¿El ‘coco’ del Congreso?

El referendo para la ree-lección tiene, literalmente, sus días contados: si el Congreso no lo aprueba en los próximos 20, la Casa de Nariño desistirá de él, según han dicho congresistas cercanos al gobierno.

No se ve tan fácil que en ese lapso salga humo blanco del Congreso. Ninguno de los 86 representantes a la Cámara que están siendo investigados por votar a su favor sin tener el visto bueno de las cuentas del referendo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) está dispuestos a votar de nuevo mientras no se aclare ese punto.

La situación ha llegado al extremo de que para resolver la conciliación -que es el único paso que falta en el Congreso- sólo tres de los 25 postulados han aceptado ser conciliadores.

En ese contexto cobra especial significado la investigación que adelanta el Consejo Electoral sobre la financiación del referendo. SEMANA conoció las 66 páginas de la ponencia de fallo que debe ser aprobada por el CNE. En ella el magistrado Joaquín José Vives pide sancionar al Comité de Promotores del Referendo por tres irregularidades en la recolección de fondos: aportes individuales que violaron el tope legal, omisión de registro de contribuciones y omisión de gastos.

Vives ratificó con su investigación hallazgos dados a conocer por esta revista, como por ejemplo que gran parte de los 1.900 millones de pesos con los que se financió el referendo fueron aportados por personas o empresas que superaron el tope máximo permitido por la ley, que es de 3,3 millones de pesos. En otro de los puntos centrales de la ponencia, Vives, con decenas de documentos y testimonios, desmonta el argumento de los promotores de que el dinero recibido no provenía de aportes para el referendo, sino que eran donaciones para la Asociación Colombia Primero, y que esta a su vez se lo había prestado al Comité.

Uno de los hechos más llamativos para el investigador es que durante meses el Comité ni siquiera tuvo contabilidad, sino que todo se manejaba con la Asociación. De hecho, ya se habían girado más de 1.000 millones de pesos y recibido más de 90 contribuciones, cuando aparece un contrato entre la Asociación y el Comité de Promotores, con el que se ha buscado justificar un supuesto préstamo. La asociación sólo puede justificar su incremento patrimonial con el referendo: de dos millones de pesos en 2007 pasó a manejar más de 2.000 millones de pesos en 2008.

Con las pruebas que reposan en el expediente es muy probable que el CNE imponga una multa de 93 millones de pesos al Comité liderado por Luis Guillermo Giraldo, que es lo que la ley prevé para estos casos. Pero el problema no es la plata, sino que el registrador, Carlos Ariel Sánchez, ya ha dicho que si el CNE sancionara al Comité de Promotores, él no daría el aval a las cuentas del referendo. Y en ese momento se abrirá la discusión de si es necesario ese aval para que el referendo sea aprobado. La Corte Constitucional tendrá última palabra, pero mientras tanto, y posiblemente esta misma semana, el CNE dará respuesta a una consulta al respecto.

Si dice que no es requisito, los magistrados le habrían encendido una vela a Dios y otra al diablo. Por un lado, destrabarían el trámite, pues los congresistas tendrían una carta que mostrar ante una eventual investigación de la Corte Suprema. Por otro, condenaría al Comité Promotor por su falta, sin comprometerse con la revisión que haga luego la Corte Constitucional sobre la importancia de la claridad de las cuentas para una iniciativa de esta naturaleza.

En este eventual escenario la CNE asumiría un costo ante un sector de la opinión, pues estaría minimizado un pecado, como es que una iniciativa popular se haya desdibujado por la presencia de grandes capitales con intereses en el Estado.