El choque de dos colosos

Tras seis años del presidente Álvaro Uribe en el poder, se empezaron a descuadernar los equilibrios que la Constitución de 1991 había diseñado con cálculos milimétricos pensando en períodos presidenciales de sólo cuatro años.

El primer mandatario comenzó a acumular un poder sobre las instituciones sin antecedentes. Se dieron relevos en entidades cruciales como la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura, la Comisión de Televisión y la Corte Constitucional, que en teoría debían quedar en manos uribistas (ver recuadro).

Se alcanzaron a disparar las alarmas ante la posibilidad de que el país se convirtiera en algo parecido a una dictadura constitucional en la que se dice respetar la Carta Política, pero a la hora de la verdad el primer mandatario maneja, además del Ejecutivo, los órganos de control, el Congreso y la Justicia.

Como si eso fuera poco, el gobierno Uribe, haciendo gala de su gran habilidad política, recurrió además a otras formas de influencia bastante sutiles sobre fuentes de poder distintas a las tres tradicionales. Por ejemplo, el tener en sus manos la prórroga de la licencia de los dos canales privados de televisión y la entrega de uno nuevo le ayudó a que algunos de los grandes medios interesados en el negocio le dieran un tratamiento especial a la información del gobierno. Y en otro tema que parece ser completamente distinto, pero que al final del día se traduce también en garantizar respaldo popular, Uribe duplicó la cobertura del programa Familias en Acción de 1,5 millones a tres millones de familias.

Al cierre del año es difícil poner en blanco y negro hasta qué punto Uribe se convirtió en todopoderoso. Aún faltan elecciones claves (las de dos magistrados de la Corte Constitucional y dos codirectores de la Junta del Emisor). Y es justo también decir que el hecho de que el Presidente incida de manera notoria en la elección de sus miembros no quiere decir que todos esos organismos sigan su cartilla al pie de la letra.

Pero, más allá de esa reflexión, fue en ese contexto en el que se dio otra noticias muy importante del año: un choque de poderes sin antecedentes entre la Presidencia y la Corte Suprema. Que se dio en un momento particularmente delicado pues, con un Congreso debilitado y un Presidente ungido con el 80 por ciento de popularidad, se ponía en riesgo el sano equilibrio de poderes.

Todo comenzó como un malestar entre estos dos pilares del Estado, cuando la Corte empezó a investigar a congresistas en el caso de la para-política; la relación se agravó cuando la Corte se metió con el primo del presidente, el senador Mario Uribe, y luego el choque llegó a extremos pocas veces vistos cuando el tribunal metió a la cárcel a más de 30 congresistas de la bancada uribista. El Presidente se sintió envalentonado para dar la pelea y algunos de su guardia pretoriana se encargaron de hacerle creer que la Corte Suprema quería hacerle daño a su gobierno.

Desde el alto gobierno se utilizó todo tipo de ataques contra la Corte. El más escandaloso fue el complot que se intentó fraguar desde la propia Casa de Nariño contra el alto tribunal y que en parte se comenzó a destapar cuando SEMANA reveló reuniones clandestinas de alias 'Job' con funcionarios de Palacio (ver artículo 'La Casa de Nari').

Pero fue una pelea a muchos rounds. El Presidente lanzó frases que más parecían misiles -algunos magistrados, dijo, "tienen nostalgia del terrorismo agonizante"- e intentó menoscabar la autoridad de la Corte diciendo que convocaría un referendo para dar al traste con uno de sus fallos.

También se lanzaron golpes bajos como el del famoso caso de 'Tasmania', que la Fiscalía calificó como un "burdo montaje" contra el investigador estrella de la para-política, el magistrado auxiliar Iván Velásquez, luego de que le abrió investigación a Mario Uribe. Y a la Corte Suprema le llegaron alertas de que sus magistrados estaban siendo rastreados por agentes de seguridad.

En medio de estos rifirrafes se dieron roces entre la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y miembros del círculo más cercano del Presidente. Y resulta curioso que en un gobierno en el cual pocos o ningún funcionario cae cuando se da un escándalo, Hurtado haya sido retirada del DAS tras un caso de chuzadas a la oposición en el cual ella tenía responsabilidad política, pero no había participado.

La batalla entre el alto gobierno y la Corte incluso se dio en el Congreso con una propuesta del primero de reformar la justicia cambiando 15 artículos de la Constitución. Con el argumento de mejorar la administración de justicia, el gobierno quería cambiarle su estructura y facilitaba al uribismo perpetuar su influencia sobre las Cortes.

La reforma a la justicia fracasó en el Congreso. Y en los últimos dos meses del año el huracán que desató la guerra de colosos comenzó a calmarse. Incluso, Uribe se reunió con los presidentes de las Cortes, sin que la opinión pública se enterara, con un ánimo constructivo de las dos partes.

Sin duda, una muy buena noticia. Porque si bien muchos creen que la democracia es lo que la mayoría diga a través del voto, su importancia va mucho más allá y radica en repartir el poder para evitar que se concentre en una sola persona y evitar abusos que se pueden dar por la naturaleza misma del poder e independientemente de que el mandatario sea bueno o malo.