EL CASO LOPEZ CABALLERO

IGNACIO GOMEZ ES UN REPORTERO DE EL ESpectador de Bogotá vinculado a la sección de investigaciones de ese periódico. En el mes de agosto pasado recibió en su cubículo de la redacción del diario capitalino una llamada anónima. Sin identificarse, una voz al otro lado de la línea le transmitió un mensaje: ¿ Los López están pidiendo unas tierras en Casanare. Busque los expedientes números 10823 y 10824 en el Incora".
Gómez empezó a hacer unas pesquisas preliminares antes de ir al Incora y pudo constatar que lo que decía la voz anónima tenía algo de cierto. Lo que su fuente llamaba "los López están pidiendo unas tierras" consistía en que un año antes Alfonso López Caballero y su hermano Juan Manuel habían solicitado ante el Incora un trámite rutinario de titulación de un hato ganadero en los llanos del Casanare.
Hasta ahí la cosa no parecía muy emocionante. Pero un día abrió la prensa y se encontró con una noticia que lo sorprendió. El Gobierno anunciaba que le había declarado la guerra integral a la guerrilla y para esto promulgaba un paquete de decretos de conmoción interior. Uno de esos decretos le llamó particularmente la atención. En él, el Gobierno le retiraba a los gerentes regionales del Incora de Arauca y Casanare la facultad de titular predios y se la trasladaba al gerente general del instituto en Bogotá. En las motivaciones del decreto se argumentaba que para evitar que la guerrilla pudiera presionar a los gerentes regionales para que le titularan a guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla tierras en inmediaciones de los pozos petroleros y oleoductos, lo mejor era concentrar esa decisión en Bogotá.
A Gómez le pareció que asociando los decretos de conmoción interna con la petición de los López ante el Incora habían coincidencias que justificaban una investigación adicional. Al fin y al cabo veía que la titulación salía de la jurisdicción del Casanare y pasaba directamente al Incora en Bogotá, instituto cuya junta directiva preside Alfonso López Caballero", quien antes de ser ministro de Agricultura había solicitado en compañía de su hermano un trámite ordinario de titulación.
"Yo si pensé el comienzo que en el paquete de decretos de conmoción interna, podía haber un embuchado para favorecer directamente al ministro López Caballero", le manifestó el periodista Ignacio Gómez a SEMANA.
"Por eso tan pronto vi la noticia me fui volando al Incora".
Al llegar a esa entidad, pidió información tanto de la solicitud de titulación de los López como de los decretos de conmoción. "La verdad es que el doctor Corrales al principio no sabía nada. Pero tan pronto recibió la información de los expedientes, supo dequé se trataba y colaboró conmigo", afirmó Gómez a SEMANA.
Rápidamente le explicaron que el decreto que él consideraba un embuchado del ministro era una prioridad de orden público. El Gobierno había establecido que la guerrilla estaba intimidando a los gerentes del Incora para que les adjudicara parcelas de los programas de la reforma agraria a simpatizantes de la guerrilla en inmediacioncs de las zonas petroleras. Incluso habían sido asesinados gerentes regionales por no haber cedido a las presiones de la guerrilla.
Con esa precisión el periodista descartó la teoría del embuchado, pero ya estando en el Incora pidió la totalidad de la información sobre la solicitud de los López Caballero. Cuando revisó el expediente le explicaron que tan pronto López se había posesionado como ministro de Agricultura había ordenado a través de su apoderado la suspensión del proceso de titulación de su predio, y que otro tanto había hecho su hermano Juan Manuel. Con esa información, Gómez se fue al periódico y un mes más tarde, El Espectador publicó en su edición dominical del 6 de diciembre un informe que denominó "La Libertad 11" y que habría de constituir en los círculos políticos la noticia de la semana pasada.

LAS ACUSACIONES
En un artículo de página entera el periodista de El Espectador acusó al ministro López Caballero de tráfico de influencias, para hacerse titular desde el Ministerio de Agricultura una hacienda de 4.300 hectáreas en compañía de su hermano Juan Manuel. Se afirmaba además, que esos terrenos se iban a valorizar inmensamente por formar parte de la zona petrolífera del Cusiana y como consecuencia de planes de desarrollo en los cuales había participado directamente López Caballero. En medio de esta gran acusación había otros cargos "menores", como la utilización de testaferros, falsedad en documentos y el intento de violar una norma según la cual dos hermanos no pueden ser titulares de terrenos colindantes.
El domingo de su aparición la noticia no tuvo mucho impacto pues de ella solo se enteraron los lectores de El Espectador y además se publicó en medio del puente más largo del año. Sin embargo, todo el que la leyó se impactó por la gravedad de las acusaciones. Si la mitad de lo que afirmaba el artículo del diario de los Cano era verdad, se trataba de un escándalo de grandes proporciones y el Ministro tendría que caer.

SILENCIO DEL MINISTRO
López Caballero se encontraba, mientras tanto, volando entre Washington y Roma para asistir a una reunión de la FAO y debido al puente nadie lo pudo contactar. La opinión pública se enteró del caso por primera vez el lunes, cuando El Tiempo publicó un comunicado de allegados de la familia López, en el cual, en ausencia del Ministro, refutaban las acusaciones.
El comunicado de los López negaba todas los cargos pero como muy pocos habían leído el artículo de El Espectador, la confusión crecia, puesto que no era fácil relacionar las explicaciones con acusaciones no conocidas. En las 72 horas siguientes, la información que salió en la radio y la escalada de titulares de primera página en El Espectador, dieron la sensación de que el asunto se iba agravando. A todas estas, no se había escuchado una palabra del Ministro, quien sólo regresó a Bogotá el miércoles en la noche.
El gerente del Incora, un militante del Nuevo Liberalismo que fue nombrado directamente por el Presidente de la República, llamó a Miguel Silva para consultarle qué actitud asumir. Silva le informó que el Presidente no tenía ni idea de qué se trataba todo el episodio y que en eonsecuencia, lo más conveniente seria que enviara un informe detallado. Así se hizo y Fernando Corrales le remitió al Palacio de Nariño el memorando sobre el caso López.
La versión del gerente del Incora era radical: el escándalo era absolutamente ficticio y no había nada en los hechos que pudiera darle fundamento a ninguna de las acusaeiones de El Espectador. No solo había un concepto jurídico de que era absolutamente legal que el ministro solicitara una titulación sino que, por voluntad propia, había pedido la suspensión de los trámites tan pronto se posesionó. Corrales agregó que toda la documentación al respecto estaba disponible.
El presidente Gaviria se tranquilizó, pero por pocas horas. La ausencia el silencio del Ministro no le ayudaban a la imagen del Gobierno ante la opinión pública. Como para complicar las cosas cuando López Caballero llegó a Bogotá consideró que las acusaciones eran demasiado absurdas e indignantes como para merecer una respuesta y durante dos días no habló. Esta actitud olímpica fue criticada por muchos, incluso dentro del propio Gobierno, pues sostenán que, ante la opinión pública, la prolongación del silencio lo único que hacia era darle la razón a los acusadores.
Y aunque nadie sabia a ciencia cierta de qué se trataba todo el cuento, la cosa sonaba grave. Algunos confundían titulación de tierras con adjudicación y creían que se trataba de tierra regalada por el Estado como en la reforma agraria. Por otro lado, la cifra de 931 hectáreas sonaba como una inmensidad, sin darse cuenta que en los antiguos territorios nacionales tradicionalmente cuando se compra el ganado se encima la tierra, y que mil hectáreas en el Casanare valen menos que un apartamento en Bogotá. Además, la evocación con el caso de la hacienda La Libertad durante la administración López Michelsen no hacia sino aumentar el mal sabor.
Rápidamente, los abogados del Gobierno sacaron unos conceptos jurídicos anteriores al ministerio de López Caballero, demostrando que la titulación de baldíos no es un privilegio, ni una concesión del Estado sino un reconocimiento de un derecho sobre tierras que ya habían sido compradas y pagadas por sus dueños. El 90 por ciento de la tierra en los antiguos territorios nacionales está sin titular, y la meta del estado es que se titulen, pues aunque casi todas tienen dueño a través de la posesión y la explotación, la propiedad no está protocolizada a través de un título.
Estos argumentos, evidentes para cualquier habitante del llano, no convencían en el interior del país, donde muchos consideraban que una cosa es adjudicarle tierras a unos campesinos pobres y otra, bien distinta, titularle al propio Ministro de Agricultura. Pero como sucede siempre en estos casos, el debate no era sobre la legalidad -que no estaba en duda- sino sobre la ética. Y los detalles revelados en El Espectador dejaban la impresión de una ausencia de ética bastante notoria.
Finalmente el viernes por la noche, el Ministro decidió hacer público un extenso comunicado. A partir de ese momento la situación comenzó a enderezarse. López Caballero contestó, una a una, todas las acusaciones y aún los más vehementes detractores de los López, cuando leyeron el comunicado, se dieron cuenta que en esta ocasión el periódico de los Cano se había "descachado".

EL COMUNICADO
El Ministro logró explicar en forma convincente que la realidad era convincente quela realidad era bien diferente de las acusaciones. Mientras que lo acusaban de utilizar el Ministerio para hacerse titular tierras, los documentos demostraban que lo primero que había hecho al llegar, había sido ordenar la suspensión de cualquier trámite relacionado con él o su familia. El documento clave en todo este debate era un memorial presentado por el apoderado de López Caballero tres días después de que éste asumiera el cargo ministerial. En dicho documento se le solicitaba al Incora suspender cualquier trámite que se adelantara en relación con los procesos de titulación de los hermanos López Caballero, mientras el actual Ministro permanecíera en su cargo.
El periodista de El Espectador había centrado su artículo en tratar de desvirtuar la validez de este documento, alegando que no tenía fecha y que no era muy elaro. Lo primero no era cierto puesto que estaba radicado en el Incora tres días después de la posesión de López como Ministro. En cuanto a lo segundo parece difícil ser más específico que el texto del memorial presentado por el abogado de López:
"Por instrucciones recibidas de mi poderdante (Alfonso López Caballero), me permito solicitarle ordene la suspensión de la actuación en referencia ".
Pero lo que mas debilitó el escándalo no fueron tanto las explicaciones de López sobre su inocencia, si no el hecho de haber puesto en evidencia la gran cantidad de equivocaciones graves en que incurrió el periodista. Para descalificar la conducta del ministro López, quien había solicitado la titulación cuando era embajador de Colombia en Francia, el autor del artículo argumentó que los embajadores tenían una incompatibilidad para solicitar la titulación de un predio ante el Incora. Era absolutamente obvio para cualquier abogado que dicho impedimento era una invención del periodista.
Otro de los pilares de la acusación que se demostró fue el de la norma de los predios colindantes. Según el artículista, la estrategia central de los López consistía en evadir una norma legal según la cual, estaba prohibido titularle a dos hermanos terrenos adyacentes. Para separar los predios que pretendían titular, El Ministro y su hermano, habrán utilizado los nombres de tres testaferros.
Este argumento fue uno de los que más impactó inicialmente y fue recogido por otros medios como la cadena RCN y la revista Cromos. Al final de la semana resultó que dicha norma no existía y que había sido simple y llanamente también inventada por el periodista.
Igualmente resulto inexacta una acusación de que el topógrafo que había realizado los planos de la propiedad era falso. El comunicado del Ministro dio el nombre de la persona, la fecha de grado, el número de la matrícula y los años de ejercicio profesional. La acusación de falsedad en documentos por cuenta del topógrafo falso era una de las que más había impactado a los lectores de El Espectador.
Otro punto importante es que el comunicado del Ministro logró convencer a quienes lo leyeron de que las tres personas que participaron con los hermanos López Caballero en la compra de la Hacienda Arizona no podían ser testaferros. El periodista los había presentado como subalternos que habían sido obligados a prestar la cédula. Pero las hojas de vida, los patrimonios y la trayectoria comercial de las tres personas eran de público conocimiento en el mundo de los negocios agrícolas de los Llanos y no fue difícil establecer que no eran socios de papel.
Por otro lado resultó que la hacienda no tenía nada que ver con la zona petrolífera del Cusiana, que era el elemento más vendedor del escándalo. La simple asociación de los López Caballero con el petróleo, le daba una dimensión multimillonaria al negocio, mucho más impresionante que la de la valorización normal de la tierra. Tal vez en el párrafo más impactante del comunicado, el Ministro señala que "la hacienda está en la zona petrolera del Cusiana. Está en otro municipio. Hay 60 kilómetros entre la hacienda y los pozos petroleros, que es la misma distancia que hay entre Bogotá y Villavicencio". Había una gota de exageración en esa frase, pues en realidad hay 68 kilómetros en línea recta entre las las dos ciudades, pero aún así la comparación de distancias sorprendió.
Al terminar la semana, todo indicaba que con su comunicado, el Ministro había logrado hacerle frente a la arremetida y neutralizar con arguínentos jurídicos las acusaciones. Pero en la política, lo jurídico pesa poco, la gente no lee comunicados y lo importante es la percepción de la opinión pública. La fuerza del huracán de El Espectador había amainado, pero aún no era claro qué tantos estragos había dejado a su paso.