EL CONTRATO DE CARRILLO

LUEGO DE LA DECLARAción del presidente César Gaviria ante la Comisión Accidental del Senado que investiga el caso de La Catedral, y aparte de las destituciones que se produjeron días después del 21 de julio, el único tema que sigue dando de qué hablar es el contrato que firmara el exministro de Justicia Fernando Carrillo con su amigo de varios años, el exdirector de Prisiones Manuel Humberto Cáceres.
Los senadores de la comisión han descubierto que Cáceres se convirtió en asesor del Ministerio de Justicia para reforzar la seguridad de las cárceles de Envigado e Itaguí, después de ser retirado de Prisiones a consecuencia de las irregularidades encontradas por la Procuraduría en La Catedral.
Según denuncias del senador Fernando Botero, Cáceres no sólo actuó como asesor de Carrillo sino que asesoró a la firma Proindustriales Asesorías, contratada por el Ministerio para entrenar una fuerza élite de 85 guardianes para las cárceles de Envigado e Itaguí.
SEMANA habló con miembros de la comisión del Senado y con el exministro Carrillo sobre las acusaciones y preguntas, y este es el resumen de la confrontación:

ASESOR IMPEDIDO
La comisión reveló que a pesar de que Cáceres fue removido de la Dirección de Prisiones el 31 de enero de 1992, luego de tres meses y medio en el cargo, no fue separado de la Comisión Nacional Consultiva sobre Política Penitenciaria, creada dos días antes. El senador Botero Zea dijo que Cáceres fue el único de los cuatro miembros dé la comisión que usó un carro oficial, tuvo escolta y utilizó una oficina en el Ministerio de Justicia. Además hay por lo menos dos actas donde Cáceres firma como asesor del Ministerio. Botero dice que hubo "usurpación defunciones públicas, uso indebido de bienes públicos y peculado", por parte del exdirector de Prisiones.
Carrillo alega que había una oficina en el Ministerio para uso de los cuatro miembros de la comisión y que Cáceres tuvo escolta y carro de Prisiones por las amenazas que sufrió cuand fue Director General de esa dependencia. Carrillo asegura que Cáceres trabajaba con el viceministro Eduardo Mendoza y no con él directamente.
Los senadores aseguran que Cáceres, a pesar de ser un particular, fue tres veces a La Catedral como asesor del Ministro y firmó varias actas como tal, entre ellas una de una reunión con el Alcalde de Envigado, donde se discutió un cambio en el contrato de arrendamiento de la cárcel.
Carrillo dice que Cáceres actuaba como miembro de la Comisión Nacional Consultiva sobre Política Penitenciaria, pero no como asesor suyo.

REMOVIDO O RENUNCIADO?
La comisión dice que Cáceres fue removido de la Dirección de Prisiones después de que el presidente Gaviria vio las 123 fotos de la Procuraduría que mostraban los lujos de La Catedral.
Carrillo dice que no hubo remoción, sino que simplemente "se le pidió la renuncia a Cáceres, porque ya habíamos conseguido al militar que se estaba buscando para ese puesto y así lo habíamos acordado desde un principio".

¿CONTRATO ILEGAL?
Los senadores dicen que Carrillo firmó un contrato de 1.023 millones de pesos con la Fiduciaria del Banco Popular para entrenar un cuerpo élite destinado a manejar los sistemas de seguridad en las cárceles de Envigado e Itaguí. La Fiduciaria, por sugerencia del Ministerio, contrató ese trabajo con Proindustrial Asesorías Ltda. El Ministerio designó a Cáceres como su representante en el negocio. Cáceres terminó siendo, además, asesor jurídico de Proindustrial, por recomendación del exministro.
Carrilo dice que el contrato con la Fiduciaria es absolutamente legal, que sólo se desembolsaron 350 millones de pesos y que a él sólo le comunicaron a finales de junio pasado poco antes de retirarse del gabineteque Cáceres se había convertido en asesor de Proindustrial.
En el debate de la semana pasada el senador Botero le preguntó a Cáceres si era cierto que su familia, oriunda de Pacho, Cundinamarca, tuvo vínculos con Gonzalo Rodríguez Gacha.
Cáceres pidió pruebas. Carrillo dijo: "Eso es una vil calumnia".