EL EFECTO DOMINO

LA TORMENTA QUE DESATO el Consejo de Estado cuando decidió anular el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligó al retiro forzoso del entonces fiscal general de la Nación Gustavo de Greiff, por haber llegado a los 65 años de edad, pareció calmarse a mediados de la semana pasada cuando el propio De Greiff dijo desde México que no estaba interesado en que le devolvieran su puesto en el ente acusador, ni mucho menos en solicitar una millonaria indemnización.
Pero todo puede haber sido solamente una calma chicha. Un día después del pronunciamiento del Embajador De Greiff, se conoció que ahora la sección quinta del Consejo de Estado tiene en sus manos el futuro del actual fiscal Alfonso Valdivieso. Posiblemente este jueves los consejeros se pronuncien sobre una demanda presentada el 8 de septiembre de 1994 por la Asociación Nacional de Abogados Litigantes -Andal-, que pretende que se declare la nulidad del nombramiento de Valdivieso, ocurrido el 26 de julio del año pasado cuando la Corte Suprema lo eligió. De acuerdo con Ernesto Amézquita, presidente honorario de Andal, "las demandas fueron presentadas debido al interés jurídico que teniamos, luego de observar que había un problema de jurisdicción y competencia que era necesario aclarar. La Corte era incompetente para haber determinado la salida del anterior fiscal Gustavo de Greiff".
Pero más allá de la pretensión de defender el espíritu de las leyes, son cada vez más insistentes los rumores de que es el narcotráfico el que quiere correrle la butaca a Alfonso Valdivieso. El primero de esos rumores surgió a finales de marzo pasado, cuando un abogado, amigo del Fiscal, estuvo en su despacho y le contó que algunos colegas suyos, que en ese momento asesoraban a miembros del cartel de Cali, le habían contado que estaba en marcha un plan para hacer lobbying ante el Consejo de Estado con el propósito de lograr que el Tribunal acogiera favorablemente las demandas presentadas contra las decisiones de la Corte Suprema. SEMANA registró esta información en la sección 'Confidencial' de su edición No. 672, y nadie la comentó ni desmintió.
Aún así, parecía absurdo y desafiaba la razón el que, en medio de los graves problemas de credibilidad internacional de las autoridades colombianas y siendo el Fiscal uno de los pocos funcionarios por quien tanto el gobierno de Estados Unidos como amplios sectores de opinión en Colombia estaban dispuestos a meter la mano al fuego, el país optara por lanzarse a la aventura de desvincularlo del cargo por cuenta de un debate de interpretación jurídica.
Sin embargo, con el paso de las semanas los rumores que se ventilaron en los pasillos del Congreso y en los cocteles de abogados comenzaron a tomar fuerza. El país se fue enterando de que ante el Consejo de Estado habían sido instauradas no menos de seis demandas encaminadas a dejar sin piso al actual Fiscal, todas ellas con argumentos diferentes, pero con más de una relación entre una y otra.
Los demandantes ganaron hace dos semanas la primera batalla, cuando el Consejo de Estado declaró nula la decisión de la Corte Suprema que llevó al retiro de De Greiff. Pero como esa primera decisión por sí sola no amenazó la continuidad de Valdivieso, la opinión creyó que el asunto no pasaría de ser un debate de juristas sin mayores consecuencias. Y es que la habilidad de los interesados en desatar este proceso parece radicar en la aplicación de una muy bien planeada estrategia, destinada a ahogar el escándalo que puede producir la salida de su cargo de quien es hoy en día el funcionario más popular del Estado (ver encuesta), en el marasmo de un debate jurídico aparentemente libre de los oscuros intereses que podrían ocultarse tras el lobbying que algunos han denunciado existe en el Congreso y el Consejo de Estado. Algo que aparentemente funcionó a la hora de la primera demanda, pero que empieza a despertar desconfianza a medida que se aproximan nuevas decisiones del Consejo de Estado que podrían, esas sí, descabezar al Fiscal.
Lo anterior puede estar más cerca que lejos. Expertos en derecho administrativo que fueron consultados por SEMANA señalaron que una vez producido el fallo del Consejo de Estado que anuló la salida de De Greiff, las demás demandas, y en especial la que solicita la nulidad de la elección de Valdivieso, tienen buenas posibilidades de ser falladas en favor de los demandantes. La razón de esta interpretación es muy sencilla. "Una vez fallada la demanda principal, las demás, que son independientes pero que tienen que ver con el mismo caso, por lógica juridica serán decididas en favor de los demandantes. Si De Greiff nunca debió haberse ido, Valdivieso nunca debió haber llegado", señaló uno de los juristas consultados.

LA OLLA PODRIDA
Si Valdivieso se tiene que ir, su salida ocurrirá en un momento muy inoportuno. Como lo dijo el prestigioso abogado penalista Antonio José Cancino en febrero pasado, "Valdivieso empezó a reorganizar con éxito a una Fiscalía desorganizada administrativamente, sin rumbo definido, con una política de sometimiento resquebrajada y con unos funcionarios totalmente desacreditados".
¿Por qué el interés de las organizaciones del narcotráfico y de muchos abogados vinculados a estos y otros procesos en hacer lobbying para tumbar al Fiscal? Las razones saltan a la vista. A finales de febrero quedó en firme el llamamiento a juicio de Miguel Rodríguez Orejuela por parte de la Fiscalía. Era la primera vez que el ente acusador consolidaba un expediente contra uno de los cabecillas del cartel de Cali y lo ponía a las puertas de una condena que funcionarios judiciales calculan estaría en alrededor de los 12 años de cárcel.
Otra de las razones por las cuales Valdivieso se ha ido convirtiendo en un funcionario incómodo para los intereses de las organizaciones del narcotráfico tiene que ver con la decisión que tomó hace algunos meses en lo referente a las reuniones de funcionarios de la Fiscalía con los emisarios del cartel de Cali. A diferencia de su antecesor, quien manejó personalmente esas conversaciones, las mismas que luego se prestaron para todo tipo de interpretaciones y discusiones, Valdivieso sacó de su oficina esos contactos para evitar un desgaste innecesario y nombró un funcionario de su mayor confianza para tan difícil tarea. Esta situación llevó a algunos políticos que habían estado intrigando en tiempos de De Greiff por una salida negociada al caso del cartel de Cali, a dejar entrever en los pasillos del Congreso que Valdivieso, a quien acusan de inflexible e intransigente, estaba torpedeando la política de sometimiento a la justicia y de paso obstaculizando la entrega del cartel de Cali. Algunos, inclusive, llegaron a señalar que el actual Fiscal estaba prevaricando y que primaban sus intereses personales por encima de los del país.
Pero Valdivieso no sólo se volvió incómodo por su actitud frente a los carteles de la droga. También, y mucho, por las decisiones administrativas que tomó para enderezar a la Fiscalía, entidad que se había convertido en una olla podrida. Su cuerpo técnico, creado para apoyar a los fiscales en las labores investigativas, estaba penetrado por delincuentes de todos los pelambres. A nivel de mandos medios había un total aislamiento y los procesos pasaban de mano en mano sin ningún tipo de control, a tal punto que muchos de ellos se extraviaron o fueron robados. A nivel regional las cosas no marchaban nada bien. En el caso específico de Cali, los procesos que allí se adelantaban contra miembros del cartel estaban paralizados y nadie daba razón de ellos.
Frente a esta situación, Valdivieso y su equipo comenzaron a hacer sentir la mano dura. En los ocho meses que lleva de gestión las cosas han cambiado. Cerca de 2.000 empleados han sido retirados por diversas razones. Las dos principales: corrupción e ineficiencia en sus labores. Igualmente la administración comenzó a trabajar en un reordenamiento interno para crear una infraestructura jerárquica que antes no existía y evitar que todos los problemas reboten en la oficina del Fiscal General.
Pero los cambios más fuertes se dieron en la parte penal. El primero de ellos fue la fijación de criterios claros en la aplicación de las normas de la política de sometimiento a la justicia. Se acabó la concesión de beneficios por confesión y delación basadas en el principio de penas mínimas y rebajas máximas. El otorgamiento de esas rebajas quedó centralizado en la Dirección General de Fiscalías y todos los fiscales deben consultar con esa oficina las rebajas que van a proponerle al juez.
Al mismo tiempo Valdivieso le metió la mano a los procesos adelantados por la fiscalía regional de Medellín contra los jefes terroristas del cartel paisa. En una medida que causó más de un escozor el Fiscal ordenó la revisión de las confesiones hechas por Carlos Mario Alzate Urquijo, alias 'Arete', y varios de sus compañeros del ala militar que trabajaba para Pablo Escobar.
Otro frente en el que Valdivieso puso todo su empeño fue en la reorganización de la fiscalía regional de Cali. Allí fueron trasladados varios de los fiscales y se nombró un nuevo equipo de trabajo. Igualmente, los procesos que se adelantaban en esa ciudad contra los cabecillas del cartel fueron enviados a Bogotá, donde un equipo de 12 fiscales sin rostro comenzó a revisarlos y producir resultados. En pocos meses se consolidó el primer proceso contra Miguel Rodríguez.
Todo esto para no hablar de la gran cantidad de reacciones adversas que desató en la clase política el conjunto de sus decisiones en los casos de Eduardo Mestre, Alberto Giraldo, David Turbay y siete congresistas liberales. Por cuenta de ello, a las demandas de tipo jurídico contra la elección de Valdivieso se sumaron en las últimas semanas toda clase de cuestionamientos destinados a minar la credibilidad del Fiscal, quien fue acusado de pantallero por unos y de revanchista por otros.

¿QUIEN GANA?
Pero según algunos abogados bien enterados de la forma como el complot contra Valdivieso se está moviendo, lo que buscan quienes desean tumbarlo no es sólo sacarlo de la Fiscalía, sino a la larga, desencadenar un proceso de nuevas demandas contra las decisiones penales y administrativas tomadas por la Fiscalía durante su gestión.
Aunque por ahora es claro que si la decisión del Consejo Estado es favorable a la demanda presentada por Andal, ella sólo implicará la salida de Valdivieso de su cargo y que las decisiones administrativas y penales tomadas por el Fiscal en estos meses no perderán vigencia Jurídica de manera automática.
Expertos en derecho administrativo no descartan que a partir de la salida de Valdivieso se cree una especie de inseguridad jurídica en el país, porque todas sus decisiones podrían ser demandadas ante el Consejo de Estado.
Esta cascada de demandas podría generar lo que se llama el efecto dominó, que no es otra cosa que el derrumbe como un castillo de naipes de todas las medidas adoptadas por el ente acusador, en cabeza del Fiscal, durante los últimos ocho meses. Algo en principio bastante absurdo. Tanto como la posibilidad -para algunos bastante inminente- de que se caiga la elección de Valdivieso.
Como le explicó a SEMANA un ex consejero de Estado: "Aceptemos, en gracia de discusión, que la Corte Suprema se equivocó al definir el retiro de De Greiff. Pero la decisión que luego tomó de elegir a Valdivieso fue adoptada bajo la presunción de que era legal la primera que implicó el retiro de De Greiff. Si ahora se desconoce ese principio de presunción de legalidad entonces bien se podría desconocer todo de ahí para adelante, es decir, todas las decisiones adoptadas por Valdivieso en el tiempo que lleva como Fiscal". En esto hay divergencia de opiniones entre los especialistas. Un abogado litigante le dijo a SEMANA que "esto es ridículo, esas decisiones no se pueden venir al suelo porque resulte nula la elección de Valdivieso". Pero a pesar de esta última opinión, la verdad es que la capacidad de sorpresa del país ante ciertas decisiones de los altos tribunales hace rato que se copó. Y el solo hecho de que exista un riesgo de que se presente esta cadena de demandas y nulidades, obliga a seguir muy de cerca de ahora en adelante las decisiones del Consejo de Estado.
De llegar a producirse, este efecto dominó le vendría muy bien a los carteles del narcotráfico y a algunos de los acusados por casos de corrupción. Pero curiosamente, aunque esos dos grupos de delincuentes serían de carambola los grandes ganadores de una decisión en contra del Fiscal, no serían los principales. Aunque parezca extraño, muchos creen que el gran ganador sería el propio Valdivieso. Primero, porque saldría al ruedo con una popularidad única y podría, si así lo deseara, entrar al abanico de presidenciables impulsado por el respaldo adicional que le daría la sensación que quedaría entre la gente de que no dejaron hacer su trabajo al hombre que se estaba enfrentando a los carteles y a la corrupción. Segundo, porque al dejar el cargo ya no estaría obligado a demostrar que tuvo razón al dictar las medidas en contra de dirigentes liberales hace algunas semanas.
Pero independientemente del provecho que Valdivieso podría sacarle a su retiro forzado, lo cierto es que el gran perdedor sería el país. En el exterior, incluso quienes han rechazado las posturas fundamentalistas del senador Jesse Helms en el sentido de que Colombia es una narcodemocracia, comenzarían a alinearse de su lado. Y en el propio territorio nacional, quienes han visto hasta ahora en Valdivieso una especie de última esperanza de salvación para la Justicia, comenzarían a pensar que llegó la hora del 'apaga y vámonos'.