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| 7/25/2004 12:00:00 AM

El caso Lloreda

Un fiscal acaba de dictarles orden de captura a Álvaro José Lloreda y a su hijo Jorge Alberto, miembros de una de las familias más prestantes del Valle del Cauca. Este es el enredo.

El caso Lloreda, Sección Nación, edición 1160, Jul 25 2004 Por cuenta de las operaciones realizadas con ex trabajadores de Colpuertos, Álvaro José Lloreda terminó con sus compañías financieras en liquidación y una orden de captura en su contra.
Seis años después de haber realizado un polémico negocio, el empresario Álvaro José Lloreda, miembro de una de las familias más tradicionales del Valle del Cauca, se enfrenta a la posibilidad de terminar en la cárcel. El 16 de julio un fiscal anticorrupción le dictó orden de captura por presuntamente haberle generado una millonaria pérdida al municipio de Cali, confabulado con un funcionario público y en beneficio de sus empresas. La historia comenzó cuando en 1991 el gobierno decidió liquidar Colpuertos. Debía atender las reclamaciones laborales, para lo cual creó al fondo Foncolpuertos. Unos 18.000 ex trabajadores lograron, en algunos casos con medios poco claros, que los jueces les reconocieran millonarias pensiones e indemnizaciones a través de sentencias o actas de conciliación. Como Foncolpuertos demoraba muchos de los pagos reconocidos, los trabajadores consiguieron, con base en las sentencias y actas, que los jueces emitieran mandamientos de pago. Estos le ordenaban a Foncolpuertos pagar en forma irrevocable. Lo que no se sabía en ese momento era que los abogados de muchos ex trabajadores falsificaron sentencias, actas de conciliación y mandamientos de pago, con la participación de funcionarios públicos. Las entidades financieras del grupo Lloreda aparecieron en escena después de todo este proceso a fines de 1997. Muchos de los trabajadores que no habían recibido un peso de Foncolpuertos decidieron entregar sus mandamientos de pago a Fidupacífico, cuyo presidente era Jorge Alberto Lloreda, hijo de Álvaro José Lloreda. El negocio consistía en constituir una fiducia con los mandamientos para que Fidupacífico los cobrara, los vendiera o les consiguiera a los ex trabajadores préstamos garantizados con la fiducia. Los ex empleados portuarios conseguirían su dinero de inmediato, así una parte se quedara en los intermediarios. Y la fiduciaria basaba su negocio en que el Estado al final tendría que cumplir con los mandamientos de pago pues habían sido avalados por jueces de la República. El negocio Una parte de los derechos fiduciarios que los ex trabajadores de Colpuertos tenían en Fidupacífico, respaldados por los mandamientos respectivos, fueron adquiridos por la Corporación Financiera del Pacífico, también propiedad de Álvaro José Lloreda. Esta entidad, a su vez, en octubre de 1998 ofreció venderlos al Fondo Financiero Especializado (FFE) de Cali, una entidad pública dedicada a hacer inversiones con el dinero del municipio. El monto ascendía a 13.000 millones de pesos. Al entonces gerente del FFE, David Toledo, la propuesta le pareció buena. Según dijo a su junta directiva, los títulos ofrecidos por Corfipacífico tenían cero riesgo y atractiva rentabilidad. Los 13.000 millones de pesos, afirmó luego Toledo a la Fiscalía, podían convertirse en más de 40.000 millones. La junta dio vía libre al gerente del FFE para la operación. Así, el 28 de diciembre de 1998 el FFE pagó 13.000 millones de pesos a Corfipacífico y se quedó con unos derechos fiduciarios respaldados por mandamientos de pago a favor de ex trabajadores de Colpuertos. La transacción se cerró cuatro días después de que la Superintendencia Bancaria le ordenó a Corfipacífico hacer una capitalización por 18.000 millones de pesos, dada la grave situación de iliquidez que enfrentaba esta entidad. En 1999 estalló el escándalo de Foncolpuertos. Se comenzaron a destapar los fraudes y falsificaciones de actas de conciliación por los que muchos ex trabajadores pretendían cobrar pensiones multimillonarias. Las sumas que tendría que pagar el Estado por concepto de estas falsificaciones eran exorbitantes y pondrían en jaque al fisco. Se llegó a calcular en 2,5 billones de pesos, una cantidad equivalente a la que se recauda en una reforma tributaria. Esto llevó a que en mayo de 2000, el Ministerio de Trabajo ordenara suspender algunos pagos y pidiera a la Fiscalía investigar las conciliaciones. Entre estas estaban las que respaldaban los derechos que el fondo de Cali le había comprado a la financiera de Lloreda. En otras palabras, la Alcaldía de Cali, que había pagado 13.000 millones de pesos por esos derechos, no podía cobrarlos hasta que la investigación se resolviera. Hoy el fondo de inversión de Cali está a punto de ser liquidado debido a las pérdidas que acumuló entre 1997 y 2000 no sólo por este negocio sino por otros muchos con resultados parecidos. Las acusaciones El escándalo llevó a la Fiscalía a investigar la operación entre Corfipacífico y el FFE. Y llegó a la conclusión de que si bien los implicados no tuvieron nada que ver con las falsificaciones de las actas de conciliación, Lloreda y su hijo sí vendieron los derechos económicos originados en ellas a sabiendas de que tenían el riesgo de ser incobrables. La Fiscalía acusó por peculado a David Toledo y a Álvaro José y Jorge Alberto Lloreda por ser los determinadores de este peculado. En suma, la Fiscalía cree que las dos partes del negocio, tanto el comprador como el vendedor, actuaron en llave a sabiendas de que la plata podía embolatarse. Una de las pruebas con que los fiscales sustentan su acusación es que siete días antes de la operación, la coordinadora jurídica de Foncolpuertos había enviado a Fidupacífico una carta en que aclara que "dadas las irregularidades y falsificaciones detectadas por la Fiscalía a un gran número de mandamientos de pago y sentencias, Foncolpuertos no se compromete a ordenar su pago". Así mismo, la Fiscalía aduce que por la investigación que hizo Fidupacífico cuando aceptó el encargo fiduciario de los ex trabajadores de Colpuertos, debía haber sabido que algunas de las conciliaciones que daban lugar a los órdenes de pago eran falsas. El último argumento de la Fiscalía es que la urgencia que tenía Corfipacífico de capitalizarse en 18.000 millones de pesos para no ser intervenida hace aún más sospechosa la operación. La defensa Los acusados sostienen que a ellos nunca se les advirtió que podía haber actas de conciliación falsas. Admiten que aunque ya se sabía de algunos casos aislados de corrupción en Foncolpuertos, nunca se especificó que se tratara de actas de conciliación. Se entendió entonces que se trataba más bien de órdenes de pago o sentencias falsas y pagos dobles. Y por eso los abogados de Fidupacífico fueron a los juzgados a buscar estas irregularidades. Después de investigar cada proceso no encontraron falsedades ni en las sentencias ni en los mandamientos. Sostienen que como no sabían que el problema estaba en las conciliaciones no las investigaron. Además, como los mandamientos de pago habían sido emitidos por jueces, con base en esas conciliaciones, se presumían legales. Y que en todo caso se trataba de decisiones con efecto de cosa juzgada, independientemente de sus antecedentes. Con respecto a la carta que envió la coordinadora jurídica de Foncolpuertos, la defensa alega que ese mismo día la representante legal de la entidad le había pedido al Ministerio de Hacienda que se presupuestaran los recursos para cubrir otros mandamientos de pago que tenía Fidupacífico y que no fueron cuestionados. Añaden que las empresas del grupo Lloreda hicieron las operaciones financieras confiando en que se trataba de decisiones en firme tomadas por los jueces y que por lo tanto las obligaciones debían ser pagadas por la Nación. Es decir que vendieron esos derechos fiduciarios al FFE convencidos de que eran legítimos y de que las órdenes de pago no corrían riesgo de no ser cumplidas. Sostienen que las investigaciones que terminaron suspendiendo los pagos surgieron después de que se había realizado la transacción y ellos no tenían manera de saber que eso podía suceder. Por último, los acusados replican que la utilidad que obtuvo Corfipacífico no fue extraordinaria. Por esos derechos fiduciarios que luego vendió al fondo de Cali por 13.000 millones de pesos había pagado cerca de 12.000 millones de pesos El escándalo de Foncolpuertos, que se convirtió en un emblema de corrupción más fuerte que Dragacol, es un fantasma que pesa sobre este caso. Sin embargo ni los Lloreda ni Toledo tuvieron nada que ver con las falsificaciones de las actas de conciliación ni con las sumas millonarias que se pretendía cobrar por cuenta de estas. De ahí que los jueces tendrán la tarea de separar este caso del estigma de Foncolpuertos y evaluarlo por los hechos que tienen estrictamente que ver con él.

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