El caos del IDU

La incapacidad del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para sacar adelante los proyectos a su cargo ya desbordó la paciencia de los bogotanos. Y cada vez es menor la tolerancia de los capitalinos al llamado a la comprensión que hace la administración distrital, con el argumento de que se está frente a obras de gran complejidad como lo es la actual Fase III de TransMilenio, cuya ejecución tiene colapsada a media ciudad.

No es la primera vez que Bogotá sufre importantes traumatismos por cuenta de las megaobras. Desde la construcción de la Troncal de la Caracas a finales de los años 80, pasando por las dos etapas anteriores de TransMilenio, son múltiples los proyectos que han tenido gran impacto durante su realización, algo que con estoicismo los ciudadanos han aprendido a aceptar, pues ya conocen los beneficios que quedan luego que las máquinas y los obreros se van. De ahí que cuando el alcalde Samuel Moreno explicó a los bogotanos la necesidad de ampliar la restricción del Pico y Placa y pidió paciencia debido a que se venían grandes obras que transformarían a Bogotá, la espuma de los inconformes bajó rápidamente y con resignación se acogió la medida. Al fin y al cabo, todo era provisional.

Como en teoría todo estaba planeado, no sorprendió que una de las primeras obras que autorizó el IDU para el TransMilenio fue demoler el puente de la calle 26 al frente del Concejo de Bogotá. Este lugar es un cruce de varias concurridas avenidas, y es vital para el ingreso al centro de la ciudad. Se buscaba que la agilidad en la construcción del paso deprimido que reemplazaría el puente fuera un ejemplo de cómo avanzarían todas las obras de la Fase III, que se extiende por varios kilómetros e incluye la intervención de la carrera décima desde el sur de la ciudad hasta la calle 26, para luego continuar hasta el aeropuerto El Dorado. Pero resultó siendo todo lo contrario. Luego de casi un año, este punto de la ciudad se ha convertido en el epicentro de un escándalo que tiene contra las cuerdas a la administración de Moreno, y con serios cuestionamientos al IDU y a su directora, Liliana Pardo Gaona, quien sin el menor sonrojo decía hasta hace pocos días que todo estaba bajo control.

SEMANA conoció una carta del pasado 28 de enero, en la que la Empresa de Acueducto de Bogotá dice que el IDU aún no entrega los diseños definitivos para el desvío de una importante red matriz de agua que pasa por donde se realiza el paso deprimido, y que surte del líquido a más de 800.000 personas en el sur de la capital. Esto sin duda no es un detalle menor, ni una situación desconocida que sobrevino con las excavaciones. Algo inexplicable si se tiene en cuenta que la ciudad pagó más de 20.000 millones de pesos por la totalidad de los diseños de la Fase III. Esta puede ser una de las explicaciones por las que en el sitio desde hace meses sólo hay un gran hueco y ningún trabajador. La otra, sin duda, es el incumplimiento del llamado Grupo Nule, contratista de esta parte del proyecto y cuyo sonado pleito con la administración tiene en el limbo la reanudación de los trabajos.

El asunto se agrava al conocerse que desde hace un año concejales como Wilson Duarte y Carlos Fernando Galán, junto a varios medios capitalinos, venían advirtiendo sobre los riesgos de llevar a cabo un proyecto de la envergadura de la Fase III sin algunas previsiones básicas.

Para los bogotanos una cosa es la paciencia que hay que tener por los desvíos, o incluso por demoras fruto de imprevistos entendibles en esta clase de obras. Pero es difícil aceptar que semejante despelote sea fruto de la falta de planeación y de la ineficiencia administrativa del IDU, que no logra poner en cintura y a tiempo a sus contratistas.

Las vueltas que ha dado esta entidad con el tema, la poca claridad con que ha manejado la crisis y la falta de soluciones efectivas reavivaron las inconformidades de la ciudadanía por intervenciones fallidas del IDU en otros frentes de trabajo.

Pasa, por ejemplo, en el norte de la ciudad, con la renovación de los andenes de la calle 116, que ha implicado el doble de su presupuesto y tres veces más del tiempo previsto, y aún no se sabe con exactitud ni cuánto costará ni cuándo terminará la obra. En el sur, donde hay problemas con la repavimentación de grandes sectores, o en el occidente, donde varios ciudadanos no entienden cómo se están levantando vías que no tenían un deterioro evidente, mientras no se atienden otras en incuestionable mal estado. Esto sin mencionar que para esta semana otros contratistas de la Fase III, diferentes al controvertido Grupo Nule, alistan una solicitud al IDU para pedir más plazo y más dinero para poder cumplir con sus contratos. Todo demuestra que los anuncios optimistas de la administración de que la obra estaría lista a finales de este año se quedaron sólo en eso.

Como si fuera poco, la directora del IDU esta semana tiene que presentarse ante un fiscal anticorrupción que investiga denuncias sobre posibles irregularidades en la adjudicación de los contratos de TransMilenio. Las oficinas de la entidad, la semana pasada, apenas daban abasto para atender a los delegados de varios organismos de control que hurgaban en sus archivos. Y justo coincidió con una carta del candidato presidencial del Polo Democrático, Gustavo Petro, al alcalde Samuel Moreno, en la que le dice que se ha incrementado "la percepción de corrupción" en la administración, y a sus declaraciones en las que precisó que esto podría carcomer los logros de este partido en la capital.

La carta volvió a desempolvar las versiones sobre supuestos manejos poco ortodoxos de la oficina jurídica de esa entidad, tanto en contratación de abogados como en adiciones de contratos, así como las denuncias hechas hace algunos meses por reconocidos concejales sobre la existencia de un grupo de abogados que actúan como cartel facilitando la intermediación en algunos negocios. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada por la justicia, pero sumadas a los problemas que tiene la ejecución de varias obras en la ciudad, y con una entidad como el IDU, que pareciera andar manga por hombro, vienen socavando la credibilidad sobre la capacidad administrativa del Polo.

La pregunta es si el manejo actual del IDU es el adecuado, máxime con el volumen de recursos y responsabilidades que tiene. Sólo el contrato de la Tercera Fase de TransMilenio, firmado por Lucho Garzón el último día de su mandato en 2008, le costará a la ciudad 1,2 billones de pesos. Y en 2009 esta entidad realizó un centenar de contratos más por cerca de 400.000 millones de pesos. Esto sin tener en cuenta lo que le significa a la productividad de la ciudad cualquier atraso, y los eventuales pleitos jurídicos que se deriven de las diferencias con los contratistas.

No se entiende cómo, si el alcalde Samuel Moreno le está apostando a construir las más grandes obras de infraestructura que la capital jamás haya visto -como él mismo advierte-, pueda tener al frente de esa responsabilidad una entidad caótica, cuestionada y con funcionarios que no dan la talla, a juzgar por sus resultados. Moreno fue elegido porque se comprometió a solucionar de raíz el problema de movilidad, y su controvertida propuesta del metro entusiasmó a miles de bogotanos. El Alcalde estaba pensando en grande. Pero si el IDU no es capaz de planear, contratar y monitorear las obras actuales, ¿qué se podrá esperar de la multimillonaria contratación del metro que compromete las finanzas del Distrito para los próximos 20 años?

Por eso el alcalde Samuel Moreno tiene que tomar cartas en el asunto. La situación es crítica y si no se resuelve con prontitud, el proyecto del Polo en la capital podría quedar herido de muerte.