EL CASO MARULANDA

La acusación era sencilla y directa. Por medio de una serie repetida de artículos de primera página y de editoriales cargados con dinamita, el periódico del ex candidato conservador Alvaro Gómez Hurtado llevaba varios días afirmando que el ministro de Desarrollo, Carlos Arturo Marulanda, había utilizado las influencias de su cargo para obtener un avalúo mayor de un predio de su familia en el departamento del Cesar, que el Incora había decidido adquirir para efectos de reforma agraria.

El lunes, la semana se abrió con una violenta respuesta del ministro. En carta a Gómez, Marulanda reconstruyó con detalle el proceso de "incorización" del predio y remató con un párrafo que dejó perplejo a más de uno: "Los colombianos experimentamos con horror la noticia sobre el secuestro del doctor Gómez Hurtado, y llegamos a temer por la integridad de su vida. Pero no imaginamos jamás que rescatado felizmente como fue nos viniera a dar el doloroso espectáculo de sus perturbaciones mentales".

Para muchos, comenzando por el propio diario conservador, el ministro, más allá del debate sobre la venta de los terrenos de su familia, había definido su partida del gabinete, porque un alto miembro del gobierno no podía referirse en esos términos al segundo hombre más importante de la oposición conservadora. Al final de la semana, muchos esperaban que ese fuera el desenlace que, dada la situación, le diera al episodio el presidente Virgilio Barco a su regreso de Estados Unidos.

Debido precisamente a lo anterior, se quedó entre el tintero el verdadero debate, el que debía darse sobre el proceso de adquisición del predio de la familia Marulanda. La historia se inició en octubre del 88, cuando el gerente del Incora, Carlos Ossa Escobar, le envió una carta al ministro solicitando la información sobre una finca de propiedad de la familia Marulanda, pues el Incora requería parte de ese predio para efectos de reforma agraria. El ministro dio traslado del caso al abogado de la familia, representante legal de la empresa dueña del terreno, M.R. Inversiones, Felipe Pérez Cabrera, quien desde entonces se hizo cargo del caso a nombre de los Marulanda.

Ante la inminencia de la afectación del predio, la familia Marulanda se acogió al artículo de la ley agraria que define que los propietarios de un terreno sobre el cual se ha iniciado un estudio para incorarlo, pueden hacer al instituto una "oferta voluntaria" de algunos de los predios de la finca. En este caso, la familia excluyó aquellos servidos por un moderno distrito de riego construido hace algunos años. El Incora rechazó la oferta, pues estaba interesado al menos en una parte del distrito de riego, y elaboró finalmente su propia respuesta que, según la ley, es de obligatoria aceptación por parte de los propietarios.

Vino entonces el proceso de fijación del precio. Como lo señala la ley, dos avaluadores sorteados al azar del grupo del Instituto Agustín Codazzi recogieron, a fines del 88 y en un viaje relámpago de 48 horas, la información que consideraron necesaria para establecer el avalúo de los terrenos que iba a adquirir el Incora. El precio resultante fue de poco más de 496 millones de pesos. Según la ley, en estos casos los propietarios pueden solicitar, por una sola vez, una revisión del avalúo, cuando se hayan presentado en este fallas protuberantes, como la exclusión de uno de los aspectos que en forma taxativa define la ley como elementos a avaluar. El representante de los Marulanda alegó que los avaluadores habían dejado por fuera algunos aspectos de las mejoras, en particular la parte del distrito de riego.

El Incora atendió el reclamo y ordenó en forma concreta al Codazzi que incluyera en el avalúo de una parte de los predios a incorar la correspondiente infraestructura de riego. El proceso de revisión concluyó en junio de este año, con un nuevo avalúo por poco más de 702 millones de pesos, lo que significó un aumento de alrededor del 40% sobre el avalúo inicial.

Ahí fue Troya. Semanas despues de conocido el nuevo precio, El Siglo inició sus acusaciones contra el ministro, asegurando que la nueva cifra era el resultado de presiones hechas por Marulanda ante el Incora y ante la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, que en mayo había emitido un concepto sobre la realización del nuevo avalúo, en el cual daba la razón al representante de M.R. Inversiones.

Es evidente que no tiene buena presentación que en el proceso de adquisición de un predio de la familia de un ministro, su avalúo aumente en un 40% después de una revisión solicitada por los propietarios. Pero lo cierto es que el procedimiento siguió los pasos señalados por la ley. Como lo certificó en carta al ministro y en declaraciones a la prensa el director del Codazzi, Alvaro González Fletcher, un hombre con una reputación difícil de discutir en este campo, está claro que el distrito de riego no fue tenido en cuenta en el primer avalúo y que la ley ordena que este tipo de mejoras sean consideradas.

El gerente del Incora también habló con los periodistas y dijo a RCN que las acusaciones contenían "aspectos de mala fe". El valor de las afirmaciones de Ossa radica en su viejo enfrentamiento con Marulanda, conocido por muchos dentro y fuera del gobierno. El mismo Ossa fue el encargado de recordar, de refilón en sus declaraciones, lo que algunos enemigos de Marulanda dicen en el Cesar sobre la forma como su familia se hizo a esos predios y los conservó, al hablar sobre episodios de "quema de ranchos" de los campesinos invasores y decir que en el conflicto por esas tierras hubo "hasta sangre".

Pero ni estos episodios, ni los problemas de presentación del caso por el aumento del avalúo de un predio de la familia de un ministro, ni siquiera la mala imagen que, a pesar de que se le reconocen sus ejecutorias al frente de la cartera de Desarrollo, tiene el ministro, son suficientes para condenarlo. Como le dijo a SEMANA un dirigente gremial del sector agropecuario, "lo cierto es que esas tierras, contando con el distrito de riego, valen por lo menos un millón de pesos hectárea". Esa cifra es más de tres veces el avalúo final hecho por el Codazzi, donde se habla de 702 millones de pesos por 2.238 hectáreas, lo que da unos 314.000 pesos por hectárea.

El final de la historia está por verse. Pero incluso si el ministro Marulanda llega a caerse, habrá sido mucho más por su atrevido diagnóstico sobre el estado de salud mental de Alvaro Gómez que por un supuesto tráfico de influencias en el proceso de incorización de su finca.--