El congreso pos-Uribe

Al contrario de lo que muchos pueden estar pensando, no todas las noticias de las elecciones del pasado 14 de marzo fueron malas. Una de las más importantes de las buenas es que por primera vez en 15 años en el Congreso tendrán asiento menos partidos y serán más fuertes las bancadas.

En las elecciones de 2002, por ejemplo, 36 partidos se repartieron las escasas 100 curules del Senado. Esa cifra contrasta con los siete partidos que ganaron puesto esta vez. Esa depuración, que es altamente recomendable para la salud de la democracia, en Colombia había sido muy difícil de lograr hasta ahora. Con los resultados del domingo se perfilan tres grandes partidos: la U con 28 senadores, el Partido Conservador con 22 y el Partido Liberal con 17. Y cualquiera de ellos puede hacerse a una última curul más que todavía está en disputa.

Eso quiere decir que entre los tres partidos tienen casi el 70 por ciento del Senado. Es un avance sustancial de la reforma política de 2003 que se propuso eliminar a los micropartidos que estaban en boga y en la práctica tiene un impacto importante para el próximo Presidente de la República. Es muy distinto un gobierno que se ve obligado a hacer acuerdos, uno a uno, con decenas de micropartidos, a otro que sólo tiene como interlocutores a los jefes de dos o tres grandes bancadas.

Y si a eso se le suma un detalle del fallo sobre el referendo del cual poco se habló, el país podría estar caminando con mayor decisión hacia la disciplina de bancadas. En esa histórica decisión, la Corte Constitucional no sólo le dijo al presidente Uribe que no se podía reelegir una vez más, sino que les puso 'tatequieto' a los congresistas que se pasan por la faja a sus partidos. En la nueva jurisprudencia quedó claro que cualquier legislador que se aparte del voto de su bancada no sólo será sancionado sino que su voto no tendrá validez.

Con este nuevo kit de herramientas, si los partidos políticos se toman en serio esta oportunidad, se podrían corregir dos graves problemas de la democracia colombiana. El Congreso no será más un convidado de piedra al cual el alto gobierno maneja a su antojo con prebendas burocráticas. Y a las mafias que logran infiltrar el Congreso -esos pequeños partidos de dudosa procedencia o los congresistas cuestionados- les quedará más difícil desde allí tomarse el poder de contratos y sectores críticos del Estado como la salud.

La nueva distribución de las curules en pocos partidos también tiene importantes efectos en el terreno de la realpolitik. Con los votos de los dos partidos de línea uribista sería suficiente para tomar decisiones importantes en el Senado. Y lo mismo ocurre en la Cámara, pues entre la U y el Partido Conservador suman 85 de las 166 curules. Con estas cifras el presidente Álvaro Uribe no habría tenido problemas para tramitar el referendo en el Congreso.

Pero el hecho de que hoy sean uribistas no garantiza que lo sigan siendo luego de que Uribe entregue el poder. Es difícil predecir qué camino va a tomar cada partido. De aquí a la primera vuelta, el 30 de mayo, se van a dar muchos movimientos. Se podría pensar que si llega al poder uno de los herederos del uribismo los dos partidos grandes podrían seguir en la línea gobiernista. Si el elegido es un político tradicional, de los que han tomado distancia con el uribismo, tipo Germán Vargas, Rafael Pardo o Noemí Sanín, las mayorías del Congreso no serán tan fáciles de alinear. Y si llega al poder un outsider como Antanas Mockus o Sergio Fajardo, o un candidato de oposición como Gustavo Petro, las fichas se repartirán de manera muy diferente.

Pero lo que sí es una realidad es que con los resultados del 14 de marzo el Congreso se recargó a la derecha del espectro ideológico. Lo cual puede significar que va a ser más difícil que pasen por el Congreso iniciativas progresistas o relacionadas con los derechos civiles como el aborto, el matrimonio gay o la dosis mínima.


¿Cuál es la verdadera cara del Congreso?
La buena noticia de las bancadas fuertes contrasta con el manto de duda que recae sobre un número significativo de los elegidos. ¿Qué tanto se purgó el Congreso de las epidemias de la para-política y la narco-política que lo pusieron en el peor momento de su historia?

Se dio una tremenda paradoja. La mayoría de los congresistas recién elegidos, en teoría, son nuevos. En el Senado, dos de cada tres van a estrenar curul, y en la Cámara, tres de cada cuatro. Pero en la práctica, muchos de ellos son más de lo mismo porque con este Congreso llegó a su máxima expresión la táctica de ser elegido en cuerpo ajeno. Los antiguos congresistas que están en la cárcel o a punto de caer en ella decidieron poner como candidatos a sus esposas o hermanos, o a leales asesores, para no perder la clientela construida y mantener el poder.

Un solo dato da una idea del nivel que alcanzó este fenómeno: dos 'herederas' obtuvieron la mayor cantidad de votos en los partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador. Es el caso de Arleth Casado, quien reemplazó a su esposo Juan Manuel López Cabrales, gamonal de Córdoba, condenado por para-política, y el de Olga Suárez, quien ocupó la silla de su hermano Óscar Suárez, gamonal de Bello (Antioquia) y con una investigación preliminar por presuntos nexos con 'Don Berna'.

Y así como ellas otros cinco senadores elegidos recogieron los votos de sus familiares hoy puestos en la picota. Maritza Martínez, en el Partido de la U, reemplazó a su esposo, Luis Carlos Torres, ex senador de Meta; Samy Merheg, a su hermano Habib; Héctor Julio Alfonso, a su mamá Enilse López, la 'Gata'; Teresita García, a su hermano Álvaro condenado a 40 años por la masacre de Macayepo. Y Mauricio Aguilar es hijo de Hugo, polémico ex gobernador de Santander.

En la bancada de 'herederos' también se pueden incluir otros senadores que sin ser familiares de la generación de congresistas de la para-política, son subordinados políticos de ellos, gracias a lo cual usan sus votos. En el Senado están Bernardo Miguel Elías y Martín Emilio Morales Diz (de la cuerda de la ex senadora cordobesa Zulema Jattín, salpicada en la para-política), Carlos Arturo Quintero y Hemel Hurtado (pupilos del ex senador valluno Juan Carlos Martínez, en la cárcel por para-política y narco-política), Manuel Julián Mazenet (del equipo político del ex gobernador de Magdalena Trino Luna, condenado), y Antonio José Correa Jiménez (de la cuerda de la 'Gata').

Es decir, de los 100 congresistas 14 son herederos directos de congresistas que han tenido líos con la justicia por algunos de los escándalos más sonados de la política del país. "Lo que empodera a la representación mafiosa en el Congreso no es sólo que se haga elegir, sino que haga parte de la coalición de gobierno", asegura Claudia López, coordinadora de la Misión de Observación Electoral (MOE). Y añadió: "Van a volver a tener una influencia muy importante en el Legislativo".

De este problema, el de los 'herederos', se desprenden otros dos que caracterizaron a estas elecciones. El primero es el de las multimillonarias sumas que invirtieron los candidatos, tanto para propaganda legal como para compra de votos y otras movidas chuecas. Y el segundo, que esta vez se crearon más suspicacias sobre la influencia de gobiernos locales (gobernaciones del Valle y de Antioquia, alcaldías de Cali y de Bogotá) en las campañas de familiares o socios políticos de estos mandatarios.

Dicho esto, de todas maneras sería un error hacer un retrato apocalíptico del Congreso recién elegido. Hay que decir que los antecedentes no eran los mejores. De los 268 congresistas elegidos en 2006, a 85 los investigaron o están investigando por sus nexos con los paramilitares, van 16 condenados y 12 llamados a juicio. Y tanto el gobierno como el Congreso se le escurrieron a la reforma política que exigía el momento: la que castigaba con la silla vacía a los condenados por la para-política y la que prohibía que los familiares de estos congresistas compitieran en las elecciones. De manera que nadie podría esperar que el olor nauseabundo del Congreso se evaporara de la noche a la mañana.

Varios datos demuestran que la situación no está empeorando. El primero es que la votación del PIN, la oveja negra del uribismo, se redujo. Este partido lleva contabilizados 907.000 votos, una cifra menor que los 1,25 millones de votos que sacaron en 2006 los partidos que lo integran (Convergencia Ciudadana, Colombia Viva, Colombia Democrática, MPU y sector de Apertura Liberal). También se redujo el número de sus senadores, de 12 a 9. Y se quemaron varios de los 'herederos' non sanctos: los hermanos de Luis Eduardo Vives, Jairo Merlano y Miguel de la Espriella, la hija de Nicolás Curi y esposa de William Montes, y la cuota de Dieb Maloof.

Pero tal vez lo más importante es que hace cuatro años y hace ocho también, cuando Salvatore Mancuso dijo que tenían el 40 por ciento del Congreso, los paramilitares eran una amenaza para el Estado. Estos eran grupos consolidados con mucho poder territorial. Ahora, si bien las bandas emergentes también están actuando, mentiría quien diga que la gente votó bajo presión. Los grupos mafiosos que se han infiltrado en el Congreso pueden ser neutralizados si los altos jerarcas de los partidos políticos y el próximo Presidente asumen esa responsabilidad histórica.