EL DOCUMENTO

El martes de la semana pasada, en pleno debate sobre el retiro o no de los soldados del Batallón Cazadores para permitir el inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno y las Farc, El Tiempo publicó una declaración de Alejo Vargas, vicerrector de la Universidad Nacional, según la cual "hay un documento firmado por Víctor G. Ricardo y el secretariado de las Farc, en donde se señala que para efecto (del despeje) de los cinco municipios se incluye en el concepto de fuerza pública uniformados, civiles, hombres y mujeres vinculados directamente a la línea de mando de cualquiera de las tres fuerzas, de la Policía o de los organismos de inteligencia, cualquiera que sea la naturaleza de estos últimos". La afirmación de Vargas iba en contravía de todo lo que había sostenido el gobierno, en el sentido de que no existe ningún compromiso concreto con las Farc en materia de paz distinto de producir el despeje de los cinco municipios, como en efecto se hizo. Por eso el alto comisionado para la paz tuvo que salir al otro día a negar la existencia del documento. En declaraciones para El Espectador Víctor G. Ricardo aseguró que "no hay un documento escrito en el que se hayan establecido condiciones para el proceso de paz entre el gobierno y las Farc". Y dijo enfáticamente que en ningún momento se había comprometido el gobierno a retirar los soldados del Batallón Cazadores, en San Vicente del Caguán.A los ojos de los lectores de los diarios capitalinos uno de los dos _o Vargas o Víctor G._ tenía que estar mintiendo. La verdad, sin embargo, es que los dos estaban diciendo verdades a medias. Existe, en efecto, un documento en que constan las condiciones que deben reinar en el área de despeje una vez éste sea verificado por las Farc. Y en él figura el párrafo citado por Vargas. Pero, y en eso tiene razón Víctor G., el documento no está firmado por él ni por ninguno de los miembros del secretariado de las Farc y, por lo tanto, no es un documento 'oficial' en sentido estricto. Es más, el propio comisionado le reconoció a El Espectador haber tenido en sus manos el documento. "A mí Alvaro Leyva me envió el documento, pero en ningún momento el gobierno se comprometió con él", dijo Ricardo. En resumidas cuentas, el asunto no parecería tener mayor trascendencia. Si cada uno tenía su parte de razón no habría porqué armar un debate al respecto. Pero la verdad es que el tema es mucho más delicado de lo que parece. El propio comisionado para la paz ha dicho reiteradamente que la primera etapa del despeje debe servir fundamentalmente para construir un clima de confianza entre las partes. Y según pudo establecer SEMANA, el documento en cuestión no sólo estuvo en manos de Ricardo sino también en las de las Farc, sin que ni el uno ni el otro lo hubieran rechazado. Y es por eso que, como lo reconocen muchas personas cercanas al tema, el texto del documento no regula el proceso de paz pero ha servido como guía para todos los acuerdos verbales que se han desarrollado hasta el momento. El documento, que fue escrito mucho antes de que se ordenara el despeje, contiene siete puntos. El primero, que fue el citado por Vargas, se refiere a las condiciones mismas del despeje. El segundo, al papel que asumirían los alcaldes como máximas autoridades de la zona, incluyendo el nombramiento de una policía cívica escogida entre los ciudadanos más idóneos de la comunidad. El tercero, al reordenamiento de las jurisdicciones en la zona de despeje. El cuarto, a los derechos de los ciudadanos _a los que se refirió el defensor del pueblo en su visita a 'Tirofijo'_, incluido el libre comercio y la libre movilización. El quinto, a la suspensión de los vuelos militares por la zona de despeje, sin afectar el transporte comercial. El sexto a la llamada Comisión de Acompañamiento. Y el séptimo a la verificación del despeje por parte de las Farc. De todos los puntos anteriores el único que no se ha cumplido es el primero. Y la razón más importante es que al parecer ni los altos mandos militares ni el Ministro de Defensa conocían el documento cuando le sugirieron al gobierno mantener el batallón Cazadores como sede oficial y símbolo institucional en la zona de despeje con la presencia de miembros desarmados del Ejército. Como no se había firmado nada al gobierno le pareció razonable la sugerencia y optó por mantener un grupo de soldados en labores administrativas cuidando el Batallón. Y de allí surgió el impasse que hoy tiene empantanado el comienzo del proceso de paz. Lo complicado ahora es que para el gobierno resulta muy difícil dar marcha atrás en ese tema. El argumento preferido de sus críticos es que en esta primera etapa del proceso de paz el gobierno ha entregado todo sin exigir nada a cambio por parte de la guerrilla. Y que lo único que no ha entregado es el Batallón Cazadores. Para los militares, por su parte, el tema se ha vuelto cuestión de dignidad. Todo lo cual no hace más que resaltar las dificultades del proceso. Nunca es tarde, sin embargo, para enderezar las cargas. Y en ese sentido resultan muy válidos los esfuerzos del presidente Andrés Pastrana por lograr que las Farc den nuevas muestras de voluntad en los avances del proceso de paz. Con ello, sin duda, bajarían las resistencias y estaría más cerca el momento de sentarse a conversar.