El crimen del agente Watson

En el lamentable episodio del ‘paseo millonario’ que acabó con la vida de un agente de la DEA en Bogotá se registraron tres hechos inéditos en el país. El primero, que un hombre que había estado tres veces en operaciones en Afganistán viniera a morir a manos de delincuentes comunes. 

El segundo, la velocidad con que la Policía logró responder en un delito que como este ha sido de difícil control: en menos de cinco días capturó a todos los responsables del ‘paseo millonario’. Y el tercero, el insólito desempeño de la fiscal del caso.

Pocas veces en la historia de cooperación de las agencias de Estados Unidos en Bogotá hubo tanta molestia con la Fiscalía como en la madrugada del jueves de la semana pasada. No era para menos. Gracias a errores de la fiscal dos de los seis hombres de ser señalados de haber asesinado al agente James Watson quedaron en libertad.

Hacia las tres de la mañana de ese día quienes presenciaban la audiencia de imputación de cargos en los juzgados de Paloquemao, entre ellos varios agentes de la DEA, vieron impotentes como la fiscal Mónica Escobar era regañada una y otra vez por la juez.

Durante largos minutos toda la sala permanecía en silencio mientras la funcionaria de la Fiscalía escarbaba angustiada entre sus papeles. Nunca pudo explicar claramente cuál era el papel en el crimen de Mauricio Pulgarín y Wilson Peralta, dos de los seis capturados. En el momento de anunciar cuáles eran los delitos se equivocó y en tres oportunidades cambió los delitos en plena audiencia.

Jamás pudo exponer ante la juez algunas de las pruebas que existen contra los dos sindicados. Ya en la madrugada, la juez calificó como una “actuación caótica” la de la fiscal y dijo: “Con todas las falencias que hemos observado por parte de la delegada de la Fiscalía, este estrado judicial dispone el restablecimiento de la libertad de los ya señalados señores”. Mientras los dos hombres, sus familiares y abogados aplaudían, los agentes y funcionarios de la embajada así como los policías que realizaron la investigación no podían creer lo que acababa de pasar. 

Nueve horas más tarde el fiscal general, Eduardo Montealegre, que fue informado del profundo malestar que existía en la delegación diplomática en Bogotá, anunció el relevo de la fiscal y designó a otro fiscal para tratar de recomponer un caso que, como este, acaparó la atención del país. “Esa falla de la Fiscalía, en un caso que concentra la atención de tanta gente, explica el alto grado de impunidad que hay en Colombia”, le dijo a SEMANA un alto funcionario de una agencia antidrogas de Estados Unidos.

Un vocero de la Fiscalía tercia en su favor: “Ella estaba bien preparada. Pero cuando comenzó la audiencia se bloqueó. Ni ella misma entiende por qué. Tal vez porque estaba agotada del trabajo. La situación llegó a tal punto que se ahogaba y no podía hablar por faltaba aire. Le pidió a la juez un receso para cederle el caso a otra fiscal pero la juez se lo negó. De todas maneras, ella sigue en el grupo de trabajo”.

El agente Watson fue asesinado el pasado 20 de junio tras abordar un taxi en el norte de Bogotá. A las pocas cuadras un segundo vehículo se acercó y dos hombres descendieron y subieron al auto donde viajaba el estadounidense. Aunque logró escapar había recibido cinco puñaladas mortales. Esta escena quedó grabada en cámaras de seguridad y durante toda la semana fueron reveladas por los medios (ver video en semana.com). Desde el momento mismo del asalto, miembros de la Dijín, Sijín, Sipol, Dipol y agentes de la embajada comenzaron la investigación para dar con los responsables. 

Menos de 24 horas después del homicidio los hombres de inteligencia de la Policía ya habían localizado los dos vehículos, gracias a la colaboración de uno de los dueños del taxi que al ver la noticia sospechó que uno de los conductores que manejaba su carro podía estar involucrado. Durante los siguientes dos días hombres de inteligencia y Policía judicial lograron identificar, seguir y grabar a los integrantes de la banda.

 

El martes los primeros cuatro fueron capturados. Javier Murillo, alias Payaso, fue quien apuñaló al agente. Edwin Figueroa, alias Garcho, subió por una de las puertas traseras del taxi y ayudó a atacarlo. Omar Valdez, alias Gordo, manejó el carro donde se cometió el atraco, y Héctor López, alias Bavario, condujo el segundo taxi donde iban los atacantes. 

En contra de ellos se expidió una circular roja de Interpol, son requeridos en extradición y de ser enviados a Estados Unidos podrían pagar hasta 60 años de cárcel. Pulgarín y Peralta, los dos conductores de taxi, fueron arrestados pero quedaron libres por las fallas de la Fiscalía. Según la investigación, estos dos hombres son parte de la banda e incluso el primero de ellos fue grabado cuando intentaba destruir y borrar las manchas de sangre de uno de los taxis.

Tras las rápidas capturas de los responsables algunas voces intentaron armar un debate afirmando que la eficiencia en la investigación se debía a que la víctima había sido un agente de la DEA. Los funcionarios de esa agencia no mueren todos los días en atracos y es obvio que así como el caso tuvo especial atención de los medios la tuviera también de las autoridades.

Más allá del debate, la realidad es que ya son diez las organizaciones de ese tipo que se han desmantelado en Bogotá, incluida una que era conocida como Los Canarios y tenía 18 miembros. Esa banda realizaba 91 paseos millonarios por mes, en julio de 2011 asesinó al ruso Vitality Shuvinsky, y en agosto del año pasado una de sus víctimas fue Ángel Carrera, otro agente de la DEA que contó con mejor suerte que su colega y no sufrió lesiones. Sus integrantes hoy están condenados a penas entre los 23 y 30 años de prisión. 

Si bien es explicable el reclamo de la ciudadanía que no entiende por qué en Colombia no se ha podido controlar el ‘paseo millonario’, la penosa actuación de la Fiscalía en el caso de Watson es un llamado de atención sobre las fallas de ciertos operadores del sistema acusatorio, que facilitan la impunidad.