El coronel (r) Publio Hernán Mejía podría ser el primer militar de alto rango condenado hasta 20 años de cárcel por la JEP; lo responsabilizan de 75 falsos positivos

El espinoso capítulo del asesinato de inocentes por parte de miembros de la fuerza pública para presentarlos como bajas en combate a cambio de premios y beneficios, conocido como los falsos positivos, acaba de dar un giro trascendental en el tribunal de la Justicia Especial para la Paz (JEP), en la que son investigados militares por participar en esta estrategia criminal que les costó la vida a miles de personas que no tenían que ver con la guerra o el conflicto.

La JEP acusará al excomandante del Batallón La Popa, en Valledupar, coronel en retiro Publio Hernán Mejía, el más alto y reconocido miembro del Ejército que se sienta en la silla de señalado, quien podría purgar una condena de 20 años.

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El asunto no es de poca monta: el coronel Mejía tendrá que responder por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición. La cifra que le atribuye la JEP resulta una barbaridad, según el grueso expediente de miles de páginas, habría participado en por lo menos 75 falsos positivos.

Durante meses, la JEP se dio a la tarea de reconstruir, verificar y analizar cada uno de estos casos, confrontando testimonios con las víctimas y revisando expedientes judiciales para concluir y tener la certeza de que cada muerte es una víctima que nada tenía que ver con el conflicto, tampoco murieron en combate, sino que quedaron atrapadas en esa cadena mortal que se conoce como falsos positivos y que en el Batallón La Popa fue una tragedia.

Hace apenas unos días, la JEP le notificó al coronel Mejía que “cuenta con elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, que le pueden afirmar, con probabilidad de verdad, que durante el tiempo en que ostentó la comandancia del Batallón de La Popa, entre el 9 enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, desapareció y asesinó a personas en estado de indefensión para presentarlas como resultados operacionales ficticios”. En otras palabras, será acusado y llevado a juicio.

Mejía, quien estuvo detenido y ya cargaba en sus hombros dos condenas, tocó la puerta de la JEP y fue acogido, pero ante la no aceptación de responsabilidad en los macabros falsos positivos, la sala de reconocimiento pidió a la Unidad de Investigación y Acusación que llevara el caso para que finalmente determinara su responsabilidad.

Según la JEP, el coronel Mejía tuvo liderazgo y contribuyó de manera esencial en el diseño y la implementación del plan macrocriminal por la conformación y dirección de la organización que se creó dentro del Batallón La Popa, dedicada a la comisión de asesinatos y desapariciones, y por la alianza con grupos paramilitares.

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La JEP cuenta con pruebas documentales y testimoniales que ponen contra las cuerdas al coronel Mejía, y una carta que es demoledora, de los 15 militares adscritos a La Popa que son investigados por la JEP, 12 ya reconocieron su responsabilidad y rindieron testimonios que hoy son parte de las pruebas, a las que se suman órdenes de operaciones, formatos, radiogramas, informes de resultados, presentación de los casos, fechas y lugares donde ocurrieron los asesinatos de inocentes.

“Los comandantes de pelotón daban órdenes de instalar los retenes, detener a personas con determinados perfiles y distribuían tareas para preparar a las víctimas con el propósito de simular el combate. Así, miembros de la tropa se encargaban de vigilar que no se escaparan, otros las vestían y las conducían a los lugares seleccionados para el supuesto combate, todo ello con el involucramiento y conocimiento de todo el pelotón”, señala el tribunal transicional.

En sus investigaciones, la JEP develó dos modalidades de ejecución de estos crímenes: la primera en alianza con paramilitares, quienes incluso, en ocasiones, les entregaban las víctimas ya muertas. La segunda era ejecutada directamente por los militares con la finalidad de presentar resultados operacionales.

“El desprecio que tenían algunos efectivos del Batallón La Popa por la vida de las víctimas se denotaba incluso en el lenguaje: ‘Tenemos dos marranos amarrao (sic), pero no tenemos comida para ellos’, o denominarlas ‘el paquete’ fueron expresiones que denotan la completa deshumanización”, concluyó la Sala de Reconocimiento.

Son cientos los casos que al parecer ocurrieron en La Popa. El primero de ellos “se trató del homicidio de David Rubio y Alberto Edwin Meza Viana, una de las víctimas fue afeitada y peluqueada antes de su muerte, a lo cual accedió en medio del engaño”.

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Tal era la planeación para el asesinato de estas víctimas que, según la JEP, “hubo una preparación que incluye recolección de dinero para la compra del material de guerra que era plantado a las víctimas, lo que se conoció como el ‘kit de legalización’. Con el dinero se financiaban también los desplazamientos para el reclutamiento de víctimas que pudieran estar interesadas en ofertas de trabajo”.

El asunto comprometía a las cabezas, como el coronel Mejía, y al resto de la tropa que cumplía las órdenes. “Los suboficiales, soldados profesionales y regulares asumieron diferentes funciones durante las etapas de planeación, ejecución y encubrimiento de las muertes. La asignación de diferentes roles a la tropa fue liderada por los comandantes de pelotón”, señalan los argumentos de la JEP.

“Una vez ubicadas las víctimas y la tropa, el comandante de pelotón ordenaba la ejecución. Después, los pelotones adelantaban otras tareas: la simulación de combates, la comunicación con el batallón reportando la falsa baja, la implantación de armas a las víctimas y el reporte de la baja a cargo del comandante de pelotón”.

La conclusión de los testimonios de las víctimas es que es evidente la recurrencia del encubrimiento mediante la alteración de la escena del crimen, el ocultamiento de la identidad de las víctimas, el vestirlas con prendas de uso militar, el traslado de los cuerpos del sitio de su muerte y el levantamiento de cadáveres sin “respeto por la cadena de custodia”, pues el levantamiento de los muertos no lo realizaba personal especializado, sino los mismos militares, incluso, en varias ocasiones, las órdenes de operaciones se elaboraron con posterioridad a los homicidios y se adaptaron para que su contenido tuviera en cuenta la forma en la que la baja fue reportada.

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Tal es la gravedad de los hallazgos de la JEP que incluso lograron determinar cómo fue asesinado uno de los supuestos secuestradores de la exministra Consuelo Araújo, quien podría haber contado lo que sucedió detrás de este crimen.

Señala la investigación que el supuesto asesino era Tito Arias, por quien se ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos, “un guía dijo que todos los días ordeñaba unas vacas en Guatapurí, ahí fue capturado por el soldado Valencia. El teniente Álvarez le dio la orden de asesinarlo, lo hizo con el fusil de dotación, pero solo le dieron un millón”. Casos similares se cuentan por decenas.

Pese al arsenal de pruebas que tiene la JEP, el coronel no aceptó la responsabilidad que le significaría un tiquete definitivo de libertad, por el contrario, está dispuesto a irse a juicio para probar su inocencia o pagar hasta 20 años de cárcel.

En un documento radicado ante la JEP, la negativa del coronel fue tajante. “No puedo aceptar ni reconocer que yo desaparecí y asesiné personas en estado de indefensión para presentar resultados operacionales ficticios mientras fui comandante del Batallón La Popa, ni en ninguna etapa de mi vida como soldado, porque esa no es la verdad y tampoco puedo reconocer responsabilidad sobre hechos criminales cometidos por tropas o personas que pertenecían a la unidad militar, pero sobre los cuales no tenía control efectivo, ni dominio de los hechos en las lejanas áreas de operaciones”.

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Brenda Acosta, abogada del coronel Mejía, señala que “la decisión de comparecer al juicio se desprende de su inocencia y necesidad de un juicio justo, libre de prejuicios e irregularidades que se presentaron en la jurisdicción ordinaria”.

La acusación contra el coronel Mejía está en la última etapa de revisión para dársela a conocer al país en los próximos días. Es un hecho, uno de los comandantes del Batallón La Popa tendrá que responder por los cientos de falsos positivos ante la justicia. Su última carta podría ser aceptar responsabilidad antes de que se emita sentencia.