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| 1/20/2007 12:00:00 AM

El criminal de guerra

La confesión de Salvatore Mancuso dejó dos cosas claras: que los paramilitares pueden aportar mucho a la verdad, y que el precio de impunidad que habrá que pagar por ella será demasiado alto.

El criminal de guerra En el computador portátil Salvatore Mancuso desplegó cerca de 300 diapositivas como la que se ve arriba, sobre la masacre de La Gabarra. Los peores crímenes fueron narrados por el jefe paramilitar sin que se quebrara siquiera la voz.
Salvatore Mancuso se sentó el lunes pasado frente a su computador portátil, abrió la presentación de diapositivas y empezó a hablar de sus crímenes. El tiempo no le alcanzó para confesar todas las muertes y tuvo que continuar al día siguiente. Al final de la jornada, el balance era estremecedor. Mancuso confesó que había matado a 336 personas. La narración del jefe paramilitar es impresionante. Cuenta uno a uno sus crímenes, ubica en mapas los sitios donde se cometieron, las fechas aproximadas de su ocurrencia y los nombres de las víctimas. Cuenta, por ejemplo, que ordenó secuestrar y matar al indígena embera Kimy Pernía en Tierralta. Y que luego ordenó que fuera desenterrado y arrojado al río Sinú, para que la Fiscalía no pudiera hallarlo.

Cuenta una a una sus masacres. Cómo reunió y entrenó a sus hombres, cómo los dotó de armas y equipos, cómo los transportó y cómo usó su helicóptero personal para surtirlos de municiones y comida, para que siguieran matando. Así lo hizo con Mapiripán, Puerto Alvira, El Salado, Macayepo, La Gabarra, El Aro y la Granja. Nombres todos asociados a incursiones paramilitares que duraron días, semanas y hasta meses. Sin pudor, Mancuso reconoció que en unas ocasiones las planeó, en otras también las ordenó y hasta las ejecutó. Se atrevió incluso a admitir su participación en la masacre de Pichilín, Sucre, a pesar de que había sido exonerado por la Fiscalía.

Mancuso omitió los detalles macabros de estos asesinatos. No especificó, como querían algunas víctimas, que buena parte de estas matanzas fueron rituales donde los cuerpos de los campesinos fueron desmembrados, o que muchos fueron matados a golpes, o torturados hasta que sus cuerpos no aguantaron más. No entregó fosas comunes porque los ríos fueron, en buena medida, los depositarios de su horror. El Sinú, el Meta, el Catatumbo, el San Jorge y el Cauca son cementerios de agua inenarrables.

En cada una de las casi 300 páginas de su declaración, Mancuso asegura que sus víctimas eran insurgentes, y cita sin cesar informes de inteligencia militar con los que intenta justificar el baño de sangre. Olvida señalar que casi todos fueron campesinos inermes, pobres, desarmados, que fueron sacados de su casa, lista en mano, y asesinados delante de sus familias. En pocas ocasiones habla de haber desterrado a miles de familias que deambulan ahora en las ciudades, y aún se espera que hable de las tierras y el ganado que les arrebató.

La retórica constrainsurgente le resultó inútil a Mancuso para explicar, por ejemplo, el asesinato de Hugo Iguarán, académico que aspiraba a ser rector de la Universidad de Córdoba y cuya muerte sólo sirvió para ubicar a un amigo suyo en ese cargo estratégico para sus planes.

Más alucinante aun resultó su relato sobre la infiltración de Ana María Flórez en el CTI de la Fiscalía de Cúcuta, lo que le dio vía libre a una estrategia brutal para acabar con ese cuerpo de investigación.

La lista de atrocidades es larga. La fría lectura de cada una de ellas, por un Mancuso que lucía un fino traje de corbata, como si se tratara del estado de pérdidas y ganancias de una compañía, produce escozor. Su declaración todavía está inconclusa, y quienes lo conocieron de camuflado y con el fusil al hombro saben que aún le falta exponer mucho. Son tantos y tan variados sus crímenes, que ni siquiera su propia memoria ha sido capaz de registrar la magnitud de la matazón.

Resulta curioso además que el testimonio de Mancuso haya terminado por darles la razón a las decenas de organizaciones de derechos humanos, vituperadas y perseguidas, que durante décadas denunciaron que la expansión paramilitar contaba con la complicidad de sectores militares y políticos. A lo largo de su relato hay decenas de referencias a los organismos de inteligencia, a altos oficiales de la Policía y del Ejército, e hizo entrega del documento de Ralito que en 2001 firmaron políticos adscritos al proyecto paramilitar.

La versión libre de Mancuso marca el camino que necesariamente tendrán que seguir los demás jefes de las AUC cuando hablen ante la Fiscalía sobre dos décadas de violencia paramilitar y narcotráfico.

La verdad ¿para qué?

En los países donde han ocurrido procesos de verdad similares al que estamos viviendo, la confesión de los grandes criminales pone a la opinión pública en vilo y se convierte en una catarsis colectiva. En Colombia, después de haber discutido durante un año sobre las garantías que daría la Ley de Justicia y Paz para que se conozca toda la verdad, la judicial y la histórica, el primer asomo de ella ha sido extrañamente acogido. Más atención ha concentrado el escándalo político que el esclarecimiento de gravísimos crímenes de lesa humanidad que involucran a más de mil personas, familiares de las víctimas, que aún hoy se debaten adoloridas entre el perdón y el deseo de justicia.

Posiblemente el país todavía no ha captado la magnitud de lo que está ocurriendo. La importancia de que se empiece a hablar del horror, a asimilarlo, a entenderlo. Este es un proceso largo en el que, como dice Eduardo Pizarro, "todos estamos aprendiendo". En el mundo han existido muchas experiencias de verdad y reconciliación, y otras tantas de tribunales donde se juzgan crímenes de guerra. En Colombia se está probando un modelo diferente, donde la cuota de verdad y reparación debe ser tan grande, que compense la enorme cuota de impunidad que se pagará por ella. Hay que recordar que Salvatore Mancuso, con sus 336 muertos a cuestas, sólo estará ocho años en prisión. Descontando parte del tiempo que pasó en su finca de Ralito, y recorriendo a sus anchas el país, y del que pasará en una colonia agrícola. Tanta generosidad con los victimarios se debería compensar con una reparación efectiva.

El riesgo que quedó latente es que el país conozca la verdad, y no pase nada. Que sea una verdad anecdótica, que ahora transmitida por televisión se convierta en un reality banal y vacío de contenido.

En los países donde se han llevado a cabo procesos de verdad, ésta ha servido para transformar la sociedad. En Argentina, para transitar de una dictadura militar a la democracia. En Suráfrica, para superar el régimen del apartheid. En Gran Bretaña, para superar un conflicto religioso y nacional de más de un siglo. En Guatemala, para llevar el país hacia un modelo democrático más incluyente. En Perú, para dejar atrás la pesadilla de la guerra sucia y el abuso militar.

En Colombia, ¿para qué servirá la verdad? Esa es la pregunta imperativa. Y si es necesario arriesgar una respuesta, sería que la verdad deberá servir para cambiar el estado de cosas que dieron origen a los grupos paramilitares: la corrupción del Estado, la falta de un modelo de seguridad centrado en los ciudadanos y las fallas de una justicia pública que terminó estimulando el imperio de la justicia privada. La verdad debe servir para imponer el Estado de derecho, por encima de las mafias. Esta es la única garantía de que seres como Salvatore Mancuso, carentes de toda conciencia moral individual, no vuelvan a empuñar las armas.

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