EL DEDO EN LA LLAGA

DESPUES DE MUCHOS AÑOS EN QUE COLOMbia ha batido todos los records en cifras relativas y absolutas en cuanto a secuestros, por primera vez el tema llega al Congreso como un debate legislativo en busca de una salida jurídica. La iniciativa surgió de la Fundación País Libre, una organización dedicada al tema del secuestro, que ha recolectado información de primera mano con el fin de crear los mecanismos que permitan acabar con el delito. Con el respaldo de las firmas de más de un millón de colombianos, 56 senadores y 74 representantes a la Cámara, la iniciativa pretende acabar con el negocio del secuestro por medio de la penalización del delito y el no pago de los rescates. Gracias a mecanismos como la congelación de cuentas y bienes del secuestrado y sus allegados, la creación de una Fiscalía Delegada para el Secuestro, el aumento de penas para los secuestradores y sus colaboradores, la penalización de la negociación y la imposibilidad de conceder amnistía o indulto a los secuestradores, el proyecto pretende erradicar la industria del secuestro, desmontando sus lucrativos mecanismos y acabando con la impunidad que lo rodea.
Como se trata de un proyecto presentado por iniciativa popular, corresponde al Gobierno en los próximos días opinar y anunciar la postura oficial. SEMANA logró anticipar un poco cual será la posición del Gobierno ante lo que, por su carácter radical, muchos consideran una verdadera bomba.
En un momento en el cual el Gobierno está siendo cuestionado por blando a raíz de la fuga de Pablo Escobar, lo predecible sería que esta propuesta tuviera una excelente acogida por su severidad. Sin embargo, ha preferido asumir una actitud más prudente. A pesar de que le reconoce la virtud de la oportunidad al abrir un debate que el país estaba en mora de hacer, el Gobierno considera impracticables algunos puntos que el proyecto que País Libre considera claves. La propuesta de congelar las cuentas y propiedades de los secuestrados y sus allegados, inspirada en la ley italiana que busca impedir que se alimente el negocio, es, a ojos de muchos, una propuesta impracticable en Colombia y ha levantado ampolla. No solamente el caso italiano y el colombiano son incomparables en sus dimensiones durante el año pasado en Italia se presentaron sólo ocho secuestros mientras en Colombia se reistraron 1.413 sino que en Colombia el problema del secuestro tiene unos alcanes y unas dimensiones económicas enormes.
Por cuenta de esa medida, el secuestro y el consecuente congelamiento de centas y bienes de un importante industrial acarrearía serios problemas para las empresas -y por consecuencia al mismo número de lectores de la economía y demás puede llevar a una simple alteración de las modalidades de secuestro.
Por otro lado, en un país informal y subregistrado como Colombia, lo que puede ser congelado es una mínima parte de lo que posee la familia, y en el caso de los ganaderos resultaría sumamente complicado aplicar este tipo de medidas.
Por esta razón, se contempla la posibilidad de fiscalizar los movimientos de venta y transacciones con fin el fin de evitar que se destinen dineros al pago de reses, en vez de sacar del comercio los bienes y congelar cuentas de las víctimas y familiares. Finalmente, delincuentes podrían reemplazar como lo han venido haciendo cada vez con frecuencia el cautiverio por una privación momentánea de la libertad, acompañada de la obligación de firmar un pagaré o una letra. En el peor de los casos y para intimidar aún más a las familias, se cree que los plagiarios podrían llegar a ejecutar a sus víctimas. El ejemplo más elocuente es el de un alto funcionario del Gobierno secuestrado por el ELN a principios de este año, liberado al cabo de pocos días con el fin de darle tiempo para vender su finca y saldar el pagaré que había firmado a sus captores. Esta modalidad de secuestro y pago se ha vuelto cada vez más frecuente y quienes más han sufrido este tipo de extorsión han sido los ganaderos de la Costa.
Por su parte, el Gobierno ve con muy buenos ojos la creación de una Fiscalía Especial para el Secuestro, dedicada a investigar y acusar esta clase de delito, pues es precisamente por falta de una unidad especializada en la investigación y el seguimiento de este tipo de casos, que la impunidad es casi una regla. El secuestro es una industria que esta cada vez más compartimentada y que funciona con pequenos núcleos independientes que trabajan ya sea en la labor de inteligencia, ya sea en el secuestro mismo o en la vigilancia de la víctima. Por ello se considera que incluso en los casos más exitosos de rescates y capturas, se logra detener únicamente a los operadores y no al núcleo de la banda de secuestradores. Por otro lado, las investigaciones se han vuelto cada vez más complejas por la interacción entre los diferentes grupos dedicados al secuestro. Es una práctica común que la guerrilla contrate los servicios de delincuentes para realizar un secuestro, o que guerrilleros reinsertados hagan este tipo de operaciones para entregarlos al narcotráfico. Las investigaciones parecen indicar que el caso del secuestro de Andrés Pastrana fue realizado por una célula del M-19 que posteriormente lo entregó al narcotráfico. Especialmente en este tipo de casos, la Fiscalía Especial para el Secuestro, que reuniría miembros de la Policía, el DAS y la Dijín, podría establecer una red de información continuada que investigue precisamente donde las otras investigaciones suelen terminar: en el rescate o la liberación.
Los defensores del proyecto alegan que sólo en 15 ó 20 por ciento de los casos de secuestro los afectados piden la intervención de las autoridades, y que gracias a los mecanismos establecidos por la iniciativa de País Libre y el buen desempeño de Unase, se lograría un acercamiento entre la ciudadanía y la autoridad. De hecho, 80 por ciento de los casos en los cuales intervienen las Unidades terminan con un rescate exitoso, y en casi 100 por ciento de los secuestros reportados, la víctima sale con vida. En realidad, la función mas espectacular de Unase es el rescate, pero no solamente este no se produce sin la previa autorización de la familia sino que en realidad se trata de la parte visible de una labor que comprende la unificación de la autoridad ante el caso, la ayuda a los allegados de la víctima, la asesoría y las labores de inteligencia.
Sin embargo, con su proyecto País Libre ha puesto sobre el tapete la incompatibilidad de la intervención de la autoridad y la solución negociada, pues penalmente siempre puede alegarse que la negociación implica encubrimiento al delito. Tradicionalmente en Colombia los casos de secuestro se resuelven como en los Estados Unidos, donde lo que prima es la vida del ciudadano aun por encima de las razones de seguridad del Estado, y donde el interés último no es tanto evitar el pago del rescate sino el de montar procesos judiciales. En esos casos, lo importante es la cooperación de la familia de la víctima y las autoridades para seguirle la pista a la banda de secuestradores y para ello se llega hasta perfumar los billetes del rescate para poder rastrearlos posteriormente y desmontar la banda. En Colombia, tipificar la negociación como delito podría tener un efecto contraproducente y contribuir al alejamiento de una ciudadanía que poco confía en la labor de sus autoridades y una autoridad que aún no ha demostrado ser la mejor solución en estos casos.
No obstante, existen políticas de erradicación del secuestro que, siendo más radicales, han contado con gran éxito. No es el caso de la legislación de Italia, donde la ley que inspiró a País Libre no fue la que acabó con el delito, sino una primera serie de disposiciones tomadas durante los años 80, que pusieron talanqueras al delito. La ley que sirvió de ejemplo a la reciente iniiativa colombiana data de 1991, cuando en Italia el secuestro había pasado de ser un problema de 70 casos al año, a ser uno de siete u ocho.
Una postura radical exitosa es el modelo británico o israelí, en donde la prioridad es la seguridad del Estado, pero que se aplica eminentemente a caos de secuestro político. De hecho, en Colombia han sido muy pocos los casos de un secuestro donde el móvil es puramente político, salvo, probablemente, el de Alvaro Gómez Hurtado, secuestrado por el M-19, en mayo de 1988.
Usualmente, lo que se presenta como un secuestro político se acompaña de la exigencia de sumas millonarias, como sucedió en el caso del secuestro de Norberto Morales por cuyo rescate la familia pagó 550 millones de pesos. Incluso muchos de los secuestros más comunes en Colombia están relacionados con ajustes de cuentas, venganzas entre socios e incluso problemas en los trámites de un divorcio para los cuales, obviamente, la estrategia británica o israelino es aplicable.
Existen algunos puntos en los cuales el Gobierno apoya la iniciativa de la ley antisecuestros. La mayoría de ellos se relacionan con la parte jurídica como lo son el aumento de penas, el establecimiento de circunstancias agravantes y el estímulo a la liberación voluntaria. En cuanto a la imposibilidad de que los secuestradores se acojan a amnistías o indultos, el admitirlo sería cerrar las puertas de un eventual proceso de paz con la guerrilla, una organización eminentemente secuestradora. Independientemente de que actualmente parezca una posibilidad lejana, si un acuerdo se produjera con los grupos subversivos, incluir ese punto en el proyecto resultaría inocuo ya que tanto indultos como amnistías se dan por ley, y la promulgación de una ley puede tumbar a otra.
En todo caso, el Gobierno tiene propuestas adicionales a los puntos que incluye la iniciativa de País Libre y que parecen contar con gran apoyo. Se ha contemplado la posibilidad de establecer el pago de rescates o extorsiones como una causal de terminación de contratos con el Estado, tales como obras públicas o la asociación para explotación de minas e hidrocarburos. Por otro lado, existe una propuesta del ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, para que las autoridades abran un registra en el cual, por medio de un sencillo proceso, los ciudadanos declaren que, en caso de ser secuestrados renuncian a nombre de su familia a la negociación y sólo aceptan un rescate por parte de las autoridades. El Gobierno considera esta una propuesta interesante y de llegarse a implementar, los primeros en dar ejemplo serían el Presidente y sus más altos funcionarios. Como el Gobierno es consciente de que el Estado ha sido incapaz de dominar el fenómeno del secuestro, no puede darse el lujo de exigirle a la gente que renuncie a solucionarlo por medio del pago de rescate. Más que tratar de penalizar la negociación y alejar aún más a la gente de las autoridades, lo que hace es cortar de plano las posibilidades de que esta se produzca.
En todo caso, el debate sobre la legislación antisecuestros apenas se abre, y no solamente merece toda la atención del Gobierno sino que se trata de un tema que el país estaba en mora de debatir. Esto es aun mas válido cuando el secuestro ha batido sus récords históricos y tiene ciudades enteras en un virtual estado de sitio (ver artículo).