El desgobierno de Gustavo Petro

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en una sola semana tuvo que capotear la salida de la secretaria de Movilidad, Ana Luisa Flechas, la renuncia del gerente del Acueducto, Diego Bravo, y las protestas de ciudadanos descontentos con el impuesto de valorización. Una tras otra, las noticias no fueron el simple registro de la cotidianidad de un gobierno, sino la evidencia de un problema más profundo: la falta de manejo político. Por eso, lejos de conjurarse, los líos permanecen en un continuará que no agota ni su suspenso ni su dramatismo. 

La semana pasada arrancó con la salida de Flechas de una de las secretarías clave del gobierno: Movilidad. Para los bogotanos el transporte en la ciudad es una de las preocupaciones prioritarias con la seguridad. Como en varias de las renuncias –van 17– de funcionarios altos de la Alcaldía, Flechas argumentó razones personales. Es inocultable que su gestión fue pobre en materia de resultados y que su renuncia refrendó la idea de que a Petro le ha quedado grande conformar un equipo. 

El Sistema Integrado de Transporte (SITP), que prometía poner fin a la guerra del centavo, entró en vigencia con un déficit de pasajeros debido a la falta de claridad en la información y a que no se ha chatarrizado lo suficiente. El futuro de la carrera Séptima es un enigma, pues una vez el Concejo hundió la solicitud de un cupo de endeudamiento para la ciudad, los proyectos de infraestructura quedaron en veremos. Y el tan anhelado metro, pese a contar con estudios sobre su viabilidad, no arranca. Estos temas son de responsabilidad de la Secretaría de Movilidad. Al frente se necesitaba una persona con conocimiento, el cual Flechas tenía de sobra. Pero también se requiere de capacidad para ejecutar y eso, según observadores de su gestión, le faltó. 

En parte, los resultados son el fruto de la desconexión de Petro con el Concejo, que es el que da el debate político. “Flechas iba a un ritmo lento para lo que exige la actividad pública, pero también es cierto que falta cabeza de equipo y coordinación en el gobierno”, sintetizó la concejala progresista Angélica Lozano. 

Pero el alcalde también debió encarar otro revés en su equipo. La cabeza del modelo de aseo diseñado por su gobierno, Diego Bravo, salió el miércoles pasado por la puerta trasera de la Gerencia del Acueducto. Petro aceptó su renuncia después de que, como en un castillo de naipes se comenzaron a caer todas las cartas. 

La semana pasada en el Congreso, el senador Carlos Alberto Baena, del Mira, hizo un debate de control político al esquema de aseo del cual Petro no salió bien librado. El alcalde reconoció que el sistema le ha dejado pérdidas por 5.000 millones de pesos desde diciembre. Baena argumentó que los sobrecostos van en 20.000 millones. Lo cierto es que desde el 18 de diciembre, cuando entró en vigencia el nuevo modelo de aseo, el gobierno distrital dio muestras de incapacidad para responder al desafío. El alcalde prometió cubrir el 100 por ciento del servicio en la ciudad. Hoy solo lo hace en el 30 por ciento. Y durante el proceso de diseño y ejecución del nuevo esquema no han faltado los escándalos por las irregularidades en los contratos, el incumplimiento de los contratistas y las fallas en la facturación. 

Una vez terminó el debate citado por el senador Baena, la Procuraduría anunció que investigará a Bravo, quien estuvo detrás del diseño del nuevo modelo de aseo. Al otro día, Petro aceptó su renuncia. “Todos los cambios que se efectuarán en mi gabinete tienen dos objetivos: triplicar la lucha contra la corrupción y profundizar ejecución”, trinó. De esta manera el alcalde reconoció los errores que cometió al embarcarse en un cambio drástico del esquema de aseo. La salida de Bravo estaba cantada y era cuestión de tiempo. Alguien debía asumir el costo político. Al final le tocó, ya sea porque él le vendió una idea al alcalde que al final no pudo sostener, o porque Petro necesitaba alguien en quien depositar la responsabilidad. Aun así no queda del todo expiada la culpa. La Superintendencia de Servicios Públicos, la Fiscalía, la Contraloría la Personería tienen bajo la lupa a varios de sus funcionarios y sus actuaciones. 

Al final de la semana pasada el alcalde anunció que suspendería por dos meses el pago del impuesto de valorización. La decisión llegó mes y medio después de que comenzó el descontento ciudadano. La salida busca aplacar los ánimos de la gente, que no entendía por qué debía pagar un impuesto por la valorización de su predio después de que se construya una obra lejos de su casa. También hubo personas a las que el monto les pareció demasiado alto y otros argumentaron que no tienen con qué pagar. 

Cabe anotar que Petro se enfrentó a un problema que él no creó. El impuesto de valorización fue producto de un acuerdo aprobado por la administración de Luis Eduardo Garzón y el Concejo de ese entonces. Su intencionalidad es buena, pues busca mejorar las obras de infraestructura de la ciudad (crear 134 obras) bajo el presupuesto de que se beneficiará la propiedad inmobiliaria, se mejorará la movilidad y  el espacio público. En últimas, la ciudad sería más competitiva.  

Pero ante el descrédito de la administración anterior, que cobró la primera fase del impuesto, y muchas obras no se han hecho, la confianza en la medida se ha ido perdiendo. Las pancartas de los protestantes que salieron a las calles decían “no queremos financiar más la corrupción”, entre otros mensajes. No obstante, Petro no fue previsivo. Pasó más de un año y no advirtió el problema que sobrevendría a la hora de cobrar. Y durante la semana pasada los mensajes fueron desafortunados. Por ejemplo, el miércoles pasado, mientras la directora del IDU, María Fernanda Rojas, encaraba un debate en el Concejo tratando de explicar la importancia de cobrar la valorización y de no sentar un mal precedente para que la ciudadanía le haga esguince a los impuestos, el alcalde fustigaba a sus opositores en Twitter: “Concejales de oposición le niegan al Gobierno Distrital la conformación de una mesa para corregir fallas de valorización”. El Concejo levantó la sesión sin concluir nada. 

Horas más tarde Petro convocó a los voceros de los partidos a una reunión con un trino. Y la molestia de los concejales se atizó de nuevo. Algunos consideraron que ese no es el canal para dirigirse a ellos, pues no sabían a dónde ni a qué hora se llevaría a cabo el encuentro. Pero más allá del descuido en la forma, lo que quedó al descubierto fue la falta de un enclave político entre el gobierno y el Concejo.  “Ojalá los diálogos no sean solo para asuntos coyunturales, sino para llegar a acuerdos sobre los temas importantes”, adujo la concejal María Victoria Vargas.

Después de una reunión con los voceros de las bancadas, Petro acordó presentar un proyecto de acuerdo para reformar la norma que le dio vía al impuesto. El objetivo no es dejar de cobrarlo, sino reformarlo. Por ahora, la crisis  quedó postergada, pues tanto el alcalde como el Concejo deberán acordar una reforma que calme los ánimos. Pero más vale que lo hagan sin sacrificar las mejoras prometidas a una ciudad rezagada en infraestructura. Sería un pésimo mensaje desincentivar a los contribuyentes. 

Mientras todo esto ocurre, se resiente la soledad del alcalde. Su secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, está en licencia por enfermedad. No hay quien maneje los hilos de la política. Y su equipo está cada vez más diezmado.