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| 10/23/1995 12:00:00 AM

EL DIALOGO HA MUERTO

La última masacre perpetrada por la guerrilla en Urabá confirma que con su actitud los alzados en armas derechizaron al gobierno y a la opinión y acabaron con las posibilidades de una negociación.

EL DIALOGO HA MUERTO EL DIALOGO HA MUERTO
EL MIERCOLES PASADO EL presidente Ernesto Samper se desayunó con una mala noticia. Poco antes de las siete de la mañana el ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, y el director del DAS, Ramiro Bejarano, le llamaron para contarle que había ocurrido una nueva masacre en Urabá. El asunto no era de poca monta. A las cinco y 40 de la madrugada, un grupo de cerca de 15 guerrilleros del V Frente de las Farc que vestían uniformes de la Policía y portaban armas de largo alcance, interceptó un convoy de camiones y buses que se desplazaba hacia la finca bananera Rancho Amelia. Revisaron uno a uno los vehículos. Cuando llegaron al que era conducido por Darío Correa, lo hicieron salir del camino y tomar un desvío que conduce a la hacienda Las Tortugas, situada a un kilómetro del municipio de Apartadó.
Según el testimonio de uno de los pocos sobrevivientes, mientras el bus avanzaba todos se miraban, callados, presintiendo lo que iba a suceder. A los cinco minutos en el Bajo del Oso, uno de los subversivos le dijo al conductor que detuviera la marcha. Los guerrilleros disfrazados de policías ataron las manos de los trabajadores a sus espaldas, los hicieron descender del vehículo y les ordenaron tenderse boca abajo en el fango. En ese momento comenzó una balacera que solo terminó cuando le prendieron fuego al bus y los subversivos emprendieron la fuga hacia el monte.
Cuando las autoridades llegaron al lugar -como es costumbre, a los pocos minutos de ocurrida la masacre- encontraron 26 cadáveres, cinco sobrevivientes y los hierros aún humeantes del bus. Las víctimas -como es también una triste costumbre- no eran más que trabajadores de la zona, miembros de la sociedad civil que no logran escapar al fuego cruzado de los distintos movimientos armados que se disputan el control político y militar de una de las regiones más ricas y productivas del país.
Después de los 26 obreros asesinados y de sus familias, la principal víctima de lo sucedido el pasado miércoles es el gobierno. Los hechos cuestionan seriamente las medidas tomadas por los altos funcionarios de la administración Samper, quienes tras la masacre de 19 personas en Carepa, ocurrida hace escasas tres semanas, decidieron ponerle punto final a la situación con la declaratoria de conmoción interior y con la expedición de varios decretos de excepción destinados a contrarrestar la acción de los violentos en Urabá.
Pero ni las medidas, ni las acciones, ni las intenciones del gobierno bastaron. Prueba de ello son las más de 700 víctimas que ha dejado la guerrilla en lo que va corrido del año y, aún más grave, las casi 90 que ha cobrado en el último mes y medio. Los correctivos "estrictos y severos" que anunció el ministro de Defensa en la rueda de prensa llevada a cabo hace tres semanas en Carepa, no parecen funcionar para prevenir ataques ni para disuadir a los alzados en armas. Los patrullajes establecidos por el brigadier general Víctor Julio Alvarez, comandante de la XVII Brigada con sede en esa localidad, tampoco han logrado evitar estas masacres, planeadas casi todas de la misma manera y ejecutadas como si se tratara de seguir un solo patrón.
Los trabajadores de las explotaciones bananeras salen todas las mañanas de sus casas con el temor de que la próxima vez les toque a ellos, como si sobre la región pesara una sentencia de muerte. No saben qué les espera. Pero si algo es seguro después de lo sucedido en la madrugada del miércoles, es que el que está condenado a morir es el diálogo. Las escasas posibilidades que quedaban de que el gobierno y la subversión se sentaran a la mesa de negociaciones quedaron enterradas junto a las 26 víctimas de la barbarie de la guerrilla. Y es que eran muy pocas las evidencias que faltaban para tachar definitivamente de la agenda esa posibilidad. Las Farc están dedicadas a masacrar a la población civil de Urabá. Y ha sido tal la sevicia y la barbarie de sus ataques que han logrado trastornar a un país que se ha familiarizado dramáticamente con la violencia y con la ceguera de los subversivos. Y aunque es obvio que lo de Urabá es lo más grave, los hombres de las Farc no es que estén propiamente quietos en el resto del país. El Ejército de Liberación Nacional -ELN-, por su parte, tampoco ha mermado la violencia que lo caracteriza, ni ha cumplido con las normas del derecho internacional humanitario por cuyo respeto ha armado tanto alboroto. Si a todo eso se suma el giro a la derecha que ha dado el gobierno en materia de preservación del orden público, la única conclusión posible es que el diálogo ha muerto.

TODO CAMBIO
El 18 de mayo, en Bucaramanga, el presidente Samper y el entonces alto comisionado para la paz Carlos Holmes Trujillo, anunciaron su estrategia para lograr el diálogo con los alzados en armas. Esta incluía la desmilitarización del municipio de Uribe, excepción hecha de su cabecera, y el inicio de conversaciones que llevaran a un acuerdo sobre la humanización de la guerra. Las palabras de Samper representaban la mano tendida más generosa que mandatario alguno le hubiera ofrecido a la guerrilla desde cuando la salida negociada a este conflicto fue planteada por primera vez en tiempos de Belisario Betancur.
Aun en un país donde las circunstancias cambian tan rápido, resulta increíble que esas ofertas del Presidente hayan sido hechas hace tan sólo cuatro meses. En su momento, la propuesta del gobierno de desmilitarizar la zona rural de Uribe fue aplaudida por los amigos del diálogo. Celebraron que el gobierno se la jugara toda para buscarle una salida negociada a un conflicto que ha desangrado al país desde hace más de 40 años. En ese momento parecía inminente que el entonces alto comisionado para la paz se iba a sentar a la mesa del diálogo en cuestión de días.
Pero el fervor que despertaba esta perspectiva contrastaba con lo que se decía en otros sectores, menos convencidos de la viabilidad del proyecto y mucho más renuentes a buscar una salida política para la subversión. Tal fue el caso de algunos altos mandos del Ejército que, junto al general Harold Bedoya Pizarro, su comandante, elaboraron un documento interno en el cual proponían que la fuerza pública conservara un tercio de Uribe, que la orden de despeje del territorio fuera dada por escrito, y sugerían que la responsabilidad jurídica fuera asumida por el alto gobierno por si dicha determinación resultaba ilegal o inconstitucional las responsabilidades quedaran claramente establecidas (ver SEMANA #687).
En el transcurso de esa semana de julio las cosas se pusieron color de hormiga. El presidente Samper respondió al memorando con un enérgico "Aquí mando yo" y todo parecía indicar que a Bedoya le iban a pedir la baja. Sin embargo, a los pocos días quedó claro que el general había ganado su batalla. El episodio sirvió para que el propio Presidente le tomara el pulso a la situación y se diera cuenta de que muchos más colombianos de los que él estimaba estaban de acuerdo en que desmilitarizar el estratégico municipio de Uribe era un error y que la guerrilla tenía mucha menos voluntad de paz de la requerida para merecer tanta generosidad.
Un segundo elemento que enrareció el ambiente fue la interceptación por parte de organismos de seguridad de una comunicación radiotelefónica de Luis Devia Silva, alias 'El Mono Jojoy', cuando les leía a algunos frentes de las Farc situados en los Llanos Orientales un comunicado que sería enviado al gobierno en respuesta a la iniciativa de desmilitarizar Uribe. En dicha comunicación el cabecilla de las Farc dejaba en claro que su organización no aceptaría nada distinto de la desmilitarización de la totalidad del municipio, incluyendo su cabecera. De manera casi simultánea, organismos de inteligencia incautaron un documento que el ELN había hecho circular en sus filas, del cual se deducía que su intención de propiciar la negociación era únicamente una táctica que, según el documento, "favorece el proceso revolucionario, sirve para conquistar legitimidad nacional e internacional, ayuda a conseguir nuevos aliados y a mejorar la correlación de fuerzas y conseguir conquistas parciales".

A la evidencia de que ciertos sectores de la cúpula militar no estaban para nada entusiasmados con las condiciones de diálogo del gobierno, y a la obvia falta de voluntad política para llegar a un acuerdo por parte de los alzados en armas, se sumó el deterioro de la situación política del país. Las revelaciones que en forma acumulativa se han ido presentando en relación con la financiación de la campaña liberal de 1994 -tanto a nivel congresional como presidencial- con dineros aparentemente provenientes del narcotráfico, en especial del cartel de Cali, pusieron al gobierno en una situación políticamente desventajosa para iniciar un diálogo.
Estos hechos tuvieron una consecuencia lógica: el Alto Comisionado comenzó a ver el horizonte tan nublado que buscó una salida decorosa y aceptó ser uno de los siete miembros de la Dirección Nacional Liberal que eligieron los convencionistas rojos el domingo 23 de julio. Como estocada final a la fórmula del Comisionado, el gobierno anunció que no nombraría reemplazo para Trujillo, con lo cual descabezaba, antes de cumplir un año de gobierno, el organismo en el cual el presidente Samper había puesto todas sus esperanzas de reanudar las negociaciones con la guerrilla, suspendidas desde mediados de 1992.
Pero ahí no pararon las complicaciones. Más bien, fue entonces cuando comenzó el verdadero enredo que hace que, hoy por hoy, nadie dé un peso por una salida negociada al conflicto con la guerrilla. En las semanas siguientes fue detenido Santiago Medina, tesorero de la campaña samperista, y días después también perdió su libertad el ministro de Defensa Fernando Botero, todo por cuenta de las investigaciones sobre la financiación de la campaña con narcodineros. Estos hechos redujeron significativamente la capacidad del gobierno para maniobrar en un campo como el de las negociaciones con la guerrilla, para el cual se necesita una inmensa capacidad de convocatoria.
El ex consejero para la paz del gobierno de César Gaviria, Jesús Antonio Bejarano, asegura que el problema es que "a la guerrilla no le conviene negociar en estos momentos". "El gobierno -agrega el hombre que condujo por el gobierno los diálogos de Caracas- está muy débil políticamente y carece de iniciativa. Está cuestionado y por cuenta de ello se está generando un vacío político que la guerrilla está aprovechando. Y el gobierno, por su parte, no tiene nada que ofrecer. Antes bien, necesita urgentemente un triunfo militar". En este mismo sentido se expresó el politólogo y ex ministro Fernando Cepeda Ulloa: "No hay proceso político como el que vive actualmente Colombia que fortalezca las instituciones. Estas crisis terminan legitimando a la guerrilla, le dan ventaja", asegura.
Todo indica pues que la guerrilla se ha ido distanciando cada vez más de su ya débil voluntad de negociar. Esto podría explicar, en cierta medida, la escalada de la violencia guerrillera de los últimos meses. Y aunque en el caso de Urabá hay quienes creen que el problema de la zona bananera obedece a conflictos regionales que tienen una dinámica propia, y que las masacres perpetradas por el V frente de las Farc no responden a una orden del secretariado (ver SEMANA #696), lo cierto es que el silencio de la comandancia del movimiento ha sido bastante revelador. A esa conclusión han llegado no sólo analistas de centro y de derecha, sino ex guerrilleros desmovilizados como Otty Patiño, Vera Grabe y Carlos Franco, quienes, por medio de una carta que firmaron en compañía de otros ex combatientes, criticaron duramente el mutismo de Manuel Marulanda Vélez, alias 'Tirofijo', a ese respecto. En la misiva, dirigida al comandante de las Farc, aseguran que nada justifica las atrocidades que ha cometido el V frente en la zona, le preguntan si el derecho internacional humanitario sólo es aplicable a un solo bando y terminan diciéndole que es él quien "tiene la última palabra". "Su silencio -rematan- hoy es inadmisible".
El ELN, por su parte, se ha expresado tanto por sus declaraciones como por sus actos. La organización subversiva ha seguido protagonizando los más crueles casos de secuestro y ha manifestado pública y abiertamente que no existe ninguna posibilidad de diálogo con el actual gobierno. En una declaración a nombre de todos los frentes del ELN hecha el lunes pasado por Nicolás Rodríguez Bautista alias 'Gabino', el segundo hombre de la organización manifestó, en una declaración plagada del cinismo de provenir de una guerrilla untada de narcotráfico hasta el cuello, que "por principio y por dignidad revolucionaria, la UC-ELN no negocia con narcotraficantes, no negocia con gobiernos que representen esos oscuros intereses y por lo tanto no alcanzará a haber diálogo con el gobierno de Samper, porque es un gobierno de narcotraficantes".
Y si así son las cosas del lado de los alzados en armas, del lado de la sociedad civil el palo tampoco está para cucharas. Los colombianos, hartos ya de muestras como la del pasado miércoles, comienzan a endurecer su posición acerca del diálogo. Uno de los hechos que puso en evidencia el rechazo de la opinión hacia un acercamiento con la guerrilla fue el caso de la destitución del general Alvaro Velandia Hurtado, procesado por la Procuraduría General de la Nación por su vinculación a un episodio de violación de derechos humanos. Hace unos cuantos meses, cuando el propio presidente Samper aceptó a nombre del Estado la responsabilidad de éste en el caso de la masacre de Trujillo, en el Valle del Cauca, el país y el mundo aplaudieron la autocrítica de las autoridades colombianas. Pero mucho se ha cargado el ambiente desde entonces. En su columna del diario El Espectador, Ramiro de la Espriella puso en letras de imprenta la semana pasada lo que muchos colombianos están pensando en silencio. El articulista rechazó fuertemente la destitución del general Velandia y aseguró que en Colombia los derechos humanos sólo se aplican para uno de los bandos. "En el proceso de la subversión armada y los constantes quebrantamientos del orden público se ha venido imponiendo una política de apaciguamiento de la acción de la fuerza pública que ha ido entregando, palmo a palmo, el territorio nacional al terrorismo armado. Se reduce la acción de la fuerza pública por medio del expediente de la pretendida defensa de los derechos humanos" escribió De la Espriella, a quien nadie se atrevería a identificar como un hombre de derecha.
Por cuenta del ambiente reinante, tanto en el alto mando militar como en la sociedad civil y en el seno de la propia guerrilla, todo parece indicar que lo único que puede esperar al gobierno Samper es guerra, o mejor dicho, más guerra. La actual administración parece haber llegado en poco más de un año al mismo punto al cual llegó la de Gaviria tras dos años de fallidas negociaciones. Un hecho que parecería dejar como moraleja que entre más generosidad se le demuestre a la guerrilla, más difícil es sentarse con ella a la mesa del diálogo.
El gobierno ha interpretado así las cosas, al anunciar nuevas y más drásticas medidas para contrarrestar el accionar de la subversión. A las pocas horas de la masacre de Bajo de Osos, el Ministro de Defensa anunció que en virtud del estado de conmoción, las autoridades tipificarán los delitos de omisión de denuncia y el porte de instrumentos de comunicación, autorizarán a la fuerza pública a llevar a cabo allanamientos con orden verbal de la autoridad judicial y a interceptar comunicaciones, ofrecerán recompensas a quienes ayuden a identificar a los autores de delitos y restringirán la circulación de vehículos entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en la zona de Urabá.
Pero más allá de las medidas, el mejor termómetro para medir la inviabilidad de reanudar los diálogos fueron las palabras del Ministro de Defensa el viernes, durante un acto militar. Esguerra se refirió a los alzados en armas como "infames asesinos", "cuadrillas de ricos bandoleros" y "buitres hambrientos" entre otras crudas expresiones. Y lo que en otros tiempos hubiera sido calificado como una desatinada salida incendiaria del Mindefensa no fue en esta ocasión, para amplios sectores de la opinión, sino una fría descripción de quienes hasta hace pocas semanas eran aún considerados por el gobierno como interlocutores válidos.-

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