitados ahora en forma exclusiva a funciones propias del gobierno. Los consejos comunitarios de los sábados no se volverán a transmitir. Y todas sus apariciones en televisión serán contabilizadas por el Consejo Electoral como tiempo de campaña que los noticieros y la radio deben equilibrar para todos los demás candidatos. En la práctica, sin embargo, el anuncio no se va a sentir en un gran cambio de la dinámica noticiosa. Ante los ojos de los medios y de los ciudadanos, Uribe hace rato es candidato. Todos sus actos son vistos como proselitistas. Más aun con el gusto que tiene por eventos como el de la devolución de la medalla de bronce de María Luisa Calle, que se llevó a cabo en medio de lágrimas y cámaras el miércoles pasado en la noche. Es probable que ningún presidente dejaría de presidir un evento así. Hasta el frío y distante Virgilio Barco se puso la camiseta de Lucho Herrera en un balcón de la Casa de Nariño. Pero el de María Luisa es el mejor ejemplo de que el mandatario en ejercicio tiene oportunidades mediáticas y proselitistas que no tienen sus competidores. Y que Uribe sabe aprovechar mejor que cualquiera de sus antecesores.