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| 12/16/2006 12:00:00 AM

El destape

De la mano del llamado proceso de la para-política, el país se despierta de un doloroso letargo. Si la justicia actúa con rectitud, se fortalecerá la democracia.

El destape, Sección Nación, edición 1285, Dec 16 2006 3 de Septiembre 2006 El computador de ‘Jorge 40’, edición 1270, Por primera vez SEMANA tuvo acceso a gran parte del espeluznante contenido del computador encontrado a ‘Don Antonio’, la mano derecha del jefe paramilitar
Lo más escandaloso del escándalo de la para-política es que haya resultado una sorpresa para el país. La actuación tardía de la justicia convirtió en nuevos, hechos que durante años eran verdades de a puño en las regiones y que se debieron haber investigado, al menos por sospechosos, pero que extrañamente pasaron inadvertidos. Era ya un lugar común hablar de sorprendentes resultados electorales y de poderes emergentes que se consolidaban sin razones claras. La Nación no despertaba del letargo.

La infiltración paramilitar en la política es el último de los eslabones de este proyecto militar que nació a finales de los 80 e inicios de los 90. Se podría decir que inicialmente, los políticos fueron las víctimas de estos poderes armados que intimidaban la participación electoral y que limitaban el proselitismo en las regiones más apartadas. Eran más que todo obstáculos para el quehacer de la política. Poco a poco, sin embargo, ese poder armado empezó a mimetizarse con los estamentos considerados pilares de la sociedad, y de manera vertiginosa involucró a los sectores productivos locales, se apalancó en los militares, se reclinó en las iglesias y convocó a los políticos. Todos de manera solapada se cobijaron con el argumento de la conveniencia y la eficiencia, y primó la visión de que el fin justificaba los medios.

Cuando las regiones empezaron a salir a flote y tenían para mostrar más cabezas de ganado, más hectáreas cultivadas, más bananos exportados y más plata en los bancos, los vínculos de los paramilitares con todos los sectores de la sociedad ya eran tan estrechos y fuertes, que eran innegables. Pero, poco a poco, la ilegalidad de su actividad, su alianza con el narcotráfico y la atrocidad de sus métodos volvieron vergonzantes esas 'sociedades'. Lo hecho, hecho estaba y los rabos de paja se habían multiplicado por todo el país. Se temía que alguien trajera la candela y el incendio empezara sin remedio. Por eso se optó por clandestinizar la evidencia. Lo que en un momento fue un tema casi aceptado en las regiones se convirtió en verdades enterradas bajo tierra. Con esta actitud aumentaron los problemas para los señores de la guerra, que necesitaron aun más plata, enfrentaron a un Estado que empezó tímidamente a combatirlos y su existencia se volvió incómoda e innecesaria para muchos. Pero ellos ya tenían en su mano la buena tajada del chantaje.

Cuando empezó hace tres años y medio el proceso de desmovilización de las autodefensas, lo que muchos pensaron era que, tanto para los 'paras' armados como para los 'desarmados', era el mejor momento para cerrar el negocio. El número de efectivos había crecido desmesuradamente y era tiempo de desbaratar ese ejército. Desmovilizarse era el camino por el cual se aprovecharían las ya consolidadas ganancias; se había realizado ya la llamada "labor patriótica" que los excusaba y, por lo tanto, la etapa de la guerra había culminado. Pero su proyecto político había echado raíces y sobre el Congreso en particular había sembradas muchas dudas. Los parlamentarios que terminaban su labor en 2006 habían sorteado en 2002 unas elecciones sin mayores controles, en las que no se hicieron visibles las debilidades de sus hojas de vida, o de sus apoyos, pero sobre los que ya los jefes 'paras' habían sentenciado que el 30 por ciento estaba bajo su control.

Fueron famosas las apariciones de las entonces congresistas Eleonora Pineda y Rocío Arias, que sin pudor alguno defendieron a los capos y sobre quienes nunca se iniciaron investigaciones, lo que dejaba ver que la afirmación sobre sus 'fichas' en el Parlamento podría ser cierta. Al llegar 2006, la cosa no era desconocida para los partidos. Las constantes denuncias en los medios de comunicación y los análisis políticos alertaban sobre la oportunidad de desmontar la amenaza o por lo menos de menguarla, y fue así como el tema de la infiltración paramilitar se convirtió en obligatorio para la consideración de los partidos. Se anunciaron purgas, se excluyeron políticos de las listas. Pineda y Arias salieron del Congreso, pero muchos otros alcanzaron su curul.

Hoy, nueve meses después de las elecciones, tres congresistas están en la cárcel. Seis más rindieron indagatoria ante la Corte y esperan decisiones sobre su situación, y algunos otros sospechan que podrían resultar involucrados.

No se sabe si esto parará ahí o si la Corte Suprema tiene batería para continuar con las pesquisas. ¿Hasta dónde irá la Corte? ¿Es este el despertar de un país que se sacude de las alianzas con estas mafias? ¿En qué medida afectará al gobierno el escándalo?

Cuando desde afuera los analistas miran a Colombia, entran en una especie de dimensión extraña en donde las verdades se restriegan en la cara sin que asome la mínima muestra de asombro en los nacionales. El dolor de la periferia afectada por las acciones violentas de los grupos armados aún no consigue calar en el consciente colectivo de la mayoría. A pesar de que las instituciones no sucumbirán, como no lo han hecho antes, es necesario que además de sostenerse, se depuren y afronten con firmeza el reto de reinventarse para sostener a flote un país que tiene muchos males avanzando y que si no se combaten, lo pudren. n

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